Las mediciones del Indec en el 2° semestre de 2019 arrojaban 38.757 hogares y 120.667 personas bajo la línea de pobreza en Santa Cruz. Pero si tenemos en cuenta que solo se mide el aglomerado urbano de Río Gallegos; que todavía no se habían producido los 417 nuevos despidos en YCRT (Yacimientos Carboníferos de Río Turbio) y que se deja afuera al poblado flanco norte de la provincia, la cifra de pobres e indigentes supera el 50% de los 350.000 habitantes de la provincia.

Otra manera de confirmarlo es a partir de las inscripciones al Ingreso Federal de Emergencia (IFE), instituido recientemente como un limitadísimo paliativo de 10 mil pesos para los sectores más pobres, ante el impacto económico de la pandemia. Los 41.000 beneficiaros del IFE que acaba de publicar el Anses para nuestra provincia, considerando que dicho ingreso es percibido sólo por un integrante por grupo familiar, nos permiten inferir alrededor de 160 mil santacruceños bajo la línea de pobreza. Más aún, si tenemos en cuenta la gran cantidad de solicitudes rechazadas y los múltiples obstáculos para anotarse para recibir la prestación (mucha gente no tiene internet o no domina las redes sociales).

Las cifras son solo un frío reflejo de la situación desesperante que atraviesan hoy muchos vecinos en cada uno de nuestros pueblos; no solo es una radiografía de la pobreza, sino que también es un reflejo del ajuste estatal sobre los barrios.

La pandemia del coronavirus vino a poner sobre el tapete una situación previa de empobrecimiento, precarización e informalidad laboral. El aumento de la pobreza no es solo por el parate comercial: los despidos en el petróleo durante 2016 y 2017; la paralización de la obra pública; más los escasos o nulos aumentos a los empleados estatales provinciales y municipales, han conducido a la situación actual.

Dos caras de la misma moneda

En los últimos 4 años, las mineras de la provincia de Santa Cruz extrajeron 5.000.000 (cinco millones) de onzas de oro. Si se hubiese acopiado esa producción en las bóvedas del Tesoro Nacional, con el precio actual del oro (1645,41 dólares la onza), contaríamos con más de ocho mil millones de dólares. Es decir que al valor actual del dólar, contaríamos con una reserva de seis presupuestos provinciales, como el aprobado para 2020. Si la provincia dispusiera de ese dinero, podría llegar con alimentos, kits de higiene, agua y ayudas financieras a los hogares humildes de cada rincón de la provincia.

Mientras el metal amarillo se transa por encima de los US$1.600 la onza por primera vez desde 2013, los costos de seis de las principales auríferas que operan en la región llegarían a US$991 por onza este año, según proyecciones originales que recopiló la revista especializada Bnamericas (Tecnología Minera, 10/4). La diferencia muestra las fortunas que hacen las mineras a partir del saqueo de nuestros recursos naturales.

Y si tenemos en cuenta que las mineras no solo extraen oro, sino también otros minerales (sobre todo plata), notaremos que el saqueo es aún mayor.

El gobierno de Alicia Kirchner es responsable de la miseria en un extremo y del saqueo de las riquezas en el otro. Se impone la necesidad de una verdadera ley de emergencia que coloque el costo de la crisis en las espaldas de los que más tienen y más han ganado explotando nuestros recursos.

Empecemos con un impuesto especial de emergencia a las grandes corporaciones mineras para asegurar el pago de un seguro de desempleo de $ 40.000 y un aumento de emergencia para todos los trabajadores públicos y privados, hasta cubrir el costo de la canasta familiar en la provincia. Reincorporemos a todos los despedidos, entre ellos los de YCRT y municipales. Prohibamos de verdad los despidos, no como el decreto tramposo de Alberto Fernández. Aseguremos que ningún  patrón rebaje salarios en las suspensiones.

Así podremos combatir la “pandemia de la pobreza”.