La crisis política de la provincia concentra los problemas del país. La intervención federal del gobierno de Cristina -o, lo que es lo mismo, el forzamiento de la renuncia de Scioli- tiene por objeto disciplinar la provincia a la caja central y unificar las dos cajas. Mariotto, quien asumiría ante una eventual renuncia del motonauta, no sería un gobernador, sino un delegado presidencial en la provincia -“que se vaya, que yo gestiono la provincia”, en palabras de CFK. Del asalto a la CGT pasamos al asalto a la principal provincia del país. Ambas cosas en función de un disciplinamiento para lograr la confiscación a los bolsillos populares, como ya hemos visto con el impuesto al salario, con las paritarias a la baja, con el saqueo de la Anses, con el vaciamiento de las reservas del Central -que dispara la inflación- y con el frenazo económico por la vía de las restricciones al dólar y al comercio exterior. Cristina busca transferir los costos de su derrumbe a los gobernadores -o, por lo menos, compartirlos para que ninguno se monte en la crisis para sucederla o para quitarle el control de la sucesión.

Scioli contragolpeó con el envío de la ley de emergencia económica -como una variante de “ajuste autóctono”-, defendiendo un “federalismo” que busca aplicar el veneno mediante su camarilla y sus propios socios capitalistas. Pero viene desgastado para la tarea. La propia cuotificación del aguinaldo, el parate de las obras públicas, los atrasos de 400 millones de pesos a los comedores y el recorte de los subsidios a los salarios de los suplentes en la educación privada traducen el fracaso del impuestazo, que costosamente se aprobó por medio del decreto del (pequeño) revalúo rural y del aumentos de ingresos brutos, entre otros.

La “emergencia” coloca en la mira a las empresas públicas bonaerenses (inversiones, salarios y personal), al plantear la creación de un holding único -dependiente de la Secretaría General de la Gobernación- para “reducir gastos” en Astilleros, Bagsa, Absa y Ferrobaires. También enfila contra los planes sociales y autoriza al Estado a rescindir y a renegociar contratos -lo que en forma inmediata puede afectar la distribución del “Plan más Vida” y a los miles de trabajadores en negro y contratados, incluidos los “monotributistas” que son tercerizados de los ministerios. Después de haber anunciado que la “emergencia” incluiría 18.000 jubilaciones de oficio, Scioli ha sugerido que podría quitar esta medida de la ley (o sea que se dispone a aplicarla por otras vías) para tender un puente de negociación con la oposición y con las burocracias sindicales estatales y docentes. Sintonía fina sciolista.

La oposición patronal está dividida en torno de la Ley de Emergencia, por el costo político y antipopular de la medida. Esto no impide que desde el peronismo federal a los radicales, PRO, FAP y Coalición Cívica le planteen a Scioli un “frente unido” por la coparticipación y por la ampliación del Fondo del Conurbano. Pero son maniobras. Con dieciocho provincias en rojo, cualquier redistribución de la coparticipación derivaría en otras crisis y en levantamientos populares. Por otro lado, si el Estado nacional tuviera que redistribuir la torta con la que se quedó desde 2003, se agravaría el déficit fiscal nacional, que es la madre de la crisis en la provincia de Buenos Aires.

Unos y otros miran con voracidad los depósitos del Banco Provincia (29.000 millones), de los cuales buscarían sacar (mediante endeudamiento) 6.000 millones -es decir, poner al borde de la bancarrota a la segunda entidad bancaria del país.

Nuestro partido apoya y organiza la huelga del medio millón de estatales bonaerenses. Incluso -especialmente- proponemos superar la estrechez de los paros aislados mediante la huelga general hasta arrancar el pago del aguinaldo completo. Las diferentes alas de los sindicatos no creen en esta posibilidad y lanzan paros para “canalizar” la bronca.

Pero no se trata de una mera estrategia sindical, que la es. Se trata de forzar un giro político y económico, por el cual la economía de la provincia se reorganice a partir del pago del aguinaldo y las demás reivindicaciones obreras y populares que emergen del vasto ajuste en marcha.

La batalla “antineoliberal” de los mariottistas es el barniz del cristinismo, empeñado en solventar la deuda externa y la montaña de subsidios a la patria contratista y concesionaria. A Scioli lo tienen que sacar los trabajadores, no Cristina.

Para que la crisis la paguen los capitalistas y no los trabajadores: pago inmediato en tiempo y forma de aguinaldos y de salarios; reapertura de las paritarias, sin tope; suspensión del pago de la deuda externa provincial y nacional; impuestos progresivos a la riqueza, al gran capital y a la propiedad terrateniente; nacionalización integral de las privatizadas, apertura de libros y control obrero de gestión; movilización del ahorro del Banco Provincia y del resto del ahorro nacional, por medio de la nacionalización de la banca; ningún despido; salario equivalente a la canasta familiar.