Mediante un decreto, el gobierno estableció nuevos límites en los requisitos para acceder a la pensión por invalidez, cercenando su acceso. La decisión fue tomada en el marco del brutal ajuste fiscal que el Ejecutivo descarga sobre la población: “El sistema le cuesta al Estado 3.400 millones de dólares por año, lo que equivale al 3,5% del presupuesto de 2025”, sostuvo Federico Sturzenegger, ministro de Transformación y Desregulación del Estado.

El impacto de esta medida podría ser devastador para las personas con discapacidad, considerando que atrasa 30 años en derechos conquistados. Pero sobre todo golpea de lleno a los niños con discapacidad y sus familias, que dependen de estas pensiones para garantizar su acceso a prestaciones esenciales de salud. Sin esta cobertura, muchas familias no podrían costear los costosos tratamientos médicos que sus hijos necesitan.

El decreto reintroduce una serie de requisitos estrictos para acceder a la pensión, la cual ronda los $235.000. En primer lugar, exige que la incapacidad sea total y permanente, afectando en al menos un 66% la capacidad de trabajo del solicitante. A su vez, para acceder a la pensión “no se permite tener empleo formal ni ser titular de otras prestaciones. Para menores de edad, no debe haber parientes con obligación legal de alimentarlos, a menos que estén imposibilitados de hacerlo. También se excluye la posibilidad de contar con cónyuges o parientes que puedan brindar atención alimentaria con ingresos suficientes.

Esto significa que las personas con discapacidad que quieran acceder a la pensión deberán confirmar que no trabajarán ni percibirán ningún otro ingreso más que el de la pensión el cual no alcanza ni a la línea de indigencia. En el caso de los niños con discapacidad, si es hijo de padres separados y el padre paga una cuota alimentaria, también le será negado el acceso a la pensión.

Este colectivo es uno de los principales blancos del gobierno. Recordemos que viene de aplicar 170 despidos en la Agencia Nacional de Discapacidad, organismo encargado de velar por los derechos de las personas con discapacidad y profundizó el vaciamiento de la prestaciones. Ahora arremete nuevamente restringiendo aún más el acceso a las pensiones, vulnerando un derecho conquistado por las personas con discapacidad a fuerza de lucha.

Hay que luchar contra el programa de ajuste oficial que el gobierno descarga sobre las mayorías, sobre todo contra los más vulnerables. La única forma de hacerlo es en las calles.

¿Empieza la cuenta regresiva de Milei?

Editorial de Gabriel Solano en la edición #25 de 14 Toneladas. –

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