A mediados de septiembre, Sebastián Carrillo, de apenas 27 años, fue asesinado por una bala que ingresó a su casa en medio de un tiroteo entre bandas narco en José León Suárez.

El viernes 19 de septiembre, familiares, amigos y compañeros de Sebastián encabezaron una movilización que marchó desde la plaza Alem hasta la plaza San Martín, levantando el reclamo de justicia.

El jueves 26 de septiembre, el gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció la intervención de dos comisarías en San Martín —la 4ª de José León Suárez y la 5ª de Billinghurst—, junto con la remoción de sus cúpulas y el desplazamiento de todo el personal. La medida se dio en paralelo a la detención del supuesto autor material del crimen. La respuesta inmediata es una respuesta a la movilización y un alivio para la familia y compañeros que anhelan justicia por la vida arrebatada. Pero su función política no es terminar con el entramado mafioso que domina Suárez, sino un intento de mostrar respuestas rápidas frente a la indignación popular que señala al Estado como el gran responsable.

Cambiar algo para que nada cambie

La 4ª de Suárez y la 5ª de Billinghurst acumulan al menos cuatro intervenciones/remociones de cúpulas en 14 años (2011, 2012, 2022, 2025). Cada “purga” prometió limpiar la comisaría; ninguna alteró su funcionamiento: una cueva de recaudación ilegal, receptora de sobres de los narcos y garante de zonas liberadas en los barrios populares. El operativo relámpago no busca justicia real, sino cerrar el caso con golpes de efecto mediáticos: interviniendo una comisaría durante unos días, mientras el entramado de connivencia entre narcos, policías, jueces y punteros sigue intacto.

Cambios superficiales para mantener intacto el orden social de fondo. Nada cambia en un sistema donde las fuerzas de seguridad son parte del negocio, donde los intendentes administran territorios con punteros vinculados, y donde la justicia deja caer causas sensibles o nunca avanza contra las redes de crimen organizado. El gobernador Axel Kicillof y compañía pretenden desprenderse de la responsabilidad separando a un grupo de policías involucrados en los hechos. La policía no actúa si no es con órdenes desde arriba. Es necesario apuntar a la cabeza: la cúpula de la Bonaerense y el propio Kicillof.

Triple femicidio, y las mujeres como víctimas particulares del mismo entramado

Nada expone mejor la barbarie del régimen narco-estatal que lo ocurrido esta semana en Florencio Varela: el triple femicidio de Lara, Brenda y Morena. Las redes narco, la explotación sexual de las mujeres y los femicidios aparecen entrelazados bajo el amparo del poder político y con la connivencia policial como regla. A esto se suma la ofensiva mediática que intentó desviar la atención, estigmatizando a las víctimas y hurgando en su vida personal en lugar de señalar a las instituciones responsables.

El triple femicidio provocó movilizaciones y cortes en todo el país. La bronca del movimiento de mujeres y del pueblo trabajador puso en primer plano lo que el poder busca ocultar: que la violencia que sufren las mujeres, la juventud y los sectores populares no es un fenómeno aislado, sino el resultado de un entramado criminal protegido por el Estado.

El mismo circuito de connivencia que se cobró la vida de Sebastián en San Martín es el que permitió el femicidio de Lara, Brenda y Morena. En ambos casos, el Estado no es la solución: es parte del problema.

Responsables políticos: del peronismo a Milei

No alcanza con señalar a las comisarías podridas ni a los narcos de turno: hay que ir al fondo, a la responsabilidad política. El presidente Javier Milei niega la existencia misma de los femicidios, gobierna con la misma casta de siempre que nunca enfrentó al narcotráfico —con Patricia Bullrich como símbolo de esa continuidad—, y ataca a las organizaciones sociales que son muchas veces las que salvan a los pibes de ser reclutados como soldados por las bandas.

Mientras tanto, habilita un blanqueo de capitales que permite lavar dinero sin exigir el origen de los fondos, un favor directo para los narcos. Su mensaje es claro: “no importa de dónde vienen los dólares”.

Pero también hay que ser categóricos frente al peronismo, el gobierno provincial de Kicillof y su ministro de Seguridad Javier Alonso, que conducen a una policía bonaerense podrida hasta la médula. El peronismo gobernó la provincia de Buenos Aires durante 34 de los últimos 38 años. Y San Martín, desde 2011, está bajo el mismo sello político: primero con Katopodis, ahora con Moreira. Durante décadas, estos gobiernos convivieron con las redes narco y las zonas liberadas, porque la policía y los punteros son parte de su engranaje de poder.

En San Martín y en todo el país, las zonas liberadas son un negocio compartido por policías, funcionarios y bandas criminales. Que hoy Kicillof o Katopodis publiquen tweets de condolencia o mensajes “contra la violencia” no cambia nada: son ellos parte de quienes garantizan este régimen de complicidad, ellos quienes sostienen a la Bonaerense y administran los barrios bajo la sombra de los narcos.

Las mujeres trabajadoras, la juventud y los sectores populares somos los principales rehenes de esta violencia, y los únicos que podemos ponerle un fin. Pasa por la organización independiente de los trabajadores, las mujeres y la juventud, para imponer una respuesta de fondo: desmantelar el aparato represivo y terminar con la complicidad estatal con el narcotráfico y la trata. La movilización de este sábado contra el triple femicidio debe transformarse en un canal de organización independiente, para enfrentar los femicidios, la violencia hacia las mujeres y al propio narco-Estado que somete a los barrios populares.