El ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, acaba de anunciar un aumento para los policías y así “evitar que estallen las protestas”. “Un grupo presentó en la Casa de Gobierno de Santa Fe un petitorio con demandas de aumento salarial y otras reivindicaciones (…) En las protestas no se vio a policías con uniforme ni a patrulleros” (La Nación, 9/9). La medida apurada, va en línea con una noticia que se conoció en estos días: el envío de un proyecto del Ministerio de Seguridad para reformar la policía santafesina.

La reforma tiene múltiples objetivos. Bajo una fachada modernizadora se pretende maquillar a la narcopolicía con expresiones como “modernización”, “política de género”, “capacitación de los altos mandos”, buscando disimular el desprestigio generalizado de la policía provincial, considerada como una de las principales instituciones responsables de la inseguridad. Que la reforma no romperá el hilo de continuidad de la estructura, lo confirma el apoyo desplegado a favor de la medida por la ascendida jefa de policía, Emilce Chimenti. La “nueva policía” de Sain es el reciclaje del viejo personal.

Recordemos que hace solo 15 días renunció el jefe de la policía de Santa Fe, Víctor Sarnaglia, que fue nombrado por el propio gobernador Omar Perotti. Sarnaglia renunció el Día del Policía con una carta en la que arengaba a la tropa a revalorizarse contra el destrato de los gobiernos. El pase a retiro de Sarnaglia se dio luego de que se destapara una red de coimas pagadas por un capitalista del juego al Ministerio Público de la Acusación, que derivó en la cárcel del Fiscal General de Rosario y del jefe de los fiscales de la Unidad Covi, ambos imputados por recibir coimas a cambio de protección, que por si fuera poco, estaba asociado a Los Monos. Todo este esquema no pudo hacerse sin participación policial, como está señalado en la causa que tiene a numerosos policías implicados.

La reforma responde, también, a la disputa por el control de la policía que existe entre el gobierno provincial y los senadores e intendentes que gobiernan sobre la actual división de la policía en los 19 departamentos que forman Santa Fe. La propuesta de ley establece un nuevo organigrama para la policía santafesina, que ahora se centralizará bajo un Centro de Análisis, Comando y Control Policial (Ceac), que integrarán seis superintendencias (…) Santa Fe, Rosario, San Lorenzo, Venado Tuerto, Reconquista y Rafaela” (La Capital 8/9). Estas seis superintendencias reemplazarían el esquema actual de 19 Unidades Regionales (una por departamento), donde el poder político territorial ejerce una influencia decisiva en el control policial.

La formación de la Ceac significará una centralización en manos del Ministerio de Seguridad, reforzando el poder de Sain y Perotti sobre la policía, en detrimento del poder de los “barones de los Departamentos” y será un contrapeso de los armados propios que tienen intendentes y Senadores con la policía en asociación al narco. El tema será sin dudas una fuente de conflicto al interior del Frente de Todos y también con el resto de las fuerzas patronales, como el Frente Progresista o el PRO. Saín ya abrió el paraguas y dijo que “la restructuración de la policía llevará años”, dejando la puerta abierta a que pueda existir una coexistencia entre el modelo de organización actual y el pasado, es decir, un campo de maniobras donde lo que estará en juego será cualquier cosa menos “depurar”, “reformar” o “modernizar”. El tema puede ser un agravante, porque el doble comando sobre la conducción policial, entre el gobierno provincial y los gobiernos locales, profundizará las disputas por el control policial acentuando la inseguridad ciudadana.

El conflicto político entre Armando Traferri, jefe del PJ de San Lorenzo y jefe de los “barones de los departamentos” con Perotti es un tema archi sabido en la provincia y que viene de arrastre desde el armado de las listas en 2019. Perotti tiene una pulseada con Traferri en el Senado, ya que domina la mitad de la cámara -los díscolos le bloquearon durante un tiempo la Ley de Emergencia. Como dijimos apenas se armó el gabinete, la designación de Marcelo Sain a cargo de la caliente cartera de Seguridad de Santa Fe tuvo como uno de sus grandes objetivos políticos direccionar el poder del Estado para disciplinar la interna del PJ. La “reforma” policial de Sain se propone centralizar el poder de policía en sus manos, lo que de por sí no tiene ninguna progresividad, aunque enfrente tenga las asociaciones criminales entre intendentes y policías, como sucede en San Lorenzo (Paula Perassi, Any Rivero, caso de gatillo de Brian, comisaría 7ma, cuyo comisario fue desplazado por Sain, etc.)

Se pretende maquillar a la maldita policía santafesina salpicada por múltiples crímenes contra el pueblo para preservarla y ponerla a disposición de otra parte del aparato del Estado. Es el mismo perro con distinto collar. La profundización del ajuste por parte del gobierno nacional y provincial exige el control y el fortalecimiento del aparato de represión para hacer frente a las luchas obreras y populares, para disciplinar al conjunto de la población.

Continuismo

La propuesta de Saín no es inocua sino un camino muy sinuoso, como lo demuestran los motines policiales en la provincia de Buenos Aires, que han gozado del apoyo también de sectores de la policía de Santa Fe. La puesta en valor de las fuerzas policiales, como hizo Berni y apoyaron Kicillof y Cristina, es una posición que puede convertirse en un boomerang.

El anticipo de esta reforma policial sucedió hace un mes, tal vez anticipando con información reservada la actual crisis. Perotti vía decreto y amparándose en la Ley de Necesidad pública aprobada en marzo (con el voto de las dos cámaras incluido Carlos Del Frade), asignó 1.000 millones de pesos más para la estructura policial bajo el rótulo de “seguridad comunitaria”. Sain quiso promocionar su reforma al interior de la fuerza apalancándose en ese presupuesto y prometió un aumento del 27% del sueldo básico actual, que lo llevaría a $ 42.187. Un reforzamiento económico para el aparato policial, en momentos donde la salud va camino al colapso, se clausuraron paritarias para docentes y estatales y la desocupación arrasa.

El incremento, negado a los trabajadores de la salud, docentes, municipales y estatales, es justificado como una medida preventiva frente los vínculos de la policía con el delito, lo que retrata la enorme descomposición que recorre la fuerza y que obviamente no va a resolver nada, porque no es la pobreza lo que lleva a la policía a delinquir en gran escala como lo hace, sino el monopolio de la fuerza que detenta junto con el resto de las fuerzas represivas del Estado.

Otro aspecto promocionado es que la reforma incrementará la presencia policial en las calles, cambiando la distribución actual del personal policial que, según el Ministro, en su inmensa mayoría hoy cumple tareas administrativas. El pasaje de personal de escritorio a la calle va a significar reinstalar en los barrios lo peor de la fuerza, porque se sabe que la sanción a determinados delitos policiales es el trabajo de escritorio, peor pago. ¿Volverán a las calles los policías que cuentan con denuncias por abusos policiales y gatillo fácil, que como resultado de la impunidad que existe en el país y la provincia se reciclan bajo las tareas de escritorio?

Como hizo su mentora de la cartera nacional de seguridad, Sabina Frederic, Sain pasó de acusar a Berni de derechista a emular la políticas anunciadas en PBA por el ex carapintada y responsable político de la desaparición seguida de muerte de Facundo Castro. Aceitando sus vínculos con la policía, con mejoras para la “fuerza”, busca reforzar su propio poder de policía. No tiene otro fin que garantizar “la Paz y el Orden” a la que aludió Perotti en campaña, para que los gobiernos capitalistas avancen en su ataque contra los trabajadores.

Desmantelar la narcopolicía

La podredumbre de la policía santafesina es tan grande que no hay delito que no la involucre: narcotráfico, juego clandestino, extorsión, asesinatos, trata de personas. La principal fuente de inseguridad reside en la mayor asociación ilícita de la provincia que es la propia policía.

Los casos de gatillo fácil y violencia policial, que se incrementaron notoriamente con el pretexto del cumplimiento de la cuarentena, provocan el terror de las familias trabajadoras en los barrios. La organización de la juventud y los trabajadores contra la violencia policial es una tarea prioritaria para defender la vida de la juventud.

Cualquier intento de terminar con la violencia narco y con la inseguridad que reina en la provincia debe partir del desmantelamiento de la maldita policía santafesina. Para combatir la inseguridad hay que enfrentar al estado capitalista, sus gobiernos y su justicia que es donde se ampara el delito organizado.

https://prensaobrera.com/politicas/entre-el-motin-policial-el-derrumbe-social-y-el-colapso-sanitario/