En el marco de las audiencias públicas para aumentar las tarifas, el lunes 29 se discutirán las subas en el servicio de la luz para el Área Metropolitana de Buenos Aires. Edenor exige un incremento del 31% en la boleta final, mientras que Edesur requiere una suba de hasta el 45%. Por su parte, la interventora del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre), María Soledad Manín, propuso que sean del 9%, pero en el marco de ajustes que se realizarán de manera semestral hasta 2023. En cambio, para evitar incrementar los subsidios estatales, el ministro Martín Guzmán había anunciado que los tarifazos debían ser del 30%, como sostuvo en las audiencias del gas. La resolución final sobre el precio de la tarifa implicará un aliciente para la inflación en ascenso, que golpea el bolsillo de las mayorías populares.

En relación al resto de la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof ya adelantó que habrá aumentos del 7% en las tarifas de la luz para el mes de abril. Allí operan otras cuatro empresas distribuidoras, pero todas pertenecen al grupo Desa, de Rogelio Pagano. Este manejo monopólico de la energía eléctrica bonaerense tiene su origen en el gobierno de María Eugenia Vidal y continúa bajo la gestión de Kicillof, que ahora premia a este grupo empresario con el encarecimiento de las tarifas.

El aumento en puerta tiene lugar luego de que la boleta de luz haya subido un 1.500% durante el macrismo, lo que significó ganancias extraordinarias para las distribuidoras de energía como Edenor y Edesur, mientras protagonizaban una huelga de inversiones que derivó en los numerosos cortes de servicio en el Gran Buenos Aires allá por julio del año pasado. Ahora se discute cuánto será el aumento en la boleta, pero en estas audiencias no se dan a conocer los costos reales de generación y distribución de la energía eléctrica, por lo cual, tanto los tarifazos como los subsidios se otorgan a libro cerrado.

Se trata de un régimen inviable que encuentra su origen en la dolarización del gas que se paga a las petroleras, el principal insumo del sistema energético del país. De hecho, en los dos últimos años de congelamiento tarifario el Estado nacional desembolsó 4.781 millones de dólares para subsidiar a Cammesa, la empresa mayorista estatal que compra el combustible que consumen luego las generadoras en las centrales térmicas, que luego pasan a las transportadoras y finalmente a las distribuidoras que prestan el servicio a los hogares.

Alberto Fernández prometió una desdolarización de las tarifas, pero lo cierto es que en el Plan Gas 4 se fijó un precio subsidiado en dólares a las petroleras por el gas en boca de pozo (que pasó de valer 2,50 dólares por millón de BTU a 3,6 dólares). Esta concesión a los pulpos petroleros, sin conocer siquiera los costos de producción, son la base de los tarifazos en toda la cadena energética. No obstante, tampoco han podido revertir la huelga de inversiones que prima en el sector.

Sin dudas, las audiencias públicas para establecer un “Régimen Tarifario de Transición” forman parte de las exigencias del FMI en pos de cerrar un acuerdo, para reducir el esquema de subsidios y por lo tanto el déficit fiscal. La posición del kirchnerismo, al que responde la interventora del Enre, de bregar por tarifazos moderados, es una impostura; sin tocar el esquema de beneficios a las petroleras ni esclarecer los costos de generación y distribución de la electricidad, la variante que ofrecen es aumentar los subsidios a las privatizadas, lo cual requeriría más emisión monetario y tendría entonces un impacto inflacionario.

La única solución de fondo frente a esta encerrona pasa por abrir los libros de todas las empresas que intervienen en la producción y distribución de energía eléctrica, en función de evaluar los costos reales; y dar curso a una nacionalización de todo el sistema energético bajo control obrero, como punto de partida para terminar con el vaciamiento y encarar un plan para industrializar el país.

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