Finalmente la Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó el proyecto que ingresó por el Senado peronista, por impulso del ministro de Trabajo provincial Roberto Sukerman, para aplicar la ley nacional de ART, que no regía en Santa Fe por sus implicancias antiobreras.

Después de la visita a Santa Fe en marzo del ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, para afinar el operativo de aprobación, el gobernador Omar Perotti aceleró los trámites. “A través de una nota, el mandatario provincial, en sintonía con el pedido de Alberto Fernández, accedió a una modificación del artículo 12” que plantea que “los trabajadores damnificados, ya sea por accidente o enfermedad podrán acatar el porcentaje de incapacidad emitido por la administración provincial o ir a la Justicia ordinaria a los fines que se exprese. La letra original daba pie a que los empleados pudieran acceder a la indemnización prevista por la nueva Ley pero dejaba la puerta abierta a nuevas demandas judiciales” (LPO 26/6).

Así, el gobierno del Frente de Todos le ofrenda a las cerealeras, aceiteras, químicas, papeleras, la vida y la salud de la clase obrera, para que engrosen sus ganancias, contando para ello con la contribución enorme de la mayoría parlamentaria que tiene el Frente Progresista en Diputados, que preside el ex gobernador Miguel Lifschitz.

Como se ve, el régimen político cerró filas alrededor del lobby patronal que unificó también a la burguesía, que desde la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) hasta la Bolsa de Comercio de Rosario, sacó sendos pronunciamientos por su aprobación. Las empresas de ART son también premiadas, pese a que desde la etapa de distanciamiento dejaron de cubrir el tratamiento de Covid-19 como enfermedad profesional.

La aprobación en Santa Fe responde a una orientación general del gobierno nacional del “Frente de Todos” de brindar todo tipo de concesiones a la clase capitalista, como se ha visto recientemente con la rebaja de retenciones al agro y a las mineras, o con los subsidios a las petroleras y empresas de la construcción. Y centralmente, en el acuerdo con los bonistas extranjeros y el pacto con el FMI, en toda una serie de medidas que profundizan la crisis del país y tienen como contracara el ajuste contra las condiciones de vida de las masas.

CGT y CTA: apoyo a la Ley y rechazo testimonial, dos caminos que conducen a Roma

Está claro que el gobierno le ofrenda a la burguesía esta medida, que venía siendo postergada, en medio de una crisis capitalista muy profunda que le sirve de punto de apoyo al gobierno de Omar Perotti y de conjunto a Alberto Fernández, que viene de retroceder con Vicentin y ceder retenciones a la agroindustria.

Junto con esto, ha sido clave la complicidad de la burocracia sindical que de punta a punta, apoyó por acción u omisión el proyecto. Ha sido el renunciamiento de una dirigencia sindical estatizada, en muchos casos desclasada y convertida en burocracia empresarial, la colaboradora indispensable para que pase una ley que todo el mundo sabe vendrá a degradar las condiciones laborales de una clase obrera enormemente vapuleada. Entre los sindicatos que apoyaron al gobierno de Perotti en su propósito jugó un rol destacado el de Camioneros de Sergio Aladdio, acompañado por el Smata, la UOM, la Uocra, Uatre y Empleados de Comercio. Las burocracias de estos sindicatos plantearon “que haya participación del movimiento obrero en las comisiones médicas jurisdiccionales” (La Capital, 7/8), es decir, ser parte del entramado de negocios de las ART.

Las centrales sindicales que manifestaron su rechazo fueron la CTA-T de Yasky y Alesso y la CTA Autónoma de Rosario, dirigida por Gustavo Teres. Así como el Fresimona que nuclea a sindicatos como Aceiteros y Bancarios. Pero si esto era cierto correspondía organizar una deliberación y plan de lucha para garantizar el rechazo; lo cierto es que todo el bloque del centroizquierda sindical no pasó de organizar un pañuelazo anodino, al que además pusieron “cupos” en función de evitar los contagios. Un artilugio manipulado para justificar su integración al Pacto social del gobierno.

La burocracia sindical de la provincia, frente a este largo intento de aprobación de adhesión a la ley nacional de ART, se dividió entre el apoyo incondicional y el rechazo testimonial.

Todos con el negociado de las ART

El principal cambio que introduce esta ley, adhiriendo a la Ley nacional 27.348 -que fue impulsada por el macrismo en 2017 y había tenido un antecedente de la mano del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con la eliminación de la “doble vía”- es el reemplazo de la instancia judicial que el trabajador tenía derecho de activar ante un accidente de trabajo, por una serie de comisiones médicas regionales que “serán las encargadas de analizar la situación del trabajador y tomar las decisiones en cuanto a indemnizaciones y declaraciones de incapacidad” (El Ciudadano, 23/10).

Las comisiones deben dictaminar ante las diferencias entre las patronales y los trabajadores damnificados por un accidente laboral o enfermedad profesional, ya sea en cuanto al porcentaje de incapacidad o el tratamiento otorgado. Estas comisiones médicas son financiadas por un fondo sostenido por las propias aseguradoras/ART, es decir, por las empresas que deben reparar económicamente el daño causado al trabajador, introduciendo un principio de corrupción evidente porque toda empresa busca maximizar sus beneficios.

Hecho el dictamen de la comisión médica, si el trabajador no accede a la justicia dentro de los 45 días hábiles, su derecho a hacerlo caduca. El aspecto de la ley que priva al trabajador de su derecho de acceder a la justicia inmediatamente ha sido incluso declarado inconstitucional por la Corte Suprema de la Nación, ya que delega en las comisiones médicas algo que corresponde al plano judicial, al cual un trabajador no puede acceder -como dijimos- hasta la etapa de apelación.

Toda esta avanzada se llevó adelante en nombre de bajar el nivel de “litigiosidad” y reducir la “industria del juicio”. Coberturas falaces, teniendo en cuenta que según especialistas menos del 1% de los trabajadores asegurados inicia juicio y solo el 3% de los accidentes laborales desemboca en la justicia.

Lo que buscan las aseguradoras con esta ley es consolidar un gran negociado basado en la no inversión en seguridad y prevención y en el no reconocimiento de muchísimas enfermedades profesionales que se originan a la vez como consecuencia de esto. Y las patronales, ahorrarse los juicios que las colocan en el banquillo de los acusados de una fuerza de trabajo brutalmente precarizada y empobrecida por la burguesía nacional y extranjera.

Abajo el régimen de las ART

Para terminar con la mercantilización de la salud de las y los trabajadores es necesario eliminar de raíz el régimen de las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo, un gran negociado puesto en pie durante la década menemista, sostenido por los sucesivos gobiernos kirchneristas y por el propio macrismo. Actualmente, el “Frente de Todos” mantiene vigente la ley macrista del 2017, teniendo mayoría en ambas cámaras como para derogarla.

Las y los trabajadores debemos plantearnos esta lucha en todos los gremios partiendo por poner en pie en los lugares de trabajo, en el actual contexto de pandemia, comités obreros de seguridad e higiene en defensa de nuestras condiciones de trabajo. Desde la Coordinadora Sindical Clasista planteamos un Congreso de delegados de base de todos los gremios, con mandato, que rompa la contención de las burocracias sindicales subordinadas a los gobiernos del ajuste y plantee el fin de los negociados con la salud de los trabajadores.

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