El 1° de Mayo, el gobernador Lifschitz inauguró las sesiones en la Legislatura provincial. En su discurso ocultó su alineamiento general con el macrismo en cuanto al ajuste en marcha y la pretensión de un rescate financiero, como se evidenció con el voto favorable al pacto buitre o los tarifazos provinciales. Sin embargo, su discurso dejó ver la defensa de la clase capitalista que actúa en Santa Fe, al mismo tiempo que deslizó la crisis insuperable del Estado provincial y la disgregación del Frente Progresista.

Lifschitz en su discurso se lamentó por la crisis generada a partir de las inundaciones en Santa Fe. Pero su discurso fue una fuerte confesión de cómo el gobierno provincial coloca los recursos del Estado provincial al servicio de sostener las ganancias de los grupos capitalistas del agro que afrontan una crisis productiva por las lluvias. Dijo que ya les dieron mil millones en obras de infraestructura y prevén darles 800 millones de pesos. Prometió más subsidios y obras para los grupos económicos que ni siquiera pagan ingresos brutos, pero nada sobre los miles de evacuados, los pueblos del interior destruidos y las paupérrimas condiciones de los trabajadores de las ciudades azotadas por las lluvias. A la utilización de los recursos del Estado para el rescate de los sectores capitalistas agroexportadores, le sigue la profundización del endeudamiento provincial (ya se discute uno nuevo y en dólares), el cual recae sobre las espaldas de los trabajadores de la provincia.

En cuanto al tema “seguridad” (lo que, en realidad, es una brutal crisis y descomposición del Estado provincial), la salida que propuso Lifschitz es colocar a todo el aparato putrefacto de la policía en la calle. Planteó que el 80% de los policías vayan a patrullar. Una señal de que irá por la militarización de las barriadas, en combinación con las fuerzas policiales del macrismo. Por supuesto, que nada de atacar el escandaloso delito organizado del narcolavado. En las afueras de la Legislatura, familiares de casos impunes reclamaban con pancartas. Santa Fe vuelve a estar en el tope de la lista de cantidad de asesinatos. Al esquema del narcolavado lo secunda un régimen de impunidad escandaloso.

Lifschitz señaló que “si el trabajo no es prioritario, no hay economía exitosa”. La caradurez de un gobierno que ha convalidado todos los cierres de empresas desde que son gobierno en 2007. El Frente Progresista, desde la hora cero, defendió sostener la gran cadena productiva capitalista del agro y la creación de los sitios donde ese capital invierta, como el juego, la gastronomía y la especulación inmobiliaria. La contracara de eso fue la progresiva destrucción productiva de Santa Fe con cierres de decenas y decenas de fábricas en toda la bota.

El último de los aspectos fue la iniciativa de reformar la constitución provincial. Si bien no aclaró los puntos a reformar, tanto Binner como Bonfatti intentaron frustradamente concretar la iniciativa. La reforma constitucional que propone el socialismo contiene la re-elección, como forma de escapar a la brutal disgregación del Frente Progresista e intentar sostenerse al frente del Estado llegado el caso. Por su parte, pretenden potenciar las atribuciones autónomas de los municipios. La política de que el municipio que tenga mayor recaudación se pueda sostener, y el que no, que se hunda. En los hechos ya está sucediendo eso, con la crisis de los salarios de trabajadores municipales de ciudades menores que se encuentran en total quiebra. El Frente Progresista gobierna los dos más grandes, Rosario y Santa Fe capital. Es, en definitiva, una reforma reaccionaria y de autopreservación frente a la crisis del régimen político y económico en Santa Fe.