Hace años que el gobierno viene organizando y entrenando cuerpos represivos especiales dentro de la policía provincial, como así también un adoctrinamiento represivo de las fuerzas. Hace más de cinco años se conocen las graves denuncias de los malos tratos que recibían los cadetes de policía en la escuela, que es reproducido por los oficiales recibidos, en las calles de las ciudades y pueblos de Santa Cruz.

En Río Gallegos, gracias a que muchas familias han tenido el valor de enfrentar esta situación, y a que la UJS, la banda de rock Antiheroes, el FUT Partido Obrero, Tribuna Docente y la Comisión Independiente de Derechos Humanos, hemos salido a denunciar todos los casos de apremios ilegales, se ha podido conformar una Comisión de Lucha Contra la Violencia Policial.

La Comisión convocó el 5 de febrero a una movilización a Casa de Gobierno para hacer entrega de un petitorio que exigía se investiguen todos los casos de violencia policial ocurridos en los últimos años, como así también la disolución inmediata de los cuerpos represivos especiales de la policía provincial y el esclarecimiento y castigo de los atentados e intimidación producidos en 2007, y en especial la represión sufrida por los municipales el 9 de mayo.

El secretario legal y técnico de la gobernación, Iván Saldivia, recibió el petitorio con la promesa de que seríamos llamados para tratar el tema, sobre el cual el manifestó que se “estaba trabajando”.

A lo que respondimos: “La impunidad y la ausencia de policías procesados por los hechos represivos que las autoridades pretenden minimizar, no son más que un augurio de que seguirán existiendo jóvenes apaleados o muertos en las calles y comisarías”.

Teníamos razón: 70 causas de abuso policial no eran un hecho aislado, sino una política sistemática de intimidación contra la juventud y la sociedad.

El suceso ocurrido a fines de febrero, de los jóvenes perseguidos por un patrullero baleados en el patio de su casa, lo que podría haberles costado la vida, nos da la razón.

El ministro Barreto no puede cumplir con su promesa de que los “policías que peguen serán separados de la fuerza”; mucho menos da garantía de que los oficiales que efectuaron disparos con armas reglamentarias sobre civiles desarmados sean condenados.

En el mismo ministro que nos citó para tratar el tema pero nos atendió en la vereda, con una custodia de 20 policías en la puerta que nos impidieron ingresar a Casa de Gobierno.

En este marco decidimos organizar una serie de recitales frente a las diferentes comisarías de Río Gallegos. El primero se realizó 7 de marzo, frente a la seccional quinta. Un recital de dos horas y media, en el que participarán siete bandas de diferentes géneros del rock y se leyeron documentos referidos a la violencia policial y al Día Internacional de la Mujer. Por el recital pasaron alrededor de 150 jóvenes, que muy a pesar de la policía y del gobierno, que justifican su accionar haciendo creer que los jóvenes son poco menos que vándalos, no generaron ningún tipo de disturbio.

Llamamos a toda la población trabajadora a sumarse a este reclamo de justicia:

• Disolución inmediata de los cuerpos represivos de la policía provincial.
• Participación de las víctimas, sus familias, abogados, organizaciones populares y de derechos humanos, en la investigación de todos los casos de violencia policial.
• Con participación independiente del poder político reclamamos que se esclarezcan y castiguen los atentados e intimidación producidos en 2007 y en especial la represión sufrida por los municipales el 9 de mayo.

Juan Manuel