En la noche del martes el gobierno nacional anunció, como estaba previsto, la creación del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable. El organismo estatal se formalizó para “aprobar la documentación licitatoria” y “efectuar los actos preparatorios” para adjudicar una nueva licitación a manos de un pulpo extranjero de la Hidrovía Paraguay-Paraná, el canal por el que transita el 80% del comercio exterior del país.

El ente autárquico bajo jurisdicción del Ministerio de Transporte contará con un directorio de 15 miembros. Un presidente, tres vicepresidentes y once vocales. Las máximas autoridades serán designadas por el ejecutivo: será el presidente Alberto Fernández quien elija al presidente, mientras que los Ministerios de Transporte, del Interior y de Desarrollo Productivo resolverán en relación equitativa a los tres vicepresidentes y a cuatro vocales, teniendo la superioridad de decidir, sobre dos de estos últimos, la cartera que conduce Alexis Guerrera.

El resto de los vocales quedarán bajo designación de las provincias abarcadas en el Acuerdo Federal Hidrovía. Así se comprenderán las autoridades gubernamentales que por un año asumirán el control de las funciones técnicas y el cobro de peajes con el objetivo de encaminar el proceso licitatorio para otorgarle la adjudicación a otra multinacional.

Este decreto confirma un rumbo generalizado de entrega y de enajenación por parte del gobierno nacional sobre los principales recursos estratégicos y la riqueza del país. Muy lejos quedó la pretensión de un sector del kirchnerismo y de la centroizquierda integrada a la coalición gobernante nucleados en el Grupo 25 de Mayo de una “estatización” del canal. Desde el minuto cero la asunción de la Administración General de Puertos (AGP) al frente de la Hidrovía formó parte de un plan de “transición ordenada” hacia una nueva concesión privada.

Cabe destacar en este sentido que la subinterventora de la AGP, Marcela Passo (massista como el ministro Guerrera) fue premiada con el tercer lugar en la lista bonaerense del Frente de Todos. Se trata de un lugar destacado en el armado electoral, incluso en la provincia gobernada por el delfín cristinista Kicillof, que también se posicionó por una estatización de la Hidrovía.

Como señalamos previamente, la nueva licitación sufrió un empantanamiento en medio de la guerra comercial. Estas tensiones internas del Frente de Todos son parte del cuadro. Un pulpo chino es el que suena fuerte para hacerse de la adjudicación, teniendo ya China un enorme peso e injerencia en el comercio exterior nacional, al turno en que es la principal compradora de materias primas argentinas en el mercado mundial.

Pero en la Rosada tienen claro que la búsqueda de un nuevo programa con el FMI implica acceder a los condicionamientos fijados por el imperialismo yanqui, embarcado en una cruzada contra la creciente influencia del gigante asiático en América Latina, entre la disputas que atraviesan al mercado mundial. Por eso el horizonte que se impone es que avance con la tutela de la OCDE, que se encuentra bajo la órbita de Washington.

Este traspaso del control y la administración del canal en vistas de un nuevo concesionamiento constituye, entonces, un capítulo más de la perpetuación de un régimen de saqueo por parte de todos los gobiernos de las últimas décadas. Le oponemos, desde la vereda contraria, un planteo de fondo: nacionalizar bajo control de los trabajadores la totalidad de los puertos, los recursos estratégicos del país y la cadena de comercio exterior.

Esto permitiría ponerle punto final al sometimiento del país a los pulpos internacionales y a la extranjerización de la riqueza nacional. Queda suficientemente claro que ninguno de los que nos han gobernado (turnándose entre radicales, derechistas y peronistas de todos los colores) van a llevar a cabo estas medidas. Se trata de un giro de 180 grados que solo puede venir de la mano de un programa de los trabajadores que reestructure a la Argentina sobre nuevas bases sociales.

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