Cuando finalizaba la zafra 2018, los obreros del Ingenio La Esperanza recibieron la noticia de que había caído, por tercera vez consecutiva en un año, la venta del ingenio al grupo inversor colombiano Omega.

El juez que entiende la quiebra desestimó el pedido de revocatoria de los abogados de la empresa. Omega no ha realizado ni siquiera el depósito de la garantía y, habiendo pasado tres meses del anuncio de la venta por parte del gobierno provincial, tampoco desembolsó la primera cuota. Esta operatoria de ser adjudicado y no depositar ya había ocurrido con anterioridad en dos ocasiones: frente a la adjudicación directa, y en la licitación pública. La noticia estalló en un escándalo mediático, por todas las manipulaciones de parte del gobierno provincial y su justicia para beneficiar a Omega.

Las condiciones generales del país, que han llevado a la fuerte caída de la industria, han hecho inviable un proyecto de envergadura como la venta del Ingenio: a las tasas de interés elevadísimas en el país y el crédito prácticamente cerrado en el exterior se suman el aumento del combustible y el gas.

En particular en la industria azucarera, la profunda caída del precio del bioetanol desincentiva la diversificación de aquellos ingenios que no adquirieron todavía la tecnología para su producción. Un grupo sólo podría instalarse con enormes beneficios fiscales y subsidios, cosa que en la actualidad el propio gobierno tampoco puede garantizar.

Desguace

Frente a la caída de la operación, el gobernador jujeño Gerardo Morales (UCR) improvisó una conferencia de prensa donde anunció que, si bien se caía el grupo colombiano, la venta se mantenía sobre la base de convocar al segundo en la negociación: Productora del Noroeste S.A., de la familia Budeguer (dueños del ingenio Leales y otras empresas).

Morales aseveró que el grupo está dispuesto a invertir 50 millones de dólares por 30 mil hectáreas y el ingenio, y mantendría el reconocimiento previsto de los 600 obreros. Pero no existe oferta por escrito, que llegaría recién el 12 de diciembre. La que el grupo había hecho en la licitación era muy inferior: 20 millones de dólares por 30 mil hectáreas, sin reconocer a ningún obrero y tomando sólo a los que considere necesarios, sin antigüedad ni categoría.

Así, el anuncio de Morales habilita un desguace mayor. El grupo sólo se quedaría con menos de la mitad de las 70 mil hectáreas que posee el ingenio: el resto quedaría para que el Estado monte un fenomenal negociado, con algunas de las tierras más productivas que quedan en la provincia. Tampoco hay claridad sobre los casi mil inmuebles que posee en la provincia el ingenio, que podría ir por el mismo camino.

La transferencia se realiza en el peor momento para los obreros, ya que se produce al finalizar la zafra, donde los encuentra desorganizados y aislados, fuera de su lugar de trabajo y sin tener herramientas para nivelar la balanza de negociación.

El PJ quiere cambiar de collar, no de perro

El PJ se opuso a la llegada del grupo inversor colombiano pero defendió en todo momento la llegada de un grupo inversor “Nac&Pop”. En primer lugar pidió que se reconozca la licitación del 2008, que ganó el grupo Los Tilianes, de Jujuy, y que el propio gobierno de Eduardo Fellner (FpV) terminó rechazando, para mantener una estatización que habilitó millonarios negocios de sectores amigos vía la tercerización de servicios. Sobre la llegada del grupo Budeguer, ha planteado que es una empresa “seria”, y ahora lo que se trata es de brindarle “seguridad jurídica” para invertir y ver cómo se mantienen los 600 puestos de trabajo. Mientras ven con buenos ojos la llegada del grupo tucumano, para ´cubrirse´ han presentado un proyecto de estatización y cesión a los obreros del ingenio vía comodato.

Un ataque a los obreros

Este nuevo anuncio supone un nuevo golpe a los obreros. El grupo Omega había solicitado al gobierno que sólo necesitaba 600 obreros, lo cual llevó a Morales a producir la desvinculación de unos 600 obreros desde 2016, prometiéndoles un lote, el pase al Estado o la jubilación anticipada y un bono. Hoy muchos de esos obreros están movilizándose frente a la promesa incumplida del gobierno: trabajadores que pasaron al Estado se encuentran en muchos casos sin tareas (antesala de un posible despido) y con salarios significativamente más bajos; los que aceptaron jubilarse no recibieron el bono de $140 mil pesos que les ofrecía el gobierno como una suerte de indemnización.

Ahora los obreros deben defender, en primer lugar, el reconocimiento de la antigüedad y el convenio colectivo, y en segundo lugar la reincorporación de todos los desvinculados, habida cuenta que el ingenio –uno de los más grandes del país– no puede funcionar solamente con 600 trabajadores. De hecho, este año el Estado contrató obreros como monotributistas para cubrir el déficit de personal.

Los trabajadores deben intervenir

Desde el Partido Obrero hemos planteado reiteradas veces la inviabilidad de la llegada de un grupo inversor privado en este cuadro, que no haría más que acentuar los ataques contra los trabajadores y sus condiciones de vida –como ya hemos visto que ha realizado el gobierno de Morales, reduciendo el plantel en función de las exigencias de una empresa que nunca puso un peso en la provincia.

Un anuncio de cierre significaría una revuelta en todo el departamento de San Pedro –cosa que el gobierno teme como la peste–, frente la amenaza de convertirse en una ciudad fantasma como sucedió con las ciudades tucumanas en los ’60.

En este cuadro es que convocamos a los obreros a abrir un debate sobre el destino del ingenio, a través de una asamblea general del gremio para discutir cómo se defienden los puestos de trabajo, la antigüedad y el convenio; a discutir la reincorporación de todos los obreros desvinculados, para poder producir; y el acompañamiento de asambleas populares de los pueblos de San Pedro y La Esperanza para discutir un plan de diversificación de la producción que haga sostenible la explotación de las miles de hectáreas que posee el ingenio, bajo control de los trabajadores.

Derogación de la ley 5929 (que habilita al ejecutivo a despedir obreros)

Reincorporación de todos los obreros desvinculados

Apertura de los libros de la empresa y control obrero de los mismos

Por un plan de diversificación de la producción, bajo control de los trabajadores y discutido con los vecinos de San Pedro y La Esperanza