Políticas

30/7/2009|1093

Santa Cruz: la crisis política llegó para quedarse

Desde las elecciones los acontecimientos se desarrollan vertiginosamente en la provincia.
El intento de establecer por ley un fideicomiso con el Banco de Santa Cruz, para financiar el “rojo” del presupuesto, fracasó por la movilización popular y por las contradicciones del propio gobierno. La firmeza del activismo que bloqueó la Cámara contrastó con la orientación de la UCR de permitir la sesión. El método de la acción directa superó al parlamentario y transformó en un triunfo popular lo que hubiera sido una segura derrota en la sesión.

Luego de varios días y después de la renuncia del Banco Santa Cruz a participar del fideicomiso, parecía que Kirchner había sellado la suerte de Peralta. Sin embargo, no hay recambios a la vista y ambas fracciones del poder K en la provincia, han debido postergar un desenlace. Ahora se estaría construyendo un operativo de salvataje financiero, con fondos que provendrían del Banco Nación.

Esta operación se está llevando adelante sin aprobación parlamentaria, como otra ya realizada con la misma entidad, por más de 400 millones y que salió a la luz con la fracasada sesión del 13 de julio.

Peralta ha solicitado a De Vido que se mantenga el ritmo de algunas obras públicas que dependen de fondos nacionales.

En medio del tambaleo de Peralta, desde el resucitado Acevedo (que proclama su simpatía por Solanas) hasta el Encuentro Ciudadano se ofrecieron a apoyar a Peralta en la supuesta batalla contra Néstor y Cristina.

Por su parte, Costa dio declaraciones a medios nacionales para encubrir las fechorías de Kirchner (y de las suyas propias). Es que Costa no denunció a Kirchner por la compra de terrenos a precio vil en Calafate, porque él mismo fue beneficiario de esta maniobra, no sólo en Calafate sino en Pico Truncado, Caleta Olivia y otras localidades.

La familia Costa ha formado parte de la patria contratista santacruceña y su “vocación” política sólo se conoció luego del fracaso de su empresa (asociada a un grupo de EEUU), en obtener áreas petroleras provinciales, que el gobierno direccionó hacia sus amigos más directos: Cristóbal López y Lázaro Báez.

Los contratos de prospección de uranio que posee una empresa de Costa, cerca de Las Heras, datan de hace unos 15 años cuando muchos intereses se entremezclaban con la camarilla K.

Desmantelar el Estado kirchnerista

Desde 1991, Kirchner ha ido moldeando el Estado santacruceño al servicio de la camarilla de aventureros que más tarde llegó al gobierno nacional.

En primer lugar, amplió el Tribunal Superior de Justicia (al más puro estilo menemista) para asegurarse una mayoría que luego fue consolidando con la designación de jueces adictos y un consejo de la magistratura.

Esto le aseguró impunidad para manipular los fondos de Santa Cruz, en el exterior, durante muchos años.

La impunidad se extendió luego a todo el manejo del presupuesto provincial, a la brutalidad de su policía y a casos como el de Varizat.

En el plano de las privatizaciones fue el gestor (con la complicidad radical) de la privatización del 51% del Banco Provincia, y acompañó todas las privatizaciones menemistas especialmente en el petróleo y el gas, así también como en la minería donde introdujo una asociación estatal por medio de Fomicruz con algunas empresas.

Las reformas políticas más restrictivas (con alguna forma de complicidad radical) fueron la combinación del sistema de diputados por pueblo con la ley de lemas, lo cual le ha venido asegurando holgadísimas mayorías en la Cámara de Diputados (22 a 2 – 20 a 4) que no tienen ninguna relación con los porcentajes de votos obtenidos por el PJ-FVS.

A la ley de lemas se le agregó la falsificación de los avales para legalizar sublemas, lo que derivó en un escándalo mayúsculo en 2007. Tampoco vacilaron en aplicar mecanismos de fraude directo como la falsificación de documentos en Pico Truncado en 2007.

El acceso al poder nacional en 2003, generó dos nuevas situaciones:

a) La emergencia de gobiernos “títeres” dependientes del poder nacional y de la persona de Kirchner, ninguno de los cuales ha logrado completar mandatos.

b) La multiplicación a escala colosal de los negociados con la obra pública en la provincia, que han creado verdaderos emporios de empresarios amigos o testaferros.

Mientras Kirchner mantuvo el poder gobernó con mano dura, atacó conquistas a través del pago en negro, de los presentismos, de los contratos eternos en negro en el Estado y, en momentos de crisis, de recortes directos del salario.

Sus sucesores no pudieron contener la ola de reclamos que se desató y sucumbieron en parte por las presiones de la camarilla y sobre todo por la movilización popular, desde los movimientos de desocupados, pasando por la huelga petrolera de las Heras en 2006 y la gran rebelión docente y popular de 2007.

Las elecciones del 28 de junio han puesto en crisis a este Estado al servicio de una camarilla. Han quedado planteadas objetivamente tareas esenciales para desmantelar el régimen kirchnerista:

1. Expropiar sin indemnización los grandes contratistas de obras públicas y organizar una empresa provincial, que asegure trabajo y estabilidad laboral y que sea gestionada por los propios trabajadores y técnicos.

2. Investigar por medio de una comisión popular independiente, los bienes personales de los contratistas, testaferros y miembros del clan Kirchner, a efectos de recuperar los bienes malhabidos para el Estado, especialmente los fondos en el exterior y los terrenos de Calafate.

3. Colocar en comisión a todos los jueces, y que sean elegidos por voto universal y con mandato acotado de tiempo.

4. Abolir la ley de lemas y el sistema de diputados por pueblo, para asegurar la elección directa y proporcional de todos los cargos, así como establecer mecanismos reales de revocabilidad de los mandatos.

5. Desmantelar los aparatos represivos de la policía provincial.

6. Reestatizar el Banco Santa Cruz, sin indemnización y colocarlo bajo control de los propios trabajadores.

7. Caducar los contratos de áreas petroleras, mineras y permisos de pesca, estatizando las instalaciones sin indemnización para colocar las actividades extractivas bajo la gestión obrera.

Con este programa de conjunto le damos una salida de conjunto a la crisis política. Además planteamos el aumento salarial acorde a la canasta familiar, la anulación de los tarifazos y la prohibición de las suspensiones y despidos, abriendo innumerables puestos de trabajo para la remediación y el desarrollo ambiental.

Miguel Del Plá