El asesinato del cabo de la Policía de Santa Fe, Pablo Cejas, acribillado de 21 balazos en el barrio Yapeyú de la ciudad de Santa Fe, constituye un crimen de Estado.

Cejas se encontraba bajo el programa de protección de testigos luego de sufrir varios atentados, amenazas y persecuciones, por haber denunciado un entramado de negocios entre la Policía santafesina, narcotraficantes, desarmaderos de autos y redes de trata de personas. Entre otras cosas, el cabo había denunciado a la Comisaría 7ma como la responsable de levantar la recaudación de 34 puntos de ventas de estupefacientes en Villa Yapeyú.

Su asesinato se produce en las vísperas de que lo citaran a declarar como principal testigo en una causa federal abierta a raíz de las denuncias descriptas por él de manera pormenorizada. Las denuncias de Cejas apuntaron también a la colusión entre las mafias policiales y el poder político. “Si le toco el bolsillo al narco se lo toco a la cúpula [policial], y de ahí es para el gobierno”, declaró en una ocasión (La Nación, 19/7).

En 2016, Cejas se había atrincherado con un arma de fuego en un bar, amenazando con suicidarse, para llamar la atención de los medios de comunicación sobre el hostigamiento que sufría de parte de la Policía de Santa Fe por sacar a la luz los negocios narcopoliciales. Anteriormente, había sido atacado a balazos, hecho por el que responsabilizó a su propio jefe, con quien había discutido por negarse a encubrir bunkers y quioscos de droga.

La viuda de Cejas declaró que continuará con las denuncias de su marido y que rechaza la custodia de la policía de la Provincia, a quien atribuye la autoría del crimen: “No quiero un uniformado azul en la puerta de mi casa, no quiero a la policía de Santa Fe en mi casa, porque son los que mandaron a matar a mi marido” (Página 12, 21/7).

Ante las declaraciones de la viuda de Cejas, el ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro, salió a defender a las fuerzas policiales. De igual forma actuó cuando se produjo el asesinato de la bibliotecaria María de los Ángeles Paris en la Comisaría 10º, o con el caso del fusilamiento de dos jóvenes obreros a manos de la Policía de Acción Táctica, apurando una defensa cuando aún no se habían realizado siquiera las primeras pericias y con todas las pruebas en contra.

En 10 años de gobierno, el Frente Progresista ha sostenido los mismos lazos que unían al PJ con el negocio narco, dejando intacta toda la estructura económica que le sirve de sustento, desde las concesiones privadas de los puertos, manejados por los monopolios exportadores, hasta los canales del lavado de dinero, como el juego y la especulación inmobiliaria.

El exponente de descomposición estatal es Hugo Tognoli, ex jefe de la policía provincial que se encuentra cumpliendo condena efectiva por su participación en los negocios del narcotráfico. Numerosos funcionarios forman parte de este entramado delictivo, como quedó de manifiesto recientemente con el narco candidato Luis “Coco” Bergallo, o en los casos de la página de oferta sexual “Supergatitas” en Rosario y del prostíbulo “Místico” en Santa Fe, regenteados por elementos vinculados al Frente Progresista.

Está más que claro que no se trata de una sucesión de episodios aislados, sino de un entramado delictivo que nace del propio Estado, garante y partícipe de los negocios capitalistas.

Reclamamos que se investiguen las responsabilidades policiales, judiciales y políticas en el crimen del cabo Cejas, mediante la conformación de una comisión investigadora independiente integrada por organismos de Derechos Humanos independientes de los partidos de gobierno; y el juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales de este crimen.