Desde el gobierno tienen en carpeta reducir los subsidios destinados a las empresas del transporte de pasajeros de corta distancia, radicadas en el Amba, y compensar esa disminución con un aumento del boleto, constituyendo un duro golpe al bolsillo popular. Una poda que ya podía vislumbrarse en el proyecto de Presupuesto 2022 presentado por el oficialismo y que forma parte del ajuste que exige el FMI para arribar a un acuerdo.

Según trascendidos periodísticos, el boleto mínimo de colectivo urbano podría pasar de $18 a $25, configurando una suba del 38%. Una medida de este tipo elevaría el costo de vida en un cuadro de deterioro salarial y altos índices de pobreza, dificultando cada vez más el ya intrincado camino de “llegar a fin de mes” para millones de familias trabajadoras. Si bien las tarifas no aumentan en el Amba desde 2019, no debemos olvidar que entre 2015 y 2019 se ejecutaron subas del 600%.

En cambio, en el interior del país los tarifazos nunca se detuvieron. Desde 2019 a esta parte, por mencionar algunos ejemplos, el boleto de colectivo subió un 114% en Rosario alcanzando los $49,50; 110% en Córdoba llegando a $49,88; 39% en Mendoza, elevándose a $25; 88% en Salta donde hoy en día el viaje cuesta $32; y 130% en Bariloche, consagrando un boleto de $62 (La Nación, 21/12).

Con todo, el gobierno apunta reducir los subsidios destinados al transporte, que no son transferencias a los usuarios como se pretende mostrar, sino a las empresas que prestan el servicio. Un recorte dictado por el FMI, en función de achicar el gasto público como garantía de repago de la deuda. En ese sentido, dentro del Presupuesto 2022 presentado por Guzmán, dichas partidas contemplaban una caída real del 3%, en relación a la meta de inflación proyectada -inverosímil, por cierto-, y del 22,1% si lo comparamos con la pauta inflacionaria que prevé el Banco Central para el año que viene.

Ahora bien, las empresas del transporte saldrán indemnes ya que la reducción de subsidios será compensada con tarifazos sobre los usuarios. Finalmente, el gobierno les concede el beneficio de aplicar aumentos en el boleto, sin antes exigir la apertura de los libros para evaluar los costos reales y dilucidar a dónde fueron dirigidos los subsidios millonarios provenientes de los fondos públicos y qué hicieron con las ganancias obtenidas a partir encarecer la tarifa de manera sideral durante el gobierno de Macri.

De ese modo se comprobaría fácilmente el parasitismo que caracteriza a estas patronales, las cuales ensancharon sus bolsillos en lugar de invertir en nuevas unidades, en una mayor calidad del servicio, en mantenimiento y en más frecuencia.  Ni siquiera destinaron esos recursos en mejorar el salario de sus trabajadores, razón por la cual los choferes protagonizaron numerosos conflictos en todo el país, reclamando un básico de $100.000 y condiciones laborales adecuadas. Sin ir más lejos, la Masacre de Once puso de relieve la complicidad del Estado en este vaciamiento empresarial, un entramado de corrupción que produjo la muerte de 52 personas.

A fin de cuentas, mientras las patronales del transporte recibieron en lo que va del año $240.596,1 millones en subsidios, los trabajadores se ven obligados a viajar en condiciones de hacinamiento todos los días de su vida. Y, como si fuera poco, deberán pagar los platos rotos de la política del gobierno, dispuesto a autorizar nuevos tarifazos para complacer al FMI, pero sin perjudicar al empresariado. Lo anterior, sin dudas, echará leña al fuego de la inflación en ascenso y del descontento popular, augurando un escenario explosivo.

Debemos rechazar este ataque y levantar un programa que plantee la apertura de los libros de las empresas del transporte en función de fijar tarifas vinculadas a las necesidades populares y establecer un boleto educativo gratuito en todo el país. Por otro lado, es necesario nacionalizar el transporte bajo control obrero, a fin de mejorar el servicio y terminar con el vaciamiento imperante. A su vez, resulta fundamental recomponer los ingresos de la población a través de un salario igual a la canasta familiar y paritarias indexadas a la inflación. No al pacto con el FMI, por una salida de los trabajadores a al crisis.