26/09/1996 | 512

¿Se divide el peronismo?

El fracaso de las negociaciones entre los ‘operadores’ de Menem y la dirección de la CGT para levantar el paro del 26 y 27, agravó considerablemente la crisis política, no solamente del gobieno sino del conjunto del sistema. Detrás de las diferencias entre el menemismo y la CGT se vislumbraron las contradicciones crecientes dentro del Partido Justicialista y de sus gobiernos provinciales. Cafiero se hizo vocero de un proyecto de ‘flexibilización laboral’ que contaría con el apoyo de la CGT; Duhalde apoyó la ‘flexibilización’ menemista pero para aclarar que se oponía al fraccionamiento de las vacaciones; Kirchner terminó formando su bloque; la propia bancada parlamentaria del PJ apareció en vísperas del paro con un ‘sub-bloque’ menemista, otro ‘cegetista’, aparte del duhaldista. La decisión de Ruckauf, de la fracción de Duhalde, de no tomarle juramente a Saadi, dividió al bloque del PJ en el Senado y provocó un fuerte choque entre Menem y Duhalde en oportunidad del viaje del gobierno entero a Uruguay.

Esto tiene lugar en momentos en que todos los sectores patronales juran y perjuran que quieren la ‘flexibilidad’ por ley, no por decreto, es decir aprobada por el Congreso, no impuesta por Menem con incierta validez jurídica. La división parlamentaria del PJ augura mal para cualquier procedimiento legislativo, a lo que habría que agregar el cambio de política de los partidos provinciales de negociar sus votos en el Congreso a cambio del envío de fondos a las provincias, cuando el FMI exige que se los recorte aún más. Los legisladores de Bussi y de Sapag ya han comenzado a actuar en estos términos.

El traslado de la negociación final para un levantamiento del paro de 36 horas a la dirección del Partido Justicialista, revela el extremo de desintegración del poder político oficial —que ha pasado de gobernar sin límites con Cavallo, a depender del quórum parlamentario y ahora de los clanes del partido justicialista. El bloque principal del PJ, el que responde a Duhalde, no sabe si hundir las posibilidades electorales del ‘cabezón’ atando su destino a Menem, o hacerlo rompiendo oficialmente con el gobierno. La ‘parlamentarización’ del gobierno, que destacamos desde estas paginas apenas cayó Cavallo, aludiendo al nuevo gabinete, se ha extendido a todos los planos.

La razón por la que los ‘flexibilizadores’ del gobierno y los ‘flexibilizadores’ de la burocracia sindical no se pueden poner de acuerdo, es que un acuerdo, cualquiera sea su naturaleza, pondría al desnudo que el menemismo sólo podría gobernar de aquí en más recurriendo a compromisos y negociaciones. Este tipo de gobierno es incompatible con la agudeza que ha alcanzado la crisis económica, con la amplitud del ataque que las patronales reclaman contra el movimiento obrero y con los intereses de los grupos financieros que temen que Argentina no pueda pagar la deuda externa.

Menem quiere derogar los convenios y las indemnizaciones, y establecer que las pautas laborales y salariales que se negocien por empresa tengan precedencia sobre cualquier norma legal que la contradiga. Lo que está planteando el gobierno es la derogación del derecho laboral. La burocracia sindical está dispuesta a ir muy lejos por este mismo camino, pero en el marco de convenciones de trabajo-marco, cuya negociación incluya a la burocracia. Es lo que Daer hizo en Alimentación, Rodríguez con el convenio Fiat-Smata, la UOM cuando aceptó rebajas de salarios en el marco del procedimiento de quiebras, y tantos otros burócratas sindicales. Hace cuatro años, esto último hubiera hecho las delicias de los banqueros, industriales y terratenientes. Ahora es visto como una pérdida de libertad del gobierno para imponer todo lo que la crisis económica haga necesario —como mayores privatizaciones, determinación del presupuesto 97, renegociación de la deuda, privatización de la salud, liquidación del PAMI, imposición a rajatablas de la ‘reforma educativa’.

Al justicialismo no solamente se le presenta el peligro de la extinción electoral en el 97, dentro de once meses. Además, a través del PJ operan los sectores de la burguesía industrial que quieren subsidios a la exportación o protección aduanera, o sea, en definitiva devaluar. En torno al Banco Provincia de Duhalde se ha montado un poderoso pulpo económico que compite con otros extranjeros, que por ese motivo reclaman la privatización del Banco. La fragmentación política responde tambien a una fragmentación económico-social en la burguesía.

Es a la luz de esta desintegración del PJ y del conjunto del régimen político, que Alsogaray propuso recientemente un ‘gobierno de técnicos’, o sea al márgen del partido justicialista.  Hasta cierto punto, este tipo de  gobierno ya existe desde 1989, porque sea con Bunge Born, Cavallo o Férnandez, el equipo económico estuvo fuera del PJ. Lo que se quiere ahora es que los ‘técnicos’ incluyan a un abanico de tendencias oficialistas y opositoras, en torno a un programa de emergencia. El Congreso se plegaría a este programa votando las leyes del ejecutivo.

El derrumbe del ‘plan Cavallo’ ha puesto al desnudo una fenomenal catástrofe económica, que tiene al 40% de los trabajadores en la desocupación y a otro 40% completamente pauperizado. La burguesía no tiene una vía de salida para esto; cuando exponen sus ‘planes’, los economistas oficiales ‘proyectan’ la disminución eventual de la desocupación para dentro de diez años. Esta impasse y la creciente movilización popular forzosamente debe golpear y demoler al régimen menemista.

La división del peronismo ahora es sólo cuestión de tiempo; la única incógnita es su  amplitud y su profundidad. Para los trabajadores e incluso para el país, esta división planteará de un modo objetivo e irrecusable el futuro de la organización política de todas las clases sociales.