Tras haber concluido un 2021 donde el precio de la carne vacuna registró alzas del 60,7% interanual, según el IPCVA, se asoma un nuevo golpe a la mesa de los argentinos: la Federación Industrial Panaderil acaba de anunciar aumentos entre el 20% y el 25% en el pan. En resumidas cuentas, que el costo de comprar un kilo de asado y un kilo de pan no baje de los $1.200 ilustra mejor que cualquier otro índice la magnitud del fracaso oficial a la hora de domar la inflación y deja en ridículo las “nuevas medidas” de control, tales como la reedición de Precios Cuidados y Cortes Cuidados y el lanzamiento de la Canasta de Productos Básicos.

Las panaderías atribuyen este nuevo aumento, que dejaría el kilo de pan en $300, al encarecimiento de los combustibles, los servicios y las materias primas. “Los huevos, por ejemplo, en diez días aumentaron un 30%; el azúcar un 33%; los plásticos y el papel, un 10%, y la levadura un 35%” (Tn, 9/2). Lo anterior refleja lo inconducente de las mesas sectoriales montadas por el gobierno destinadas a consensuar precios, ya que los capitalistas que intervienen en cada eslabón se culpan unos a otros por incurrir en remarcaciones. Por lo tanto, el único control verdaderamente efectivo sería proceder a la apertura de los libros de toda la cadena de valor, bajo control obrero, a fin de evaluar los costos reales.

El incremento en el rubro panificados tiene lugar luego de un enero donde la inflación en alimentos estuvo al rojo vivo, ubicándose en el 5% según varias consultoras privadas. Aquí incidió sobre todo el precio de las verduras, las cuales registraron un aumento del 20% como lo indica el relevamiento realizado por Consumidores Libres. Tal es así que el propio Felletti tuvo que admitir públicamente que “hoy estamos perdiendo la batalla con los productos frescos” (Diario Ar, 4/2).

La confesión del secretario de Comercio Interior resulta indignante por varios motivos. En primer lugar, porque siendo funcionario se limita a remarcar lo obvio, resignándose ante los hechos consumados, sin ofrecer un plan para revertir la situación. Al mismo tiempo, porque el gobierno en parte promueve la inflación. Sin ir más lejos, acaba de habilitar un aumento del 9% en los combustibles, a pedido de las petroleras, y se dispone a ejecutar subas en la boleta de luz y de gas, en pos de reducir los subsidios energéticos como demanda el FMI, pero descargando ese recorte sobre los usuarios. Dicha subas, como sabemos, impactan directamente en el precio del conjunto de los artículos en la medida que elevan los costos industriales y de logística.

Como contrapartida, Alberto Fernández prepara un nuevo año de pérdida real del salario puesto que utiliza los topes salariales como único ancla inflacionaria. El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, manifestó que el esquema de paritarias 2022 y el próximo aumento del salario mínimo deberán regirse con una pauta inflacionaria del 40%, cuando las proyecciones prevén una inflación del 63% hasta diciembre. En ese sentido, el Centro de Estudios Económicos y Sociales (Ceso) estima que el índice acumulado del primer trimestre del 2022 será del 13%, apalancado por los precios de los alimentos y las tarifas (BAE, 9/2). Por otro lado, esta pauta fijada a la baja tiene por objetivo deprimir los salarios estatales y los programas sociales (equivalentes al 50% del salario mínimo), como forma de ajustar el gasto público y arrimarse a las metas fiscales pactadas con el FMI.

Además, sin importar cuántas medidas inocuas para controlar precios inaugure en adelante, el oficialismo indudablemente se valdrá de la aceleración inflacionaria para licuar las partidas devengadas y aumentar la recaudación, a los fines de achicar el déficit primario tal como exige el Fondo. En esa línea se inscribe el Consenso Fiscal concertado con los gobernadores, el cual, al permitir el aumento de Ingresos Brutos, apunta a incrementar los ingresos tributarios aprovechando la alta inflación,  afectando a los sectores populares ya que esta mayor carga impositiva será trasladada rápidamente a los precios.

De hecho, fue a partir de la escalada inflacionaria que Guzmán obtuvo un rojo fiscal menor de los esperado en la ejecución presupuestaria del 2021. Así las cosas, los que verdaderamente “pierden la batalla” con la inflación son los trabajadores que ven pulverizado su poder adquisitivo, fruto de las políticas gubernamentales al servicio de las patronales y el FMI.

Se hace preciso, entonces, continuar el rumbo de movilización trazado por jornada del 8 de febrero contra el acuerdo en puertas y abrir un curso de deliberación desde la base en cada lugar de trabajo, que organice la lucha por un salario mínimo de $130 mil y paritarias sin techo, con aumentos indexados a la inflación, discutidas por paritarios electos en asamblea, a fin de recomponer los ingresos de la clase trabajadora.

A su vez, es necesaria la apertura de los libros de toda la cadena comercial para evitar sobreprecios y la puesta en marcha de una reorganización económica sobre nuevas bases sociales como camino para controlar el desmadre inflacionario. Esto implica repudiar la deuda ilegítima y nacionalizar bajo control obrero los recursos estratégicos -banca, comercio exterior, industria energética- para ponerlos al servicio del desarrollo nacional y las necesidades del pueblo, que hoy encuentra cada vez más vedado el acceso al pan.