En los meses de verano, un pequeño grupo de dueños de hosterías, cabañas y casas de comida de la zona exigieron a las autoridades del pueblo la intervención policial y municipal para barrer del pueblo a los "indeseables mochileros" que, según su decir, toman y fuman marihuana en la plaza y acampan libremente a orillas de los ríos. Reforzaron, entonces, la presencia policial con efectivos de Cruz del Eje. El resultado: detenciones diarias de turistas y vecinos del pueblo amparados en el represivo Código de Faltas de la provincia de Córdoba, varios de los cuales pasaron varios días en la comisaría de Cruz del Eje. Razzias realizadas por policía antinarcóticos estrenando la Ley Antidrogas provincial aprobada en diciembre, que al estilo del Proceso abrieron las mochilas de los turistas que bajaban de los micros para requisar "droga", llevando detenidos a los que les encontraban marihuana. Varios allanamientos en casas de vecinos del pueblo, de los que participaron policías de civil con varios autos, producto de "denuncias" que los acusaban de venta de droga, en dos casos se los imputó por tenencia simple de marihuana. Y hasta acciones parapoliciales nocturnas de las que participaron "ciertos vecinos" que a rebencazos destrozaron carpas y amedrentaron a turistas que acampaban libremente a orillas del río.

¿Qué buscan con estas acciones? Según los dichos de este pequeño grupo: cambiar la fisonomía del turismo, orientarlo hacia el turismo consumidor de las "4×4". Y un par de políticos con apetencias de poder fogonearon las protestas y avalaron la formación de una comisión de la cual también participan el comisario, el fiscal de Cruz del Eje y el actual intendente. Lo que parece que no tiene muy claro el grupo (o tal vez sea el verdadero proyecto turístico que quieren imponer) es que la propuesta turística para los sectores de mayor poder adquisitivo es el que ya se está instalando en varios lugares de Córdoba, como Río Ceballos, La Falda, Carlos Paz y muchos en carpeta, y consiste en hoteles caros, casinos y "slots": salas de tragamonedas, que ya fueron instalados en cerca de veinte ciudades y pueblos de la provincia, y aún quedarían más de 2.000 por instalar. Este proyecto es el que trae de la mano el verdadero narcotráfico, pero también la prostitución y la delincuencia. Los emprendimientos de medio pelo que hoy quiere defender el grupo "antimochileros" quedaría liquidados y, a su vez, la gente del pueblo sería mano de obra asalariada y empobrecida por el juego.

La mayoría del pueblo se opone al cambio de fisonomía de San Marcos Sierras e intenta organizarse contra la escalada represiva: tuvo una activa intervención en las asambleas convocadas en la plaza como también en la firma de petitorios y movilizaciones a la comisaría a liberar a los detenidos, y a la Municipalidad y al Concejo Deliberante local para rechazar el proyecto.