La crisis política y social en San Luis avanza a pasos agigantados. En la semana que pasó han habido dos multitudinarias movilizaciones que reunieron de conjunto más de 15.000 manifestantes.

Las ocupaciones de escuelas en la capital de la provincia (en contra de los interventores designados por Alberto Rodríguez Saá) se han duplicado; la actividad escolar está paralizada y se realizan cortes de calle. En Villa Mercedes, el paro del 90% de la docencia ha impedido el inicio de las clases. El reclamo educativo (que incluye a docentes, padres y alumnos en la defensa del Estatuto) ha sido el eje de la movilización del jueves, junto con el respaldo al reclamo de los municipales de la capital por el pago de los salarios adeudados.

El conflicto y las movilizaciones han adquirido un carácter netamente político. Han aparecido las consignas de “Chau Alberto”, “Abajo el régimen de los Rodríguez Saá”, etc.

Las movilizaciones son dirigidas por la llamada Multisectorial: la Iglesia, la Sociedad Rural, las cámaras empresariales, sectores del PJ, los gremios estatales, la CTA, y los partidos políticos opositores. Este frente de derecha a izquierda apoya tanto los reclamos de docentes y municipales, como a la Iglesia, que reclama la devolución de los institutos de menores.

Se desintegra el régimen

El gobierno se ha mostrado proclive a volver atrás con las intervenciones en las escuelas y a negociar con la Iglesia, pero parece tarde. El PJ se está desintegrando. Fueron expulsadas figuras como el eterno Oraldo Britos; hay renuncias con diversos argumentos. Adolfo Rodríguez Saá debió bajar a la provincia para armar un congreso del PJ, no sin antes prometer sanciones graves a aquellos dirigentes o funcionarios “que no estuvieron a la altura de las circunstancias”. Los Saá se niegan a entregar el municipio capitalino a Pérsico, surgido de las elecciones convocadas por el ex intendente Ponce (enemigo de los Saá) e insisten en colocar a María Torrontegui, que ganó las elecciones orquestadas por la gobernación. El conflicto municipal ha quedado en manos de la Corte Suprema de la Nación. La quiebra del régimen alcanza a la burocracia de los gremios.

Los Saá acusan a los “bonaerenses del PJ” de “desestabilizar la provincia”.

Picos y palas

El gobierno está instrumentando como fuerza de choque a los casi 30.000 desocupados enrolados en el llamado Plan de Inclusión. Ha censado a los beneficiarios del plan que tengan título docente, con el objetivo de cubrir vacantes, y los ha llevado a enfrentar las ocupaciones de escuelas, o a la Iglesia. El gobierno enfrenta a los desocupados que están bajo su control con el resto de la población.

Perspectivas

“El Adolfo” forzaría la renuncia de “el Alberto” para convocar a nuevas elecciones. Los capos de la Multisectorial no se han pronunciado; los que hoy la dirigen han sido (y son) socios y beneficiarios de los Rodríguez Saá y los bancaron “en las buenas y en las malas”.

Es necesario impulsar las asambleas populares que, tomando como eje la lucha educativa, unan a los ocupados y desocupados en un programa común: fuera los interventores de las escuelas, aumento general de salarios, pago a los municipales, apertura de las empresas cerradas, libertad de organización para los desocupados, por una gran asamblea popular