Luego de la campaña del intendente a favor de perpetuar el aborto clandestino, y de haber votado en mayo en el Concejo Deliberante un proyecto para declarar al Municipio a favor del “compromiso con la vida en todas sus etapas”, se ha dado a conocer la negativa del Hospital Municipal Larcade a entregar preservativos en forma gratuita, como lo establece la ley 25.673. Una vecina que se presentó a solicitarlos recibió como respuesta que debía sacar un turno con un ginecólogo –el cual se le ofreció para un mes después– y que debía presentar una receta para solicitar preservativos (Clarín zonal, 29/9). Ante las denuncias de esta situación, el municipio ha respondido que la distribución de los anticonceptivos corresponde a los centros periféricos de salud, pero estos tampoco llegan a los mismos.

Municipio anti-derechos

Son múltiples las denuncias contra el intendente de San Miguel –distrito gobernado por el PRO– por sus ataques a los derechos de las mujeres.

Antes de la votación en el Senado de la ley por la legalización del aborto, el intendente Jaime Méndez, el ex intendente –y actual funcionario de la provincia–, Joaquín de la Torre, el director de la escuela Juana Manso –la secundaria más importantes del distrito– y el Arzobispo realizaron una intensa campaña en contra del derecho a decidir, desde los organismos del estado.

Pablo de la Torre, secretario de Salud y Bienestar Familiar, salió en los medios locales a condenar la lucha por el aborto, negando el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos incluso en caso de violaciones.

 

El 23 de agosto dos trabajadoras del primer nivel de atención de la Secretaría de Salud y Bienestar Familiar del distrito fueron despedidas. La trabajadora social Cecilia Ayala, con tres años de antigüedad en el Centro de Salud “Dra. Marta Antoniazzi” del Barrio Sarmiento, y la obstétrica Carina Luchetti, del Centro de Salud “Cándido Castelo” de Barrio Cuartel II, con 14 años de antigüedad, fueron despedidas por reivindicar la lucha de las mujeres.

Para el subsecretario de salud del distrito, Diego Lambert, el despido de Cecilia Ayala se debió, según dijo habían evaluado las autoridades, a que la profesional no estaba “a favor de la vida”. Ocurrió luego de que la senadora María Belén Tapia (del bloque de Cambiemos y que votó en contra de la legalización del aborto) realizara una recorrida por el centro de salud y observara un cartel que decía “NI UNA MENOS, VIVAS NOS QUEREMOS”.

En el caso de Carina Luchetti, fue despedida luego de realizar reiteradas denuncias de violencia obstétrica.

El ataque sistemático y la negación a los derechos básicos, como son la obtención de anticonceptivos, es el correlato a la extensa campaña clerical que se está desarrollando en estos momentos por parte de los grupos pro-aborto clandestino contra el acceso a la Educación Sexual Integral. El poder político se ha arrodillado ante los sectores oscurantistas que le ofrecen “contención social” en el marco de la crisis, a costa de arrojar a las mujeres y a la sociedad en su conjunto a la maternidad forzada, el aborto clandestino y la exposición a enfermedades de transmisión sexual de todo tipo. Cuando ya son varias las denuncias de hospitales de los incrementos de enfermedades venéreas tales como sífilis o gonorrea, más necesaria se hace la distribución gratuita de anticonceptivos entre la población, especialmente la juventud.

Esta política persecutoria da cuenta de la enorme importancia que ha adquirido la lucha por la separación de la Iglesia del Estado. Debemos profundizar la organización de las mujeres para darle continuidad a la lucha por el aborto legal de la mano de la consulta popular vinculante, por educación sexual laica y científica en todos los niveles educativos, y la entrega de anticonceptivos gratuitos y acordes.

Aborto legal para no morir. Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Separación YA de la iglesia del estado.