Este martes, el gobernador Juan Schiaretti anunció que la provincia de Córdoba emitirá un bono de 9.000 millones de pesos para hacer frente a deudas, anteriores al 29 de febrero, con proveedores y contratistas del Estado. El bono se establece por 36 meses, pagará el interés de la tasa Badlar, tendrá un plazo de gracia de un año y se emitirá de manera digital. Desde el gobierno plantearon que la emisión servirá para ahorro o para “pagar impuestos” y será transferible, habilitando de esa forma su circulación como medio de pago.

Para restarle gravedad al asunto, tanto Schiaretti como el ministro de Finanzas provincial, Osvaldo Giordano, insistieron en que no constituía un bono, para lo cual tendría que llamar a licitación y ofrecer en el mercado donde el tomador tiene alguna clase de libertad para adquirirlo; acá se trata de un título de deuda que en forma más o menos compulsiva el gobierno le impone a sus proveedores y que solo pueden ser transferidos o usados para pagar obligaciones tributarias con la provincia.

Todavía no se envió el proyecto de ley correspondiente, pero todo indica que se trataría lisa y llanamente de una cuasimoneda, puesto que los proveedores y contratistas estarían obligados a aceptarlo, o no cobrarían sus acreencias.

Pero la cosa no queda en los 9.000 millones de pesos que ahora se anuncian. Consultado el ministro sobre la posibilidad de emitir bonos para otros fines, por ejemplo el pago de salarios, como fueron los Cecor y Lecor, Giordano respondió: “todo depende de la involución de la situación y de la decisión que tome el gobierno nacional en su nivel de asistencia”. En otra entrevista expresó: “comparando con un marzo normal, [la recaudación] fue de un cuarto menos. Y este marzo no refleja ni por cerca las consecuencias de la parálisis por la cuarentena. Abril va a ser peor” (La Voz del Interior, 7/4). Más claro, echarle agua. Si no hay un rescate del gobierno de Fernández en base a una emisión de pesos, que puede llevar a una hiperinflación, Schiaretti emitirá su propia cuasimoneda generalizada. 

La semana pasada, el gobierno de Schiaretti anunció que procedería con un recortazo salarial que se extendería a un gran porcentaje de los trabajadores, el cual sería escalonado, recortando el 30% de los sueldos más altos y un menor porcentaje para los sueldos más bajos. Algunas versiones indican que el recorte llegaría hasta los haberes (bruto) de 60 mil pesos, afectando a trabajadores que perciben un haber de 45 mil pesos mensuales, apenas por encima del índice de pobreza en la provincia. Desde un primer momento denunciamos que el gobierno se preparaba para descargar la crisis sobre los trabajadores.

Giordano ratifica esa denuncia. En la entrevista mencionada arriba, el ministro dice que no puede afirmar que los salarios de abril se paguen con normalidad y que el gobierno está analizando avanzar con la reforma previsional provincial para recortar los haberes de jubilados y pensionados, en base a un diferimiento de las actualizaciones de haberes, que en un cuadro hiperinflacionario pueden significar una enorme reducción salarial.

El colapso de la provincia, que precipita la pandemia del coronavirus, tiene un largo arrastre. Durante todo el período macrista, Schiaretti impulsó un endeudamiento exponencial en dólares. Esa deuda, que creció cerca de 1.000%, sirvió principalmente para financiar los grandes negociados de los capitalistas ligados a la obra pública, a la especulación financiera e inmobiliaria, y a la infraestructura al servicio de los patrones del “campo”. Ahora cuando la provincia explota, Schiaretti quiere seguir defendiendo los mismos intereses con recortes y congelamiento salarial, pago en bonos y un nuevo ataque a las jubilaciones y pensiones.

En la reunión de Fernández con los gobernadores del martes a la noche, se anunció un ATN (aporte del Tesoro Nacional) de 60 mil millones de pesos, del cual Córdoba recibiría 5.200 millones en tres cuotas mensuales. También se dijo que habría un crédito por una suma igual. Desde el gobierno local recibieron los anuncios con mucha cautela, pero no garantizaron que van a pagar, como tampoco que no vayan a emitir bonos. La presión sobre el salario se profundizará en los próximos días.

Cada día se hace más vigente la consigna del Frente de Izquierda: que la crisis la paguen los capitalistas. Elaboremos las y los trabajadores un programa único y marchemos a la lucha: abajo el ajuste a los trabajadores, no pago de la deuda usuraria, no al recortazo salarial y al pago en bonos, salario básico inicial de 40 mil pesos y cláusula gatillo, 82% móvil para los jubilados y defensa de la caja provincial, así como impuestos progresivos al gran capital.