El domingo 20 de junio vence el cepo sobre la exportación de carne decretado por el gobierno de Alberto Fernández. La medida, apuntada a achicar las maniobras de evasión fiscal de los exportadores, fue presentada como el recurso para contener la disparada de los precios de los cortes en el mercado local. Sin embargo en mayo la carne aumentó un 6%, incluso trepando un 8% entre los cortes más económicos.

A días de que culmine el cierre a las exportaciones, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, asegura que está sellado el acuerdo con el consorcio ABC -que concentra las ventas al exterior y es dominado por un puñado de empresas que se cuentan con los dedos, con fuerte injerencia de capitales extranjeros. La exportación se rehabilitará por cupos, aunque muy generosos: se habilitaría el 50% para los volúmenes cárnicos de junio y julio, pero eso sin contar la Cuota 481 y la Cuota Hilton que se venden a la Unión Europea, ni los envíos a Israel.

Es decir que la restricción será menor, y valdrá casi exclusivamente para los despachos a China, que compra tres cuartas partes de las exportaciones, pero de carne de vacas maduras que no se consumen en Argentina. Es fácil suponer que no tendrá incidencia alguna sobre los precios internos. De hecho, no se tocaron las retenciones, que era lo que temían los capitalistas del sector.

A su turno, Kulfas deslizó que el gobierno prepara un Plan Ganadero, que incluiría beneficios fiscales y créditos subsidiados, con un régimen de amortización acelerada de los bienes de capital y exenciones en Ganancias. El mismo tendría como fin aumentar la oferta de carne hasta los 5 millones de toneladas, con lo que se atendería tanto las demandas internacionales como el abastecimiento del mercado interno. Pero estas concesiones a la cadena cárnica no implican una mayor inversión, porque no garantizan que el mayor faenamiento no sea a costa de la liquidación del ganado; incluso los estímulos para un mayor engorde redundarán en beneficios para las empresas de feedlots.

En fin, es evidente que si lo que se pretendía era cuidar la “mesa de los argentinos” el fracaso es rotundo. Un informe del Centro de Economía Política de Argentina (CEPA) arroja que el precio se ubicó un 30% por encima de la ya alta inflación del último año. En el Gran Buenos Aires, donde 6 de cada 10 niños son pobres, el consumo de distintos cortes alcanza a tan solo el 7% de los gastos mensuales de una familia. En el mismo sentido se anota que el consumo de carne está en los niveles más bajos en 100 años.

Si se quiere controlar efectivamente los precios de la carne, la medida elemental es la apertura de los libros de toda la cadena de cría, producción y comercialización, para verificar los costos reales y la real inversión en el sector. Como bien señalamos en Prensa Obrera, el cepo respondía más a la preocupación del gobierno en que la defraudación al fisco por parte de los exportadores se traduce en una liquidación menor de divisas al Banco Central. Lo que inquieta los despachos oficiales, como todo, es asegurar el repago de la deuda externa. En las antípodas de esta política, lo que urge para desindexar los precios internos de los internacionales es la nacionalización del comercio exterior bajo control obrero.

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