En estos días se conoció un fallo que decretó la “nulidad” del acuerdo firmado en pandemia por el cual 220 trabajadores del yacimiento de oro y plata San José (en el noroeste de la provincia de Santa Cruz, explotado por la multinacional McEwen Mining) vieron reducidos sus salarios por las suspensiones aplicadas en la pandemia, a través de un acuerdo entre la empresa y Aoma (Asociación Obrera Minera Argentina), que en agosto de 2020 fue homologado por el Ministerio de Trabajo de Santa Cruz.

Recuerdan los jueces del Tribunal que el decreto 297/20 del presidente Fernández, establecía el goce íntegro de haberes en caso de suspensiones de aquellos trabajadores que no se considerasen “esenciales”. En cambio el Acuerdo (ahora anulado) establecía el cobro de una suma “no remunerativa” equivalente al 75% del salario habitual y fue utilizado para presionar a “retiros voluntarios” a muchos trabajadores a los que la empresa prefería desvincular por ser los de mayor antigüedad en la empresa. El fallo sostiene el principio de “irrenunciabilidad” del Art. 12 de la Ley de Contrato de Trabajo. Vale decir que un dirigente sindical no puede acordar la rebaja salarial de los trabajadores que representa (mucho menos sin su consentimiento). Solo puede firmar mejoras. El salario es intangible.

El Acuerdo anulado era además discriminatorio ya que la minera nunca paró en pandemia. Se limitó a suspender a estos 220 trabajadores, buena parte de los cuales fueron luego desvinculados.

La empresa deberá pagar indemnizaciones, diferencias salariales y multas, como resultado de este fallo que, aunque fue apelado ante la Corte, debe ser puesto en práctica.

¿Quién es Javier Castro el firmante de esta entregada?

Javier Castro dirige Aoma en Santa Cruz desde hace 20 años y es un hombre de las corporaciones mineras. Ahora después de algunos fracasos anteriores, saltó a la política con la candidatura a la vicegobernación acompañando a uno de los candidatos estrella del kirchnerismo para la gobernación, en las elecciones del 13 de agosto, Pablo Grasso, actual intendente de Río Gallegos.

Los Kirchner gobiernan Santa Cruz hace 32 años, y han sido los introductores de la megaminería en la provincia. En caso de llegar Castro al poder las corporaciones se incorporarán al gobierno. No será la primera vez ya que durante varios años el jefe de Gabinete de Alicia Kirchner fue Leonardo Álvarez, un transportista y contratista de las mineras que se enriqueció en forma meteórica.

Hace un año Castro colaboró con la empresa Yamana Gold que explotaba el yacimiento de Cerro Moro, para desconocer las asambleas de los trabajadores que llevaron adelante una medida de fuerza y facilitar un despido encubierto de 30 obreros, entre ellos dos delegados gremiales de la propia Aoma, que están suspendidos con goce de haberes mientras se tramita en sede judicial un pedido de desafuero de la empresa y un reclamo de reincorporación de los trabajadores suspendidos con el concurso de la propia conducción sindical.

Si fuera poco ha sido notoria la inacción de Castro ante el reclamo vital para los mineros de anular el impuesto a las ganancias sobre los salarios.

Ya metido en campaña la primera declaración de Castro ha sido para atacar a los docentes en huelga en Santa Cruz a quienes acusó de realizar un “paro politizado”.

De esta clase de elementos antiobreros y agentes del gran capital se nutre el kirchnerismo en su terruño.

A los reclamos de los maestros y de los mineros, los apoya el Partido Obrero que con Gabriel Solano como candidato a presidente y Juan Valentín como candidato a gobernador se ha lanzado a la campaña electoral para enfrentar a los candidatos de la patronal, en el marco del Frente de Izquierda Unidad.

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