Días atrás se firmó el acuerdo por el cual la Anses financiará con $11.396 millones el déficit del ejercicio 2019 de la caja previsional santafesina, en el marco de las normas que rigen la cobertura del organismo nacional a los regímenes provinciales no transferidas a la Nación. Emerge nuevamente el intento de los gobiernos de avanzar en la llamada “armonización” para igualar los haberes hacia abajo con el sistema nacional y aumentar la edad jubilatoria.

En ese sentido, el director de la caja de jubilaciones de la provincia, Humberto Giobergia, declaró que “más preocupante que las jubilaciones de privilegio, es que la gente se jubile antes de tiempo”. Una definición que expresa en realidad la definición del gobierno de Omar Perotti de extender la edad de retiro. El ataque a esta conquista obrero es una constante; desde el “Proyecto Gramajo” de 2015 a esta parte, se han sucedido varios intentos por hacernos pagar el déficit de la caja a los trabajadores, cuando el origen del mismo es el uso indebido que hacen los gobiernos de estos fondos, para cubrir gastos fiscales.

Desde el gremio docente se Santa Fe hemos protagonizado grandes luchas para lograr la jubilación los 57 años para las mujeres y 60 para los hombres, con 30 años de servicio, con una compensación de años de servicio por falta de edad. También hemos sostenido nuestra histórica consigna de “25 años de servicio, sin límite de edad”.

El ajuste jubilatorio es de alcance nacional, ya que es parte de las exigencias del FMI para llegar a un acuerdo con el gobierno, como parte de toda una orientación del capital financiero internacional de convertir las jubilaciones en un subsidio a la vejez de corte asistencial, en lugar del salario diferido que en realidad es y para el cual los trabajadores aportan durante toda su vida laboral.

En ese marco, mientras consuman el robo de la movilidad a los jubilados del sistema previsional nacional, también van por la liquidación del 82% móvil de los regímenes provinciales, que de hecho los gobiernos han recortado con las sumas en negro de los acuerdos paritarios -con el aval de la burocracia sindical.

Por eso la transferencia de recursos del Anses se pagará en siete cuotas y está calculada en función de lo que debería pagar el organismo a cada jubilado/a si tuviera a su cargo de forma directa el pago del haber. Por eso los gobiernos nacionales y provinciales a menudo entran en conflicto. Por esa vía desfinancian la caja provincial y presionan a favor del traspaso a la Anses y consumar la “armonización”, igualando para abajo los haberes y eliminando los regímenes especiales que acercan al 82% móvil.

El problema del financiamiento está directamente ligado a la administración de la caja, que hoy la ejerce un director nombrado directamente por el gobernador, aunque sea un ente autárquico que se autofinancia con el aporte de los trabajadores. El gobierno maneja directamente esos recursos sin ningún tipo de control de los propios aportantes activos o jubilados que aportan a la misma.

La propia ley 6.915, que regula el funcionamiento de la Caja de Santa Fe, habla en el capítulo XII de una cámara que sólo tiene la función “asesora”, y estaría integrada por dos representantes del gobierno, dos activos y dos jubilados. Pero nunca se ha escuchado reclamo alguno de la CGT ni de la CTA para exigir que se cumpla y respete la representación de los trabajadores, que está completamente ausente. Así, los recursos son usados para gastos del Estado. La utilización de los $11.396 millones que acordaron el gobernador Perotti y la titular del Anses, Fernanda

A esta política le oponemos la lucha por el control de la caja por los trabajadores activos y jubilados. Es una consigna urgente. Los legisladores de la provincia vienen convalidado el vaciamiento vía la desfinanciación y el uso de sus recursos sin alguno; son los mismos bloques impulsaban la armonización cuando gobernaba el Frente Progresista, por no hablar del macrismo que enfrentó una rebelión contra su ley de movilidad en 2017.

Desde el Plenario de Trabajadores Jubilados de Santa Fe vamos a promover en la provincia la participación en la jornada nacional de lucha convocada por distintas organizaciones para el 9 de junio, por la defensa de la caja previsional y el control de los propios trabajadores, que son sus legítimos dueños. El dinero y el funcionamiento de las cajas no puede ser un botín para pagar deudas y financiar intereses que nada tienen que  ver con los trabajadores.

Proponemos a los sindicatos y a las organizaciones de jubilados organizar asambleas y plenarios, poniendo en pie un frente único de lucha en defensa de nuestras conquistas y derechos.