Tres horas después de conocido un fallo que declara la inconstitucionalidad del sistema de circunscripciones consagrado por la Constitución Provincial, el interventor Lanusse convocó por tercera vez a elecciones, esta vez utilizando el sistema D’Hont en distrito único para toda la provincia. Las internas partidarias “abiertas y simultáneas” se convocaron para el 9 de enero. Simultáneamente ha insistido que su mandato vence a fin de marzo.

 

El factor central de la crisis política es la división del PJ, que está inseparablemente ligada a la disputa entre los dos monopolios que dominan Santiago: el grupo Ick (alinea a los duhaldistas) y el grupo Curi-Sarquiz (a los grupos kirchneristas). El interventor del PJ, Rafael González, ha sostenido que a las internas no se llegará con lista única y ha pedido a la justicia electoral que se garantice que quienes pierdan las internas no puedan aliarse con otras fuerzas posteriormente. O sea que el interventor está abriendo el paraguas sobre la crisis que inevitablemente se va a desatar en el PJ. Por eso mismo, llegó a opinar que puede haber nuevas impugnaciones judiciales que podrían postergar el proceso electoral. Que esto es así, lo demuestra la denuncia de Zamora, dirigente de la UCR e intendente de la capital, de que son “inminentes (las) presentaciones judiciales que propendan a la suspensión de las elecciones generales de reinstitucionalización provincial convocadas por el Gobierno de la Intervención Federal para el próximo 27 de febrero”. Dijo también que “en estas maniobras” está involucrado un alto funcionario del Poder Ejecutivo nacional, cuyo objetivo es “unificar las elecciones en octubre de 2005”.

 

Desde la perspectiva de precandidato a gobernador de la UCR, la judicialización inminente del proceso electoral –en virtud de un oscuro pacto entre funcionarios nacionales y el entorno de Pablo Lanusse– derivaría en la automática renuncia del actual interventor federal y su reemplazo hasta el mes de octubre de 2005 por otro, designado por Presidencia, comenzando por lo que Zamora dio en llamar “la segunda intervención” (El Liberal, 26/11).

 

Los sectores kirchneristas del PJ no han logrado hacer pie de manera consistente y necesitan prolongar la Intervención hasta octubre del 2005. Para colmo, las encuestas colocan a Zamora y a Chabay Ruiz, actual intendente de La Banda, a la cabeza.

 

La precariedad del fallo del STJ, que modifica la Constitución mediante un fallo, es recogida en la nueva ley de convocatoria. A esto se ha sumado que la ley convoca también a elecciones de delegados comunales, algo prohibido por la Constitución, y no convoca a elección de concejales, algo que la Constitución obliga a hacer simultáneamente con la elección de legisladores y gobernador. Todos los referentes patronales (Zamora, Chabay, Cavalotti, Zavalía, Rafael González, Salim, etc.) han coincidido en que las nuevas presentaciones judiciales volverán a obstaculizar el proceso electoral. El problema no es de orden legal, sino político. En tanto no aparecen elementos de superación de la crisis del PJ, los tribunales serán uno de los escenarios donde se traducirá el actual impasse.

 

La salida no vendrá de la mano de arreglos de cúpulas; los santiagueños debemos dotarnos de un gobierno propio, a la altura de las tareas históricas que se le plantean a nuestra provincia para salir del atraso.

 

En base a esta caracterización, llamamos a convocar asambleas populares en todos los pueblos y barrios; comités campesinos de base en el campo, que elijan un gobierno provisorio para que, en 60 días, convoque a una Constituyente libre y soberana con un programa por Tierra, Pan y Libertad.