Desde un primer momento sostuvimos que el gobierno de Juan Schiaretti atacaba a los trabajadores de Luz y Fuerza porque perseguía la privatización de la empresa provincial de energía (Epec). Expresamos que la denuncia del Convenio Colectivo de Trabajo de Luz y Fuerza tenía como función allanar el camino -en términos económicos y políticos- a esa privatización, que se proyectaba con mayores negociados y tarifazos, y un proceso de vaciamiento del sistema como sucede con Edenor y Edesur. En nuestro pronóstico no erramos un centímetro. 

En los últimos días, Schiaretti hizo correr de manera no oficial un proyecto de ley que directamente plantea la eliminación de Epec y la privatización de todo el sistema eléctrico provincial. A pedido del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos que está a cargo de Fabián López (ex número dos de José “Valijas” López), la consultora Quantun ha presentado un borrador del “Marco Regulatorio de la Energía Eléctrica”, donde se detalla el negociado que quieren imponer.

De entrada, el proyecto plantea la supresión de la Epec y su suplantación por empresas concesionarias. El artículo 1° describe ampliamente el significado de términos como “área de concesión”, “comercializador”, “concesionario”, “contrato de concesión”, “distribuidor”, “subtransmisor”, “libre acceso”, entre otros; pero en todo el texto del proyecto nunca se menciona la palabra “Epec” -como si ésta no existiera. Sí se menciona un “Despacho Provincial de Carga (DPC)” y el “Mercado Eléctrico Provincial (MEP)”, que sería la forma de la privatización, entre los distintos operadores a nivel provincial. Se pretende crear una Cammesa [empresa nacional mixta que regula la energía mayorista] provincial al servicio de los pulpos energéticos.

En el artículo 2° se determina el rol del Estado provincial, que ya no será el titular de la Epec, sino que se limitará a “…fijar las políticas del sector eléctrico y ejercer el control de la prestación de los servicios públicos”. El art. 5 pone los principios de prestación del servicio, los cuales orientan a promover la “competitividad” de la Generación y el Consumo. Por el art. 6, se crea la Agencia de Planificación Energética (APE), que tiene entre sus objetivos “Elaborar estudios y análisis que permitan identificar y evaluar las inversiones óptimas, públicas y privadas, en todo el territorio provincial, para asegurar el suministro energético”.

Anteriormente el gobierno había planteado que quería dividir la empresa en tres partes, (generación, transporte y distribución), y se especulaba con la privatización parcial. No obstante, el proyecto plantea una privatización total y generalizada. El art. 7 dice que “La Ejecución de las obras de infraestructura y la Prestación del servicio de Subtransmisión y Distribución de energía eléctrica será responsabilidad de las empresas concesionarias”. El art. 13 reafirma esa posición al expresar “Las empresas Subtransmisoras y Distribuidoras, son monopolios naturales, requieren para su actividad un contrato de concesión expedido por el Poder Ejecutivo provincial”. Y sigue así en el resto del articulado.

Como si la privatización de Epec no bastara para proceder a estos negociados, el proyecto introduce un operador más en la provisión del servicio, e incluso le otorga en forma arbitraria una función monopólica. Dice el artículo 28: “Los Comercializadores son los únicos Agentes autorizados a vender energía a los Usuarios finales”. 

El proyecto contiene un extenso texto en el art. 31, que representa la forma legal para proceder a un tarifazo permanente y sistemático, como lo vienen haciendo en los hechos. Para la fijación de la tarifa se toman en cuentan los siguientes ítems: “a) Precio de la Energía; b) Costo del Transporte c) Componente de Subtransmisión hasta el nodo de ingreso a la red de Distribución; d) Componente de Distribución; e) Componente de Comercialización”. Asimismo se destaca que las “variaciones del precio de adquisición de la energía serán trasladadas a la tarifa final al usuario de tal manera que no produzcan beneficios ni pérdidas al Concesionario”. Y continúa “EI Ersep no podrá suspender, limitar o rechazar tales ajustes de tarifas excepto cuando y en la medida en que se hayan detectado errores en los cálculos y/o en los procedimientos aplicados”.

Entre los componentes para la fijación de la tarifa, se resalta siempre que hay que tener en cuenta el “margen de rentabilidad de la empresa”. Pero como puede haber una empresa generadora, otra transportadora, otra o varias distribuidoras y otra o varias comercializadoras, la rentabilidad empresaria se multiplica por cuatro y más. El Marco Regulatorio apunta directamente al bolsillo de los trabajadores usuarios en beneficio de los grandes capitalistas de la energía y de los nuevos negociados -ahora se explica mejor el fuerte apoyo que brindaron la Fundación Mediterránea y veinticinco entidades empresariales al proyecto, antes de que se conociera.

Para hacer pasar semejante ataque al pueblo trabajador, Schiaretti ha montado un operativo de provocación sobre los compañeros de Luz y Fuerza, a los cuales pretende aislar y derrotar, sobre la base de relacionar sus derechos, que son presentados como privilegios, a las altas tarifas que se pagan en la provincia. Para ello el gobierno cuenta con la burocracia sindical como cómplice principal. Pihen (CGT Regional) está a fondo con la privatización de Epec -incluso ha llegado a votar en la Legislatura contra el Convenio Colectivo de Trabajo.

Pero también la burocracia sindical ligada al kirchnerismo (CGT Rodríguez Peña y CTA), que quiere a toda costa una integración al PJ de Schiaretti y De la Sota para 2019.

No obstante todo este armado, la privatización y el cambio del CCT todavía no han sido implementados. Schiaretti ha chocado contra la destacada lucha de los lucifuercistas que vienen peleando hace varios meses. Esa lucha, por enfrentar la reforma laboral, la privatización de un recurso estratégico y los planes del FMI, y por tratarse de una histórica organización obrera, es una lucha de todos los trabajadores cordobeses y del país. Por eso hay que avanzar en un plenario provincial de trabajadores y convertir la lucha lucifuercista en una causa obrera y popular.

Desde el Partido Obrero en el Frente de Izquierda estamos de lleno en este sentido, en las calles y en la Legislatura, donde el compañero Eduardo Salas viene denunciando y oponiéndose a estos planes antiobreros. Y planteamos un programa de salida: no a la privatización de Epec; no a la reforma laboral; el CCT no se toca; control obrero y popular de la Epec; basta de tarifazos; nacionalización de todos los recursos energéticos, bajo control obrero; abajo el pacto con el FMI; por un congreso de bases del movimiento obrero para establecer una salida a la crisis.