La “emergencia” intenta fortalecer el autogobierno de la policía. El Servicio Penitenciario usa a presos para cometer robos y otros delitos. Un retorno a los edictos policiales.

La emergencia de seguridad declarada por Scioli es un plato varias veces recalentado. No contempla la iluminación y pavimentación de los barrios, la solución de la crisis habitacional, un trabajo digno para los jóvenes ni la eliminación de los reglamentos policiales que desencadenan el gatillo fácil. Scioli simplemente se olvida de la inseguridad que viven los jóvenes ante la policía. No establece ninguna medida de depuración del personal policial vinculado con el delito organizado; nada para que los vecinos y los trabajadores controlen las comisarías; no desmantela las mafias policiales que se hicieron conocer en los amotinamientos de finales de 2013.

Esta “emergencia” de Scioli, en cambio, apunta a fortalecer el autogobierno de la misma bonaerense. Lo deja en claro el reingreso de los 15 mil bonaerenses retirados de la fuerza y el aumento de su presupuesto.

El agregado de nuevas cárceles y alcaldías suena a desatino cuando las cárceles que ya existen se encuentran abarrotadas por delincuentes menores y miles de procesados sin condena efectiva -o sea que operan como escuelas del vejámen y el delito. El juez Arias ha denunciado en un fallo judicial la existencia de bandas que operan en el servicio penitenciario, usando a presos como mano de obra para robos y otras acciones delictivas. La ola de fugas se explica por la complicidad de las autoridades penitenciarias.

Policías para todos

Scioli retoma la orientación de la saturación policial, desarrollada por Granados el año pasado con otro anuncio frustrado: el de llevar a la Bonaerense a 100 mil efectivos. La reglamentación presentada a la Legislatura para las policías comunales les otorga la potestad de detener a cualquier ciudadano incluso por falta de documentos, en un retorno a los edictos de la última dictadura.

La “emergencia” de Scioli encomienda al auxiliar policial los servicios de seguridad privados. En estas empresas se encuentra la “mano de obra desocupada”, demasiado comprometida para volver a la bonaerense por la puerta grande. Según el proyecto presentado en la Legislatura, a estas fuerzas se las habilitaría a detener o actuar de oficio.

Los recursos que no existen para la salud y la educación aparecen a la hora de militarizar -incluso después de la pauta salarial que se les otorgó en diciembre (10 mil pesos). En las puertas de un defol provincial, los ajustadores no conocen de límites financieros en el rubro policial.

Massa y De Narváez han saludado el paquete sciolista con entusiasmo, y el frente radical-FAP no crítica el contenido, sino que pone en duda los “motivos” de Scioli. La saturación policial de las zonas obreras es funcional al plan de devaluación, tarifazos y cepo salarial.
En oposición a una emergencia que refuerza al principal factor de la inseguridad popular (el aparato estatal y paraestatal de represión), planteamos, como transición, el desmantelamiento de la Bonaerense y el control vecinal y obrero de las comisarías.

Guillermo Kane