El robo a los jubilados y pensionados que el gobierno de Fernández estableció en la ley de “solidaridad social y reactivación productiva” es el primer capítulo de una serie que tiene como objetivo convertir los haberes del trabajador retirado en una suma asistencial, para destinar los millonarios fondos de la seguridad social al pago de la deuda usuraria y al rescate del capital. Uno de los capítulos que sigue es el ataque a las cajas provinciales que no armonizaron con el régimen nacional, como es el caso de Córdoba. 

Durante el 2019 la Caja de Córdoba tuvo un déficit de 17.772 millones de pesos, con ingresos por 47.002 millones contra egresos por 64.774 millones. El gobierno de Macri se comprometió a cubrir las dos terceras partes de ese desfasaje, como lo venía haciendo los años anteriores; sin embargo las últimas dos cuotas correspondientes a noviembre y diciembre no fueron pagadas. El gobierno de Fernández expresó que no iba a desconocer la deuda del 2019, pero tampoco podía establecer una fecha de pago. En una reunión que se realizara el 24/1 con Claudio Moroni (ministro de Trabajo), Alejandro Vanoli (Anses) y representantes de las provincias que tienen cajas propias, los funcionarios nacionales habrían planteado la grave situación que imposibilita la asistencia y habrían invitado a las provincias a seguir el camino de Nación, avanzando con la “movilidad” y “cambios para los judiciales” (La Voz 26/1). 

Para 2020, el déficit de la Caja cordobesa se calcula cercano a los 30 mil millones de pesos. Así las cosas, Schiaretti se prepara para dar un nuevo zarpazo contra los jubilados. Llamativamente el asunto, de máxima importancia para las finanzas locales, no fue abordado en el discurso de apertura de sesiones legislativas del último sábado. Como las medidas a tomar pueden tener un alto grado de conflictividad social, el gobierno se mantiene reservado. No obstante, los trabajadores cordobeses conocen muy bien esas posibles medidas porque ya fueron tomadas con anterioridad, y enfrentadas con grandes movilizaciones obreras y populares como fue el levantamiento del 2008 contra el proceso de armonización que impulsaban el propio Schiaretti y Cristina Fernández de Kirchner. 

Una historia de ataques a la caja 

La historia demuestra el largo recorrido de los gobiernos capitalistas para destruir la caja provincial. En 1992, con la privatización del sistema jubilatorio nacional, las provincias aceptaron entregar el 15% de los recursos coparticipables para financiar el déficit de la Anses. En 1993 se estableció el compromiso de Nación de absorber las cajas locales. En 1995 el gobernador Mestre, por decreto 1777, impone un recorte en las jubilaciones al calcular el 82% sobre el salario del bolsillo no sobre el bruto (lo cual en el 2007 fue declarado inconstitucional). En 1999 se suscribió el “Compromiso Federal” donde el gobierno nacional se comprometía a financiar los déficits provinciales, pero las provincias debían armonizar en 180 días. Por la fuerte resistencia obrera el proceso de armonización se fue postergando en Córdoba. Recién en 2003 se comienza con algunas medidas como fue el alza de edad jubilatoria. En el 2008 se continúa con otras modificaciones, entre las cuales sobresale el cambio de la base para el cálculo de la jubilación, que pasa a ser un promedio de los últimos cuatro años y no el último sueldo. 

Posteriormente vienen nuevos ataques tanto del gobierno del PJ local como del gobierno de Cristina, que durante un periodo de varios años se niega cubrir el déficit de la Caja, bajo el argumento de que la provincia no había “armonizado”. En agosto de 2012, el gobernador De la Sota impuso la ley provincial 10.078 que difería los aumentos por seis meses. En 2015, Schiaretti deroga esa normativa, pero a la vez impone la ley 10.333, que calcula el haber del 82% no sobre el bruto sino sobre el 89% del salario, lo que da un haber del 73% que es el que actualmente se paga. 

La situación actual y las medidas que se evalúan 

La Caja de Córdoba paga en la actualidad 107.941 prestaciones entre jubilaciones y pensiones. Tiene 195.243 aportantes que abonan un aporte que va del 16% al 20%. La cantidad de aportantes se ha visto disminuida por el fuerte proceso de precarización laboral que es impulsada por el Estado, los municipios y las empresas estatales, donde pululan el trabajo negro vía monotributistas y programas de empleo, o las tercerizaciones de áreas enteras como es la limpieza en escuelas y dependencias provinciales, operativas en la municipalidad de Córdoba o automotores en EPEC, solo para mencionar algunas. Además en el año 2016, mediante el decreto 1.492, Schiaretti dispuso un recorte generalizado de entre 3% al 5% de los aportes patronales que dejaron los mismos en el orden del 16% al 20%. 

Se abona un haber medio de $54.079, que en el caso de las pensiones llega a los $38.651. A su vez tiene un haber mínimo de $19.000 a diciembre pasado, y un haber tope máximo que es equivalente al 82% del sueldo del gobernador ($262.869). Pero dentro de esos valores se cuentan los funcionarios: gobernadores, legisladores, jueces, intendentes, ministros, secretarios y comisarios que en todos los casos cobran verdaderas jubilaciones de privilegios. De la página web de la Caja solo se pueden visualizar como ítems separados las 856 “autoridades del poder ejecutivo y legislativo” que tienen un haber medio de $105.511 y los 1.511 magistrados y funcionarios del Poder Judicial que perciben un haber medio de $199.599. En el caso de los jueces 850 superan el tope del 82% del sueldo del gobernador, que no rige para ellos. En su defensa dicen que aportan el 22%, pero en realidad solo le descuentan el 12%, ya que les reponen un 10% en concepto de no remunerativo. 

A simple vista se notan las causas del déficit de la Caja, todas las cuales están relacionadas a una política de la clase de capitalista y de su Estado de imponer salarios y jubilaciones (salario diferido) de miseria a los trabajadores. Pero lejos de revertir esa política, dada la gravedad del asunto, el gobierno de Schiaretti se apresta a profundizar esa posición. Entre las medidas que se barajan para enfrentar el déficit de la Caja se mencionan: recalcular el haber inicial a lo Mestre, diferir los aumentos a lo De la Sota, calcular el haber inicial sobre el promedio de los últimos 10 años de actividad como reclaman los “armonizadores” del gobierno nacional, o incluso establecer un nuevo impuestazo contra el pueblo trabajador.

Un programa de salida para las y los trabajadores 

La Caja de Jubilaciones de Córdoba ha sido desde siempre una gran fuente de financiamiento de los gobiernos capitalistas, por eso la mantienen bajo su control. Desde esa imposición pretenden ahora dar un nuevo ataque a las y los trabajadores activos y jubilados. Hay que organizar la coordinación de todos los sindicatos involucrados y lanzar un plan de lucha con un programa independiente que enfrente el ajuste capitalista. Terminar con el trabajo precarizado y en negro, reponer aportes patronales, eliminar jubilaciones de privilegios de funcionarios, retomar el control de la Caja mediante un directorio electo y revocable, y reponer el 82% móvil, son las principales consignas que deben unir a las y los trabajadores. Es fundamental avanzar en el debate mediante asambleas en los lugares de trabajo. La lucha por las jubilaciones ya se impuso en la agenda, vamos por la mejor preparación de la clase obrera.