Esta mañana, mientras iban desembarcando en Buenos Aires los líderes de las potencias imperialistas que participarán de la reunión del G20 en una ciudad militarizada, el juez Gustavo Lleral notificaba a las querellas del caso Santiago Maldonado su decisión de cerrar el expediente que investigaba su desaparición forzada la causa y dictar el sobreseimiento del gendarme Emmanuel Echazú, el único imputado en la causa. La resolución llega tras los resultados de las pericias realizadas en el INTI, cuyo dictamen arroja que el DNI de Santiago Maldonado podría haber estado sumergido en el agua los 78 días que pasaron desde su desaparición el 1 de agosto de 2017 hasta la aparición de su cuerpo, ocurrida el 17 de octubre. En su fallo, Lleral resuelve no hacer lugar a otras medidas de prueba solicitadas por la familia Maldonado.

El sentido del fallo es exonerar de responsabilidades al Estado en la muerte de Santiago. En términos concretos, encamina a que la causa sea cerrada bajo la premisa de que “Maldonado se ahogó solo”.

La familia de Santiago Maldonado y su querella, por su parte, apelarán la decisión del juez. Antes habían impugnado la pericia realizada sobre el DNI. En un comunicado de prensa advirtieron que ésta tenía como objetivo “confirmar la mentira que se quiso instalar de que el cuerpo siempre estuvo en ese lugar”.

“Y decimos mentira –sostienen– porque el 26 de noviembre de 2017 los peritos de la Morgue de la Corta Suprema de que realizaron la autopsia nos informaron que NO PODIAN AFIRMAR que el cuerpo de Santiago haya estado siempre en el mismo lugar en el que fue encontrado, ni cuando murió, ni dónde, ni cómo, ni pudieron establecer cuantos días estuvo en el agua”. La familia y su querella también recuerdan que el 27 de noviembre fueron notificados del rechazo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al pedido de que la investigación la realice un grupo independiente de expertos. La familia de Santiago continuará la batalla judicial apelando a tribunales superiores e internacionales.

Crimen de Estado

La muerte de Santiago debe ser puesta en contexto. El juez Lleral adopta como propio el “relato” de Patricia Bullrich para aislar la muerte de Maldonado del operativo represivo que Gendarmería realizó aquel 1 de agosto de 2017.

El texto del juez relata los episodios acontecidos en el Paraje Leleque como un “procedimiento policial de despeje de la ruta Nacional Nº 40, a partir del enfrentamiento con los manifestantes que desarrollaban aquella medida, se trasladó al interior del predio ocupado por el denominado Pu Lof en Resistencia Cushamen, ubicado a la vera de ese camino nacional”.

Tal “enfrentamiento” –que supone una igualdad entre dos grupos en pugna– no fue tal. En realidad, se trató de un violento desalojo seguido de una verdadera cacería por parte de un centenar de gendarmes contra una decena de manifestantes. Gendarmería los desalojó de la ruta y tras ello ingresó en el terreno de la comunidad con la camioneta, rompiendo la tranquera que hace de portón, con los gendarmes detrás de ella. No fue un exabrupto. Los gendarmes viajaron hasta el desalojo con la decisión de romper y quemar sus casas: así lo vociferan en videos grabados en la camioneta con la que se acercaban al lugar. Es decir, fue una represión estatal premeditada. A Santiago y el resto de los manifestantes los corrieron hasta la vera de un río helado y correntoso. Los testigos denunciaron piedrazos y disparos hasta el agua: una corrida desesperada.

El día anterior las fuerzas de seguridad se habían reunido con el entonces Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, para trazar el plan y el modo en el que actuarían frente a las acciones de lucha de los mapuche, a quienes el gobierno califica de grupos “terroristas”. Su presencia el 31 de julio en el sur no fue aleatoria. El 1º de agosto, el funcionario pasó por el lugar de los hechos. Conocía que allí se iba a hacer un corte de ruta por la libertad del dirigente Facundo Jones Huala. Ese mismo día respondió en una radio local que “las fuerzas de seguridad iban a actuar por flagrancia”. Es decir, estaba decidido de antemano. La comunidad ya había sufrido otros allanamientos violentísimos.

El gendarme Emanuel Echazú, que formó parte del grupo de gendarmes que llegó hasta el río durante la persecución y al que se ve en imágenes con el rostro ensangrentado y expresión desencajada, se presentó “espontáneamente” en la causa. De esa manera, Gendarmería logró tener acceso a la misma. Mientras se encontraba imputado, Echazú fue ascendido al grado de alférez en enero de 2018.

Ocultamientos y maniobras

La desaparición seguida de muerte de Maldonado fue objeto de un operativo de Estado para lograr la impunidad política y penal de los responsables. El ministerio de Bullrich hizo una defensa cerrada de lo actuado por Gendarmería y mintió en abundancia, incluso negó la presencia de Noceti en el lugar. Los diarios oficialistas, especialmente Clarín a través de su reptante corresponsal en Bariloche, difundieron todo tipo de versiones falsas sobre Maldonado y los mapuche, desde negar que Santiago hubiera estado en el lugar hasta sugerir que se encontraba oculto por órdenes de Jones Huala. Una vez hallado el cuerpo, y antes de que la junta de peritos emitiera sus conclusiones, el juez Lleral se apresuró en víspera de las elecciones a declarar que el cuerpo de Maldonado no presentaba signos de violencia. Mientras tanto, el gobierno espiaba a la familia Maldonado y sus trolls los atacaban en las redes sociales.

Blanco sobre negro, Santiago Maldonado murió en el cuadro de un operativo represivo planificado que lo persiguió a él y a sus compañeros hasta el río. Su muerte tiene responsables políticos y materiales: los que planearon esa política de represión y los que la ejecutaron. Por esa razón se trata de un crimen de Estado. Las causas de la militarización y política represiva del sur –que luego se cobró la vida de Rafael Nahuel– se vincula a que sus reclamos chocan con los terratenientes como Benetton, las petroleras y los pulpos mineros internacionales. La detención de Facundo Jones Huala, líder de la comunidad mapuche Pu Lof Cushamen, llevada a cabo en consonancia entre el gobierno argentino y el chileno, fue aleccionadora. Jones Huala fue extraditado para ser juzgado en Chile tras permanecer detenido largos meses.

Este fallo se dicta en vísperas de la reunión del G20. Es una nueva ofrenda del gobierno argentino a los jefes imperialistas para mostrar condiciones de “seguridad jurídica”: control social mediante la represión estatal, para terminar con los reclamos populares por la tierra y en defensa de los recursos naturales y permitir su entrega a empresas internacionales.

La familia y Santiago Maldonado son sometidos en estas horas a una re-victimización. Las versiones sobre este fallo circularon en la prensa –especialmente en el portal Infobae– antes de que llegaran a sus manos. Sufren no solamente ataques judiciales, sino también políticos y mediáticos.

La lucha por justicia por Santiago Maldonado continúa en la justicia pero sobre todo en las calles, movilizados contra la impunidad y la represión y contra la entrega de los recursos nacionales, contra esta ofensiva política y judicial del Estado hacia los luchadores populares.