El jueves pasado el Senado y la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe aprobaron el pacto fiscal que en noviembre firmaron Mauricio Macri, el gobernador Miguel Lifschitz y los restantes mandatarios provinciales. De la mano de esto, la Legislatura provincial dio media sanción a una reforma tributaria encuadrada en las exigencias del pacto.

En el Senado, la aprobación (unánime) del “consenso fiscal”, tuvo el aporte imprescindible del PJ, que cuenta con 11 senadores sobre los 19. En Diputados, la alianza de los socialistas, Cambiemos, los radicales y el PJ viabilizó las leyes.

Transferencia de recursos

El pacto rubricado por la legislatura, junto a la reforma impositiva, representan una gran transferencia de recursos de los trabajadores y jubilados hacia la clase capitalista. Para ello la provincia deberá reducir progresivamente el cobro de Ingresos Brutos a las patronales. Como dijo la diputada García del PS en el recinto, “Santa Fe tiene 27.500 industrias, de las cuales 12.700 van a ver reducida su presión tributaria”. El partido de gobierno salió a argumentar que la corrección tributaria no representará un daño mayor a las cuentas provinciales, ya que hoy en día muchos sectores industriales pagan una alícuota menor. Lo cual sólo viene a explicar que la política de operar protegiendo las ganancias del capital no comenzó con el macrismo sino que es una verdadera “política de Estado”, como lo expresan las concesiones privadas y las zonas francas a lo largo de todo el puerto santafesino a lo largo de décadas. Así y todo, los Ingresos Brutos representan actualmente alrededor del 75% de los ingresos propios de la provincia, por lo que el recorte es un mazazo sobre las cuentas provinciales.

El supuesto argumento de que esta reforma va a fomentar el empleo rápidamente se revela falso, ya que el gobierno ha propiciado todo tipo de operaciones de rescate capitalista (subsidios, exenciones, deuda) frente a las industrias que despiden en un marco de retroceso productivo, sin que eso haya frenado la sangría. Es lo que sucede en la fábrica de maquinaria agrícola Vassalli, la planta más importante de la localidad Firmat, cuya crisis amenaza con destruir a todo un pueblo. Otro ejemplo reciente es el de los talleres ferroviarios de Pérez, que terminaron cerrados, pese a las promesas infundadas de la mesa montada por la UOM y el Frente Progresista para “viabilizar” una salida lucrativa a los inversores. Ni hablar de SanCor, donde a la destrucción del convenio colectivo lechero se sumaron cuantiosos desembolsos estatales que no fueron a parar a ninguna reactivación productiva sino a los bolsillos de quienes propiciaron el quebranto. Lo que se niega a hacer el “socialismo” santafesino es a estatizar las fábricas que cierran o despiden masivamente y ponerla bajo control de sus trabajadores.

Ajuste y saqueo jubilatorio

La contrapartida de la reducción tributaria a la clase capitalista (que implica a su turno una menor recaudación) es que el pacto fiscal hace adherir a Santa Fe a la ley de Responsabilidad Fiscal, también votada en diciembre, en la cual se determina que el gasto corriente de las provincias no puede exceder a la inflación. Asimismo, establece que la dotación de personal en la provincia no podrá aumentar por encima del crecimiento de la población. También indica que esta “responsabilidad fiscal” la provincia tiene que trasladarla a su turno a los municipios.

El pacto habilita “programas” de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas en empleados públicos provinciales y municipales. Junto con ello, encuadra a Santa Fe en la llamada “modernización del Estado”, que no es más que la flexibilización de los trabajadores estatales y destruir derechos como la antigüedad y la carrera. Estamos en presencia de un fabuloso ataque a los trabajadores del Estado.

Además, el “consenso fiscal” convalida el enorme saqueo a los jubilados nacionales con la reforma previsional aprobada en diciembre. Con esto, se demuestra que la votación negativa en diciembre a la reforma previsional por parte de Luis Contigiani, el único diputado nacional por el socialismo, no pasó de una maniobra demagógica de cara a la presión de la gigantesca movilización obrera y popular de aquellas jornadas que hizo entrar en crisis a toda la coalición ajustadora.

Uno de los puntos más caros es de la caja jubilatoria provincial. Mientras el gobierno del Frente Progresista y la oposición cómplice vociferan que la caja no será transferida a la nación, ocultan que la llamada “armonización” conlleva las mismas consecuencias. Tras la presión de cubrir periódicamente con fondos de la Anses el déficit de la caja jubilatoria provincial, hoy calculado en 2.200 millones de pesos, la legislación provincial deberá converger con la nacional en materia de edad jubilatoria, aportes, cálculo del haber inicial y mecanismo de movilidad. A mayor convergencia, mayores recursos para saldar el déficit de la caja que, a su turno, ha sido desfinanciada por la misma política de “fomento capitalista” que ahora promueven tirios y troyanos como salida económica al quebranto provincial. Ya hubo un intento en el año 2015 por avanzar sobre los derechos jubilatorios de los trabajadores provinciales comandado por el PJ y avalado por el en aquel entonces senador Miguel Lifschitz y el gobernador Alberto Bonfatti. Como entonces, la lucha contra este ataque feroz contra los jubilados provinciales está a la orden del día.

La zanahoria de la deuda

La excusa interpuesta por todos los bloques políticos que aprobaron las leyes, es que el pacto fiscal incluye el compromiso para que el próximo 31 de marzo el gobierno de Macri determine el monto y la forma de pago de la deuda que Nación tiene con Santa Fe, en concepto de la mala devolución de coparticipación que cuenta con un fallo de la Corte favorable a la provincia. Un monto que para el gobierno provincial por la actualización correspondiente es de 50 mil millones de pesos y para la nación de 23 mil millones. El gobierno nacional, ya anunció que probablemente solo una parte menor de la deuda sea cancelada de forma progresiva y que por la mayor parte de ella el gobierno emitirá bonos. Santa Fe pasará a ser acreedora del Estado nacional, en momentos en los cuales la deuda pública alcanza a las dos terceras partes del PBI, rondando niveles explosivos y con un horizonte negro por la revisión de las tasas yanquis. No es una política de defensa de los intereses santafesinos como el gobierno lo llama, sino de hundimiento del país y con él, obviamente, de la propia Santa Fe.

Mientras tanto el propio gobierno se apresta a tomar deuda, con tres proyectos en carpeta que rondan los mil millones de dólares –buena parte de ellos, como ya lo expresaron voceros oficiales, destinados a pagar deuda previa y a la actualización de los costos de obras. El peronismo, que ya le votó el pacto fiscal y la suba de impuestos reconoció que piensa aprobarlo (Página12, 13/02). No obstante ello, el Frente Progresista tendrá que vérselas con el vendaval internacional. 

“Los opositores al Pacto”

Con miras en 2019, se está procesando un reagrupamiento que dice ser “antimacrista” entre el kirchnerismo, su pata sindical -el MOS-, Giustinianni (fracción del PS) y el diputado Carlos Del Frade del Frente Social y Popular. Con motivo de su oposición al pacto fiscal, todos ellos se mostraron como un bloque único frente al Frente Progresista y al macrismo.

Agustín Rossi, diputado nacional K, viene de hacer campaña con el PJ de Armando Traferri, que le votó todas las leyes de ajuste al Frente Progresista y al macrismo. Esta peronización se mantuvo antes y después de ganar las internas con la jueza Alejandra Rodenas, como parte de su estrategia por “construir poder”. Los diputados del FpV que vociferan contra el pacto, forman parte del mismo espacio político que le garantiza la gobernabilidad a la alianza Cambiemos en todo el país. Mientras tanto, la pata sindical del espacio político que salió segundo en las elecciones, el Movimiento Obrero Santafesino, soldado al PJ, mantiene a la Amsafe provincial, el gremio más importante de la provincia, totalmente paralizada, en claro contraste con las seccionales recuperadas, particularmente la de Rosario, que ha jugado todo un papel como catalizadora de las luchas de la etapa.

Los despidos en las metalúrgicas arrecian, mientras la UOM interviene para propiciar planes de rescate patronal. El sindicato aceitero de Pablo Reguera, inscripto en el MOS, picó en punta para firmar el ruinoso techo paritario del 15% de Macri. El entreguismo del sindicalismo kirchnerista es una pieza clave para el avance de los pactos antiobreros.

Por su parte Carlos Del Frade, que había apostado por armar un frente por fuera de los partidos tradicionales, ha terminado a la rastra de este PJ/FPV que garantiza el plan de guerra del gobierno contra los trabajadores. Van por el camino que tomó Patria Grande antes en Capital Federal, yendo a internas con el PJ porteño. Esto ha generado una crisis en el Frente Social y Popular, una cooperativa electoral integrada además por el PCR y el MST, que pivotea sobre la figura del periodista.

Por un Congreso de Bases de la CGT, las CTAs y los sindicatos

El 2017, con las grandes jornadas de movilización de diciembre, y lo que va del 2018, demuestran una gran disposición de los trabajadores y el pueblo a enfrentar estos planes.

Necesitamos una respuesta de conjunto para enfrentar el plan de guerra de Macri y los gobernadores, el movimiento obrero tiene que deliberar una respuesta organizada a la ofensiva capitalista de los gobiernos en un Congreso de Base convocado por las centrales sindicales. Un enorme punto de apoyo es el cordón industrial de San Lorenzo, donde la clase obrera cuenta con todo un acervo de luchas que pueden confluir en un debate convocado por las comisiones internas y sindicatos combativos y la CGT regional.  

Abajo el plan de guerra de Macri, Lifschitz y el PJ. Por una salida de los trabajadores.