La suba de precios no se detuvo en abril. Si bien aún no fueron publicados los datos del Indec, la consultora Orlando Ferreres calcula que el IPC del mes fue de 6,3%, ascendiendo al 8% en el rubro alimentos. Así las cosas, los estudios privados proyectan una inflación del 65% hasta fin de año, estimulada por el impacto de las medidas fondomonetaristas en curso.

Por un lado, asistimos a una disparada en el precio de los alimentos, que hunde en la indigencia a millones de familias trabajadoras. En ese sentido, la Canasta Básica Alimentaria que calcula el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCi), a partir de analizar los precios de 57 productos en 20 distritos del conurbano bonaerense, presentó un aumento del 20% en el primer trimestre 2022, alcanzando el 33,97% en el caso de las verduras.

La defensa del agronegocio por parte del gobierno está en la base del problema. Por un lado, permite que los monopolios cerealeros que acaparan el complejo agroexportador argentino trasladen sin más los altos precios internacionales de las materias primas, enardecidos tras el estallido de la guerra, al mercado interno; negándose rotundamente a subir las retenciones de los granos y ni hablar de alterar el dominio privado del comercio exterior local. A su turno, fomenta la concentración del campo en un puñado de terratenientes, relegando a los pequeños productores hortícolas, por ejemplo, cuya oferta escasa deriva en el encarecimiento de esos productos. A su vez, Alberto Fernández deja pasar la remarcación constante de la industria alimenticia sin proceder a la apertura de los libros.

A esto se suman las políticas dictaminadas por el FMI, de naturaleza profundamente inflacionaria. Además de la devaluación de la moneda, tenemos a los tarifazos en los servicios como elemento central de dicho programa, en función de reducir los subsidios energéticos para alcanzar las metas fiscales que exige el organismo. Como hemos señalado, el salto en los precios internacionales del gas que importamos atenta sin lugar a dudas contra este objetivo.

El aumento de tarifas no solo perjudica a los usuarios residenciales, sino que también eleva los costos de la industria y logística, lo cual se vuelca a los precios del conjunto de la economía. Tal es así, que el sector panadero puso como condición para mantener el kilo de pan entre los $220 y los $270, recibir mayores subsidios estatales en la factura de gas y electricidad.

A su turno, frente a que el precio de mercado del gas trepó a USD 10 por millón de BTU para las industrias, la Secretaría de Energía resolvió venderles, a través de la estatal IEASA, gas a USD 6 por millón de BTU, y, como el precio de importación del GNL hoy se halla en los USD 30 por millón de BTU, el Estado deberá costear la diferencia en un contexto de escasez de reservas en el Banco Central. El oficialismo pretende amortiguar el impacto de la suba del gas sobre los costos industriales, entrando en contradicción, incluso, con la disminución de subsidios que demanda el FMI. Sin embargo, no exige como contraprestación que las empresas no aumenten los precios a partir de comprar gas más barato, con lo que nada garantiza que esta medida sirva para contener la inflación.

Otro requisito del Fondo que acicatea la inflación son las trabas a las importaciones en virtud de recabar divisas para el pago de la deuda. Recordemos que las patronales solo pueden importar un 5% adicional del volumen del 2021, cuando de un año a otro los insumos importados han tenido un aumento significativo en dólares, en especial los costos de los fletes. Estas restricciones hacen que los empresarios prevean una caída en la producción y procedan a remarcar sus precios para cubrirse. Por ese motivo, “mayo arrancó con nuevas listas de precios en prácticamente todos los sectores industriales” (Infobae, 4/5). 

Fruto de la estampida inflacionaria y de las pautas salariales a la baja promovidas desde el propio gobierno -en alianza con las patronales y la burocracia sindical- la caída del salario real de febrero  siguió su curso en los meses posteriores. Según el CEPA, entre marzo y abril la pérdida salarial del sector privado registrado fue del 2,1%. A su vez, un estudio elaborado por la Fundación Capital estima que los salarios del sector privado registrado terminarán el 2022 un 0,8% por debajo de la inflación, -1,8% en el caso de los salarios estatales y -5,6%  los salarios de los trabajadores informales.

La necesidad de un plan de lucha para recomponer los ingresos de la población trabajadora salta a la vista. El salario mínimo debe ser de $180.000, con aumentos indexados a la inflación. Estas reivindicaciones tendrán un punto de apoyo fundamental en la Marcha Federal convocada por la Unidad Piquetera contra la política ajustadora del gobierno y el FMI. Para poner fin al descontrol inflacionario es preciso reorganizar sobre nuevas bases la economía del país, nacionalizando bajo control obrero sus palancas fundamentales -banca, comercio exterior, industria energética-, abriendo los libros de toda cadena comercial para evaluar los costos reales y rechazando el pago de la deuda y el pacto con el Fondo.