En una nota reciente del diario La Opinión Austral, se conoció un informe del Ministerio de Trabajo de Santa Cruz donde se destaca que la provincia está entra las 10 que “más creció el empleo”.

Según Daniel Schteingart, el director del Centro de Estudios para la Producción, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, Santa Cruz creció un 5,4% en la generación de empleo del sector privado, ligado principalmente al rubro de la minera y proveedores asociados (LOA, 15/01). Sin embargo, varias organizaciones de desocupados, entre ellas el Polo Obrero, solo han recibido como respuesta del gobierno provincial promesas de puestos de trabajo que nunca llegan.

Tal ha sido la adaptación del kirchnerismo a las exigencias de la megaminería contaminante que en 20 años se ha convertido en la principal provincia exportadora de minerales del país (particularmente de oro y plata). Según Schteingart, “un dato poco conocido a nivel nacional es que Santa Cruz es la provincia más minera del país actualmente, con el 50% de las exportaciones mineras y el 33% del PBI minero nacional”. Una realidad que contrasta de lleno con el crecimiento y proliferación de organizaciones de desocupados, con los salarios de los trabajadores dependientes del Estado provincial muy por debajo de la línea de pobreza, con hospitales que no cubren las necesidades básicas de salud (sobre todo en las localidades cercanas a las mineras, caso Puerto San Julián, Gobernador Gregores, Puerto Deseado, Perito Moreno o Los Antiguos) y ni hablar del derrumbe educativo en materia de infraestructura.

La conclusión de la nota, que muestra a Chubut entre una de las dos provincias donde cae el empleo formal, apunta a reforzar la idea de avanzar en la explotación minera en una provincia donde el levantamiento popular ha sido un verdadero plebiscito contra una actividad que no saca de la miseria a la población de ninguna provincia y les deja un pasivo ambiental fenomenal, del cual las multinacionales no se hacen cargo al marcharse luego de depredar el medioambiente.

Es claro que esta propaganda prominera del gobierno nos permiten sacar dos conclusiones.

En primer lugar, asistimos a la entrega colonial de los recursos del pueblo a cualquier costo, para obtener dólares que irán a pagar al FMI. En este sentido el saqueo es doble, porque el recurso se explota y se fuga del país y los exiguos impuestos que se le cobran a la actividad ya están comprometidos en pago de deuda.

En segundo lugar, el gobierno es cómplice necesario de los grandes grupos económicos, razón por la cual se niega a discutir una legislación que apunte a generar trabajo genuino con salarios que cubran los costos de vida.

En este sentido, está planteada la necesidad de confluir en una lucha política organizada de ocupados y desocupados para defender una salida política a la crisis en los términos de las necesidades de la clase obrera.

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