Entre los planes de Scioli, figura un generoso blanqueo de capitales. El proyecto fue elaborado por Miguel Bein, uno de los principales asesores económicos del ex motonauta. Pero, en paralelo, viene trabajando en esa materia Ricardo Echegaray, titular de la Afip, que fue confirmado para continuar en funciones en caso de que Scioli gane las elecciones.

 

El plan consistiría en la emisión de un bono, pero con la novedad de que el inversor adquiere el derecho a blanquear capitales por el equivalente al monto invertido en ese título público. El Estado extendería una constancia (estampilla) para dicho blanqueo. Ante el temor de que una nueva emisión del título fracase -aunque se la retribuya con elevadas tasas de interés, como ya ha ocurrido en la última etapa- Scioli ha decidido curarse en salud y ha optado por otorgarle este beneficio impositivo adicional a los inversores.

 

Pero la novedad más importante es que no obliga al inversor ni siquiera a la repatriación efectiva del capital. El bono se puede comprar con dinero que está fuera del país. “En el momento de la compra del bono, el Banco Central registra el ingreso de los dólares, pero el sujeto dispone de la opción de desprenderse del título en el mercado y hacerse de las divisas correspondientes según el precio de mercado. Eso sí: conserva la ‘estampilla’ para utilizarla cuando quiera” (Clarín, 22/10).

 

Bein se opone a una devaluación abrupta y defiende la vigencia de los “controles de capitales”. En otras palabras, la continuidad del cepo hasta que el país logre revertir la escasez de dólares. En la búsqueda de recomponer las maltrechas reservas del BCRA, una de las patas sería el blanqueo que acompañaría el arreglo con los buitres. La otra consistiría en la reducción de las retenciones. Pero, por primera vez, en dicha rebaja se incluye a la soja. “Quince puntos de las retenciones a la soja como guiño para que los productores liquiden 22 millones de toneladas que tienen retenidas en los silo bolsas” (Euroblue, 22/10). Esto implica bajar las retenciones del 35% actual al 20%. El Estado dejaría de cobrar unos 70.000 millones de pesos que irían a las arcas de ruralistas y exportadores. La menor recaudación por retenciones sería compensada con un tarifazo a través de un aumento generalizado de los servicios públicos. La política “gradualista” debutaría con un mazazo contra el bolsillo de los trabajadores.

 

Esta catarata de concesiones anunciadas en vísperas de las elecciones no ha sido suficiente, sin embargo, para seducir a las patronales del campo y a la clase capitalista. El macrismo, por ejemplo, arrasó en los distritos agrarios de la provincia de Buenos Aires, duplicando la votación que cosechó el oficialismo. La presión devaluatoria de la burguesía ha ido creciendo y se extiende, también, a sectores de la clase media más acomodada que han desplazado sus ahorros a la divisa norteamericana. El triunfo de Macri plantea la posibilidad de un desarme completo de la economía regulada del kirchnerismo. Esto es lo que explica la suba de la bolsa y la reacción favorable de los mercados frente al resultado de los comicios.

 

El intervencionismo oficial está definitivamente superado para pilotear una crisis económica que se agrava cada día que pasa. Frente al virtual agotamiento de las reservas, el gobierno ha echado mano al recurso desesperado de alentar el contrato de dólares a futuro para contrarrestar las corrida a la divisa norteamericana. El BCRA está vendiendo dólares a marzo del año que viene a 10 pesos cuando en el mercado se negocian a 15. Se trata de un seguro de cambio a las grandes empresas que son las que tienen acceso a este tipo de operatoria. A esto se agrega la decisión que se acaba de conocer de restringir a la mitad los ya menguados permisos de importación, con lo cual se pone en peligro el crítico suministro de insumos y amenaza con llevar a la parálisis a sectores enteros del aparato productivo.

 

Pero tampoco el macrismo tiene la vaca atada. La política de shock -devaluación incluida- entrañará un golpe brutal al bolsillo popular, sin que eso asegure la afluencia de dólares e inversiones al país en momentos que se acentúa la crisis y la huida de capitales de los países emergentes. En medio de este panorama incierto, el macrismo no descarta -y tiene también en la gatera- la carta de un blanqueo incluso más ambicioso que el oficialista. “La idea es que haya una tasa del 8% para el dinero que se blanquee, pero que quede en el exterior y del 5% para el que ingrese en el país. En particular, se le cobraría un 4% al que se invierta en acciones y el 3% en inmuebles” (La Nación, 22/10).

 

Ni hablar que el blanqueo que fogonean ambos candidatos implica un amplio manto de impunidad para la clase capitalista, comprometida con la evasión fiscal, los contratos espurios con el Estado y el narcotráfico. Un indulto, en definitiva, para los Lázaro Báez, tanto del campo oficialista como del opositor.