El gobierno de Peralta ha publicado, por fin, su borrador de reforma jubilatoria provincial: el mismo impone un aumento del 2% en los aportes de los trabajadores, que se elevan del 12 al 14% en el régimen general y del 14 al 16% en el sector docente. Esto implica una rebaja salarial para los activos.

A los pasivos se les pretende imponer un “aporte solidario”, el que afectaría a las jubilaciones medias y altas, y que va en una escala del 7 al 12%, parecida a la que se aplica al impuesto a las ganancias sobre el salario. Este aporte, para todo un sector de los trabajadores, liquida el 82% vigente.

El proyecto modifica a la baja todos los cálculos del haber jubilatorio y modifica todas las reformas sobre requisitos para jubilarse; además posterga las jubilaciones o establece reducciones salariales a la hora de jubilarse, según los casos.

Ataca los derechos a jubilarse por invalidez, traba el reconocimiento de aportes en tareas insalubres o riesgosas, elimina el beneficio de los pasajes y hasta el seguro de sepelio.
Como “compensación” por parte del estado provincial, plantea el aumento de los aportes patronales al 16 y 17% (todavía muy por debajo del aporte en el sistema nacional).

A partir del conocimiento del proyecto, los Autoconvocados han profundizado la movilización, con importantes asambleas -especialmente en Caleta Olivia, las más numerosas, pero también en la cuenca carbonífera y en Río Gallegos. Varios gremios participan de este movimiento de Autoconvocados, aunque no ATE, especialmente en la capital. Las actividades callejeras, las radios abiertas y la juntada de firmas crecen cada semana. En las audiencias públicas, las autoridades se quedan solas, enfrentadas con un público crítico; los punteros políticos no hablan para defender al gobierno. La Federación de municipales, que parecía ser un bastión de la defensa de esta reforma, ha comenzado a tomar distancia.

El programa de los Autoconvocados es muy simple: no a la reforma; defensa integral de los derechos jubilatorios; sí al aumento del aporte patronal; blanqueo de todos los contratados, monotributistas y trabajadores “tercerizados” en negro de la administración pública provincial y los municipios; impuesto de emergencia a las petroleras y mineras para solventar los gastos sociales del presupuesto provincial.

La batalla de las jubilaciones se va a librar en agosto y septiembre. El Congreso de Adosac ha votado un paro provincial sin fecha para defender los derechos jubilatorios, entre otros reclamos.