El pasado miércoles 11 la Cámara de Diputados de la Nación aprobó el Convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso. Así, quedará ratificada por la Argentina dicha norma internacional, que en nuestro país tendrá jerarquía superior a las leyes, lo que significa que ninguna ley ni convención colectiva de trabajo podrá regular por debajo de esa norma o en detrimento de los derechos que consagra para las trabajadoras y los trabajadores.

No obstante, el convenio entrará en vigencia el 25 de junio de 2021, un año después de la segunda ratificación realizada por Fiji; el primero que lo ratificó fue Uruguay. Argentina, si no se presenta antes otra ratificación, será recién el tercer país en ratificarlo.

En una época de crisis capitalista y de ataques sin tregua a las mujeres y a toda la clase trabajadora es importante analizar la función que cumple esta norma y los motivos por los cuales la Corriente Federal y la CTA promueven y festejan su aprobación.

En la OIT participan los Estados con una representación tripartita –gobierno, y los sectores trabajador y empleador- y todos votan. Así, el convenio fue aprobado por 397 votos a favor, 12 votos en contra y 44 abstenciones. En éstas últimas se destaca, en nuestro caso, la representación patronal argentina, a través de su representante Funes de Rioja (UIA), siendo la gran mayoría de las abstenciones expresadas por el sector empleador y por los gobiernos de Brasil, Colombia, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Kirguistán, Paraguay y Rusia. Los doce votos en contra también provienen del sector empleador.

Junto con el convenio, se aprobó la Recomendación 206 que determina los alcances –y en algunos casos amplía- lo dispuesto en el convenio.

Este convenio llega con una gran resistencia por parte de todos los Estados en su tratamiento, y el hecho de que finalmente en el año 2019 se logrará su aprobación en la OIT no es más que el resultado de la lucha desplegada trascendentalmente por el incansable movimiento de mujeres trabajadoras y los colectivos LGTBIQ que han emergido con profunda fuerza en todos los países del mundo en estos últimos años, que pelean contra todas las formas de violencia, opresión y explotación contra las mujereses y diversidades.

Fue este movimiento el que logró romper ese dique de contención impuesto por los gobiernos, las patronales y las burocracias sindicales de todos los países del mundo. Es el resultado de la ola verde y los pañuelos violetas, el Ni Una Menos y la lucha por el derecho al aborto legal, y el gran Paro Internacional de Mujeres del 8 de marzo de 2018. Sólo así, y un año después, la OIT sometió a tratamiento este convenio sobre la violencia y acoso en las relaciones de trabajo.

Un derecho conquistado para toda la clase trabajadora

En su artículo 1 el convenio expresa que éste “protege a los trabajadores y a otras personas en el mundo del trabajo, con inclusión de los trabajadores asalariados según se definen en la legislación y la práctica nacionales, así como a las personas que trabajan, cualquiera que sea su situación contractual, las personas en formación, incluidos los pasantes y los aprendices, los trabajadores despedidos, los voluntarios, las personas en busca de empleo y los postulantes a un empleo” y se aplica a todos los sectores (público o privado, de la economía formal e informal, en zonas urbanas o rurales).

Se aplica para sancionar la violencia y el acoso durante el trabajo, en relación con el trabajo y como resultado del trabajo. Es decir, incluye todos los tipos de violencia y todas sus modalidades. Luego, en particular, establece la protección para los casos de violencia por razones de género y sexo.

Obliga a los Estados a adecuar su normativa interna a lo dispuesto en el convenio, a establecer mecanismos efectivos de prevención, sanción y reparación, y generar políticas públicas destinadas a esos fines.

Define a la violencia y al acoso como “un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género”.

Ahora bien, algunas apreciaciones

Ha sido importante que la Argentina haya aprobado el convenio y su recomendación, de hecho será, muy probablemente, el tercer país en ratificarlo ante la OIT. Y si aquí fue aprobado no ha sido más que consecuencia de la expresión local de ese gran movimiento de mujeres trabajadoras y diversidades, que es uno de los más importantes. La lucha en la Argentina, por su contundencia y masividad, ha sido efectivamente una referencia para las mujeres y diversidades en Latinoamérica y también en otros países del mundo.

Argentina: poco pan y mucho circo

El gobierno y las burocracias sindicales de las CTAs y la CGT, que festejaron efusivamente en la OIT, han pretendido –y aún pretenden- hacer de la sanción de este convenio su caballo de batalla.

Es la manifestación sincrónica del gran proceso de cooptación dirigido por el gobierno hacia el movimiento de mujeres y diversidades, que tuvo su conato con la creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades a nivel nacional, y organismos análogos en distintas provincias.

En tanto que las burocracias con sus representantes parlamentarios en el Frente de Todos, que ahora pretenden conmover con discursos grandilocuentes sobre los derechos de la mujeres y diversidades, nada han hecho por ello en décadas. Es más, incluso en muchos casos las han combatido.

El convenio de la OIT para estos sectores no es más que un saludo a la bandera. En nuestro sistema jurídico nunca se sancionó ni se incorporó a la legislación laboral normas específicas que hagan a la prevención, sanción y reparación de la violencia. No estuvo en la agenda de ningún gobierno. Sólo existen, escasamente, algunas regulaciones provinciales que se cuentan con los dedos de una mano. La ley 26.485 sobre protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres apenas es aplicada por los distintos poderes del Estado.

En la previsión presupuestaria 2021, la partida total para el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades apenas supera en un 25% en comparación con la proyectada sólo para el programa que otorga beneficios fiscales y créditos para las Pymes dentro del Ministerio de Producción. En el presupuesto del ministerio, sólo figura un crédito por $10 millones de pesos para el programa de asistencia a refugios para víctimas de violencia de género.

Tampoco estuvo en la agenda de la burocracia. Según el registro de la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral del Ministerio de Trabajo, sólo existen seis convenios colectivos de trabajo relativos al sector público nacional y alguno provincial que regulan el tema de la violencia y el acoso. Las reivindicaciones del movimiento de mujeres y diversidades no han sido consideradas en las negociaciones colectivas, donde además la participación de mujeres o personas de otros colectivos es escasa o nula. Es más, las trabajadoras hemos tenido que ver cómo la CGT, eterna aliada del clero, se opuso –y se opone – a la lucha por el derecho al aborto seguro legal y gratuito.

Burocracias sindicales que en el medio de esta crisis económica, social y sanitaria no levantaron ni un dedo, ni por la clase trabajadora ni por las trabajadoras cuyo nivel de segregación y explotación llegó a niveles inusitados. Y si lo levantaron fue para firmar, a la medida de las patronales y el gobierno, acuerdos de suspensiones, rebajas salariales, despidos concertados, todas medidas en línea con el ajuste que reclama el FMI.

La lucha, en las calles y en cada lugar de trabajo

Por eso, que el árbol no nos tape el bosque. La aprobación del convenio es importante en la medida que otorga herramientas que no existían hasta hoy, pero incluso así, recién en junio del año que viene comenzará a regir. Y no será más que letra muerta sino se lucha por su efectiva aplicación. Con él no se resuelve la agenda sobre este tema y esta problemática del movimiento de mujeres y diversidades, ni de la clase trabajadora. Por eso, la lucha continúa más vigente que nunca, y se da organizándonos con un programa propio, independiente de las burocracias y los partidos patronales, enfrentando la cooptación, en las calles y en cada lugar de trabajo.