El martes 27 de diciembre ingresaba en la Legislatura santacruceña un paquete de leyes que incluían la declaración de la "emergen-cia económica", con la eliminación de los principales derechos jubilatorios de los estatales provinciales. En su discurso, el gobernador Daniel Peralta atacó por enésima vez a las huelgas docente y petrolera, a las que pretende responsabilizar por el descalabro financiero de la provincia.

El proyecto oficial eleva la edad jubilatoria a 60 y 65 años e impone un aumento en los aportes personales del 3 al 5% y un aporte especial que deberían pagar los jubilados, que iría del 4 al 17% según las escalas. Se pretende eliminar la movilidad basada en el salario de los trabajadores en actividad, para reemplazarla por un ajuste semestral atado a las finanzas de la Caja de Previsión; a su vez, se coloca piso de edad a la jubilación docente. También hace desaparecer el 82% inicial, para reemplazarlo por un porcentual variable y siempre inferior al 82%. En resumen: un ataque en regla a los trabajadores y jubilados.

La "emergencia" suspende también las paritarias y establece el pago de todas las deudas del Estado con proveedores con un bono a cuatro años.

Reacción

El peso de las jomadas de lucha lo llevaron en primer lugar los municipales, pero también contingentes de Luz y Fuerza y grupos de vialidad, además de los docentes y gremios de la CTA, y compañeros de Atsa, UPCN y Apap. Fue notable la presencia de jubilados, y hasta la oficialista vocal que los representa en la Caja de Previsión se hizo presente en el bloqueo a la Cámara. La magnitud del ajuste colocó en crisis a las burocracias más oficialistas.

Mientras el gobernador reunía a los intendentes y diputados de su bloque, el miércoles 28 ya se había instalado el acampe ante la Legislatura. La policía había fracasado en su primer intento de vallar el edificio.

En la madrugada del jueves 29, los camiones de residuos descargaban varias toneladas de basura en la esquina y el frente de la Cá-mara. Los trabajadores organizamos los piquetes para bloquear los accesos. Comenzaron las maniobras y las escaramuzas con la policía. El vicegobernador Cotillo ingresó disfrazado de policía, y un grupo de legisladores intentó hacerlo por una de las puertas laterales, hasta que los manifestantes retomaron el control de ese sector. El humo de las cubiertas y de la basura fue planteando la densidad de una jomada que hacia el mediodía acarreó los primeros heridos. Como los trabajadores resistimos, la policía se ensañó en persecuciones a grupos. Llegó a tirar bombas de gas adentro del sindicato de personal legislativo y en las puertas del Soem. A dos compañeros municipales los molieron a golpes en la comisaría. Otro compañero fue atacado por los perros policiales. Frente a la Legislatura, mientras agitaban banderas del Frente para la Victoria, los empleados de Luz y Fuerza gritaban "que se vayan todos". Más temprano y del otro lado de la manzana, habían sido los municipales los que entonaban ese estribillo.

En Caleta Olivia, más de 500 personas se movilizaron, en una convocatoria donde se destacó la bandera y la presencia del PO.

Por la tarde, Cotillo anunciaba que se suspendía la sesión por "falta de garantías", en una Cámara que no tenía ni luz, ni empleados, ni quorum para sesionar. El vicegobernador también pretendió despegarse del ajuste, alegando que "él no había sido consultado". La guerra interna estallaba, y seguiría con la renuncia de los ministros de La Cámpora. Otros diputados del PJ, sin embargo, repudiaban a La Cámpora por su duplicidad, acusándolos de haber sido los principales impulsores del proyecto fracasado y de su aprobación a libro cerrado.

En la mañana del 30, un diputado del PJ entregó un acta a los gremios en la sede de la Legislatura, con un compromiso de no tratar estas leyes hasta marzo y de habilitar una "mesa de diálogo con los gremios estatales". Sin embargo, el acta no plantea en ningún momento el retiro de los proyectos, que es la principal exigencia de la movilización obrera.

Todos los comentarios apuntan a denunciar las maniobras golpistas de La Cámpora. Pero tanto el ajuste como el golpe fueron armados desde la Casa Rosada, y no está dicha la última palabra sobre la suerte del gobernador. En cualquier caso, fue una intervención obrera y popular decidida -que los ajustadores no esperaban- lo que impidió la aprobación del paquete.

Desde el Partido Obrero, que estuvo en la primera fila de la lucha, con un compañero herido en la cabeza, hemos reclamado la continuidad del plan de lucha hasta la anulación del paquetazo de ajuste. El triunfo obtenido abre una posibilidad de enfrentar, en condiciones mucho mejores, estas medidas que, de todas maneras, buscarán implementar más adelante. La rebelión contra el ajuste puso de manifiesto el dinamismo del movimiento obrero santacruceño, así como la profundidad de la crisis de poder que se desarrolla en la provincia.