Daniel Scioli quiere cubrir parte del déficit provincial con la plata de los jubilados provinciales y con el vaciamiento del Instituto de Previsión Social (IPS), y así justificar un ajuste y reforma del sistema previsional en su conjunto, aumentando la edad jubilatoria y achicando los haberes. Para eso, mandó a la Legislatura un proyecto de ley de “Ordenamiento Financiero Previsional” con varios objetivos.

1) Blanquear los desvíos del superávit del IPS, ya hechos en forma ilegal. Se habla de 1.000 millones de pesos.

2) Meter más la mano en el IPS con un bono que podría llegar hasta los 2.000 millones, “con plazo de vencimiento superior a un año” (artículos 12 y 26). Scioli quiere hacer lo mismo que Cristina con la Anses, agravado: porque mientras la Anses le presta al Tesoro a un año, a tasas ridículamente bajas, Scioli quiere enchufarle Bonos a 3, 5, 10 ó 20 años, también a tasas bajas, para licuar por completo los fondos previsionales.

3) Incorporar al IPS las cajas jubilatorias deficitarias de la Policía y del Banco Provincia, de manera que el banco y la provincia dejen de financiarlas, ya que quedarían absorbidos por el IPS.

4) Ratificar el acuerdo firmado por Solá con Kirchner, en 2004, por el cual la provincia debe “armonizar” el sistema previsional con el nacional. Esto es, subir la edad jubilatoria, adecuar la movilidad a la nacional (arts. 5, 10, 16 y 21).

5) El IPS y las cajas del Bapro y Policía pasarán a integrar el Subsistema de Administración Financiera en Materia Previsional de la Provincia. Con esto pierden su autonomía y quedan subordinadas a lo que decidan el Ministerio de Economía y el Presupuesto Nacional (artículos 2 y 3). El órgano rector de dicho subsistema será el IPS de Buenos Aires, confirmando la pérdida de su autarquía (artículo 4).

6) Se autoriza que la Ley de Presupuesto fije “el tope presupuestario para las transferencias y anticipos del Tesoro a los regímenes previsionales deficitarios” (artículo 13). Es una variante de la Solidaridad Previsional de Menem y Cavallo porque condiciona el pago de los beneficios a lo que se establezca en el Presupuesto y desaparece la garantía constitucional de que el Estado provincial responde por los beneficios previsionales.

7) Para acceder al financiamiento del déficit, las cajas “deberán cumplir metas de gestión”. “Dichas metas deberán ser aprobadas por el Poder Ejecutivo con la intervención del Ministerio de Economía” (artículo 17).

Después de todo esto, Scioli, su ministro de Economía y el titular del IPS,  Stahlberg, dicen que el proyecto del gobierno “no es una reforma previsional”.

No, es peor que una reforma. Porque es una sustracción de fondos y coloca a todo el sistema jubilatorio de la provincia en manos del Ejecutivo provincial.