De las 55 mil viviendas que Alberto Fernández prometió construir antes que concluyera su mandato presidencial, solo se finalizaron 780. La realización de dichas obras, contempladas en el Programa Reconstruir, choca contra el ajuste fondomonetarista que viene aplicando el gobierno y que profundizará en función de adecuarse a las metas fiscales impuestas por el organismo.

La información surge de los datos revelados por el Ministerio de Desarrollo Territorial, a partir de un pedido de acceso a la información pública. Según la cartera conducida por Jorge Ferraresi, hasta el 2023 se prevé finalizar apenas el 30,46% del total de viviendas prometidas. Esto, cuando el déficit habitacional en el país alcanza a 3,5 millones de hogares.

Lo cierto es que la inversión de $110.000 mil millones contemplada para este plan va en sentido contrario al recorte en obra pública que incluye el Presupuesto 2022 sancionado vía DNU. A todas luces, el derecho a la vivienda de la población es sacrificado en el altar del FMI. Como contrapartida, el gobierno nacional y los gobiernos provinciales no tienen ningún reparo en reprimir violentamente a las familias que luchan por tierra para vivir.

Mientras el gobierno se niega a abrir los programas sociales pese a la pobreza creciente y todo el arco patronal arremete contra el movimiento piquetero combativo, Alberto Fernández entierra la posibilidad de impulsar un plan de viviendas acorde a las necesidades, que permita generar empleo genuino y reactivar la economía. Un reclamo incansable de la Unidad Piquetera, hartamente desoído por quienes gobiernan.

Por otra parte, la iniciativa del gobierno nunca tuvo como correlato la universalización del crédito hipotecario, haciendo que las pocas viviendas finalizadas no estén al alcance de la población más vulnerable. Los programas oficiales como Casa Propia y Procrear se otorgan a cuentagotas y contienen requisitos sumamente restrictivos, a la vez que el ingreso de los trabajadores se pulveriza frente a la estampida inflacionaria. Por otra parte, los alquileres son cada vez más inaccesibles, lo cual termina de pisotear el derecho a la vivienda de la población trabajadora.

Necesitamos un plan de viviendas, extensión del tendido de servicios públicos y urbanización que resuelva las necesidades habitacionales existentes, controlado por los vecinos que emplee mano de obra desocupada bajo convenio. Previo, es fundamental crear un banco de tierras ociosas y fiscales para la construcción de vivienda popular. Esto debe ir acompañado con créditos a tasa cero cuyas cuotas no superen el 10% del ingreso familiar. El financiamiento tiene que provenir de un impuesto progresivo y permanente a la vivienda ociosa y a los desarrolladores inmobiliarios. La pelea por este programa requiere luchar contra el acuerdo ruinoso entre el gobierno, al derecha y el FMI.