En una Legislatura porteña completamente vallada y rodeada por una importante movilización de docentes, trabajadores de la salud y municipales, se aprobó la Emergencia Económica enviada por Horacio Rodríguez Larreta. El proyecto establece amplias prerrogativas al Ejecutivo para modificar las partidas del presupuesto 2020 y manejarlas a piacere, en el medio de escándalos de compras con sobreprecios y negocios para los amigos; al tiempo que establece un fuerte ajuste contra los trabajadores del gobierno de la ciudad y los barrios populares.

Mientras en las villas porteñas se desarrolla un brote de coronavirus alarmante (más de 300 casos en pocos días), la ley recorta el 50% de lo que el Instituto de la Vivienda (IVC) recibe del juego. Una quita que condena a los habitantes de las villas al hacinamiento, la falta de agua, el dengue y todos los padecimientos propios de la falta de urbanización que vienen denunciando. Quedó demostrado el carácter fraudulento de la urbanización de Rodríguez Larreta, celebrada por Alberto Fernández en declaraciones radiales recientes.

En otro capítulo el proyecto habilita la revisión de todos los contratos de locación de servicios, con lo que pone en riesgo más de 18.000 puestos de trabajadores precarizados del gobierno a través de un fraude laboral. Es un flagelo que sufren particularmente los empleados de los programas de asistencia social en las villas, lo que delata el lugar que ocupan para el gobierno los barrios populares y sus trabajadores.

Además el proyecto está orientado al congelamiento salarial de decenas de miles de docentes, trabajadores de la salud y municipales, quienes ya vienen con las paritarias postergadas y, en el caso de los docentes, con cuotas acordadas bajo peligro. Un potente ajuste frente a una inflación anual que rondará el 50%.

Larreta tuvo que retroceder con la habilitación del pago escalonado del salario, por la enorme indignación que causó entre los trabajadores, que puso en crisis la votación de todo el proyecto. Con el paso de  los días comenzó a crecer la convocatoria a movilizar el día de la votación, y el jefe de gobierno temió una rebelión como la de los residentes y concurrentes a fines del año pasado. La burocracia de la gremial municipal Sutecba se vio obligada a sacar un comunicado para despegarse del apoyo a la ley.

Cientos de trabajadores y vecinos de las villas de la Ciudad rodearon la legislatura tomando medidas de distanciamiento social para rechazar la Emergencia. Entre ellos estaban los docentes de Ademys, la asamblea de residentes y concurrentes de CABA, juntas internas de ATE como la de Inti, el Polo Obrero y otras organizaciones.

El contraste con los sindicatos dirigidos por el kirchnerismo fue notable. La UTE, ATE Capital y la AGTSyP no convocaron a nada, se atribuyeron el retiro del artículo que habilitaba el pago escalonado y se dieron por hechos, cuando el resto de los puntos quedaron en pie. En línea con la actitud adoptada por el bloque del Frente de Todos en la Legislatura, que no votó la ley solo porque no eran necesarios sus votos para la aprobación. No olvidemos que vienen de aprobarle al gobierno porteño 150 millones de dólares a Larreta para su uso discrecional. Ningún llamado a organizarse y luchar, porque a nivel nacional se encuentran alineados con la CGT que pactó la rebaja salarial con la UIA, y que acaba de ser justificada por Alberto Fernández “porque los trabajadores gastan menos en cuarentena”.

El Frente de Izquierda – Partido Obrero rechazó el proyecto y jugó un rol organizador de la movilización contra Larreta. En su intervención, el legislador Gabriel Solano puso de manifiesto que la Emergencia de Larreta no resolverá ninguna de las necesidades de vivienda, salud y educación planteadas por la pandemia. Y llamó a desarrollar una fuerte organización popular para derrotar al gobierno y que esta crisis no la paguen los trabajadores. Por el no pago de la deuda externa y por establecer mayores impuestos a los bancos, a la gran industria y a los especuladores inmobiliarios para dotar de recursos a los hospitales; por la urbanización de las villas y todos los reclamos.