El sábado 11 de junio en Ovejería, Departamento Pellegrini a 30 km de Nueva Esperanza, Bancora y sus matones ingresaron a la propiedad de la familia Arias para expulsarlos de la tierra en la que viven hace más de tres generaciones. El empresario terrateniente les disputa 200 hectáreas en la zona. Hay antecedentes de que Bancora procedió de la misma manera intimidante en zonas aledañas, incendiando las casas de los terrenos que pretendía usurpar.

Arias, la víctima, es docente rural y ya había recibido amenazas en su lugar de trabajo. Bancora estaba denunciado en la comisaría de Nueva Esperanza y tenía una orden de restricción, pero evidentemente el Estado no tomó las medidas necesarias para que la orden se cumpliera. Una vez más, se muestra la fuerte connivencia entre el aparato represivo, judicial, y los empresarios sojeros, para que éstos últimos puedan actuar con total impunidad.

Se trata de un régimen político y social que promueve el asesinato y el desalojo de campesinos. Estos aumentaron exponencialmente bajo la gobernación del “radical K” Gerardo Zamora y durante la "década ganada" kirchnerista –que ha convertido a nuestra provincia (junto con Salta) en el territorio con la mayor tasa de depredación de bosques nativos del mundo. Esto se ha reflejado también en las sentencias en contra de campesinos poseedores y el desfinanciamiento de los organismos provinciales supuestamente creados para trabajar en la regularización dominial de los campesinos poseedores.

Recordemos que el año pasado fue absuelto el también empresario Jorge Ciccioli, autor intelectual del asesinato del campesino Cristian Ferreyra. Esta situación de impunidad y aval a los sojeros usurpadores que actúan con métodos mafiosos y de patotas, da lugar a que Bancora se haya animado a actuar de este modo. El Estado es cómplice y responsable directo del negocio capitalista sojero y de la violencia contra los que lo enfrentan.

El gobierno de Mauricio Macri ha anunciado abiertamente –bajo los espejitos de colores del “Plan Belgrano” de inversiones– que pretende profundizar el carácter sojero del Noroeste Argentino (NOA), particularmente de Santiago y Salta. Esto se va a traducir en la profundización de los atentados contra las familias campesinas, desalojos, desmontes y la destrucción ambiental y económica. El movimiento campesino debe sacar las conclusiones del impasse absoluto de la política de las llamadas “Mesas de Diálogo” con sojeros y sus personeros estatales. Es necesario oponer a esta política de “tierra arrasada”, la organización de los pequeños campesinos de manera independiente del Estado y sus partidos, en alianza con los trabajadores y explotados del campo y la ciudad. Urge la realización de un censo provincial exhaustivo de familias campesinas a cargo de las organizaciones campesinas independientes, para garantizar la inmediata titularización de la tierra en manos de los poseedores, la inmediata suspensión de los desalojos a pequeños campesinos, la inmediata suspensión de los desmontes, la devolución de las tierras a los pequeños campesinos expulsados y el derecho a la tierra de todo aquel que quiera trabajarla.

Desde el Partido Obrero nos solidarizamos con Sergio Arias, su familia y compañeros. Exigimos que el agresor –hoy detenido en la comisaría de Nueva Esperanza– sea mantenido en prisión hasta el juicio, dada su peligrosidad. Exigimos también una investigación exhaustiva de las responsabilidades estatales y los motivos por los cuales no se garantizó la orden de restricción ni se investigaron las denuncias por usurpación contra la familia Arias y otras familias de la zona. Apoyamos todas las medidas de lucha en este sentido y llamamos a todas las organizaciones a movilizarse en la capital provincial, exigiendo justicia y defendiendo los reclamos postergados de todo el movimiento campesino.

13 de junio de 2016