La política de ‘derechos humanos’ del kirchnerismo

A sólo dos días del 24 de Marzo, el flamante Juzgado de Las Heras resolvió encarcelar a tres trabajadores de la localidad que el 11 de enero quemaron gomas frente a la Planta Las Heras 3, exigiendo un puesto de trabajo.

Los detenidos son Rómulo Jorge Martín, José Luis Almagro y Marcelo Aguilar. Las órdenes de detención firmadas por el juez Eduardo Quelín tuvieron la complicidad de la empresa Argentina 2000, a la que habían sido incorporados gracias a su lucha. Los citaron de personal para que fueran al juzgado y de ahí directo al calabozo.

Para evitar manifestaciones que hicieran recordar la pueblada de 2006, el juez resolvió trasladar a los compañeros a Pico Truncado. A los compañeros se los llevaron con la ropa de trabajo y no les permitieron avisar a sus familiares de su situación.

A este mismo grupo pertenecía ‘Popeye' Vargas, histórico luchador de la localidad, asesinado por la policía de la localidad en un "enfrentamiento" de dudosa veracidad el 13 de enero. Lo fueron a buscar al piquete con una orden de detención por robo y lo llevaron a su casa. Media hora después, estaba muerto por un disparo en la pierna que lo desangró. Inmediatamente, topadoras enviadas no se sabe por quién "limpiaron" la escena del crimen, y no se supo nada más. Ningún sumario, ningún detenido ni nada.

El intendente, Teodoro Camino, es denunciado por los familiares, ya que participó como mediador durante el conflicto, que en su momento se resolvió con la integración de los compañeros a Argentina 2000 para después borrarse y dejar correr la denuncia. Julia Epulef, esposa de Rómulo Jorge Martín, declaró al portal de noticias OPI Santa Cruz que "es una vergüenza, a mi marido lo sacaron como un delincuente del trabajo, el juez lo citó y allí mismo lo hizo detener. Tanto Quelín como el intendente Camino son unos cobardes... trataron a mi esposo como si fuera un bandido, mientras dejan libres a asesinos y a gente que ha atropellado a manifestantes (por el ex ministro Daniel Varizat). Esta es la justicia que tenemos en Santa Cruz...".

El 25 de marzo, mientras se realizaba una charla con la presencia del secretario de Derechos Humanos de la provincia, Alberto Marucco, un grupo de familiares se hizo presente con su reclamo y obtuvo la increíble respuesta de que lo único que él podía hacer es "cuidar que no los maltraten en el lugar de detención".

Denunciamos estas detenciones y la causa armada por Repsol-YPF, que avanzó en tiempo récord (dos meses), como un intento de regimentación al movimiento obrero de la zona norte de la provincia, en vistas de las reducciones horarias, de salario, suspensiones y despidos.

Al día siguiente de las detenciones, la policía de Caleta Olivia citó a Norma Villamayor, dirigente del FUT-PO y del Polo Obrero, ya que se le habría abierto otra causa, esta vez por orden de un funcionario de la subsecretaría de Trabajo, de nombre Aravena, luego de una movilización del Polo Obrero.

Llamamos a todas las organizaciones políticas y de derechos humanos, a los sindicatos y al activismo a repudiar estas detenciones y a organizar una campaña por la liberación inmediata de los compañeros, porque se anule el proceso y para poner un freno a la criminalización de la protesta social.

Juan M. Brignolo (Yetti)