El gobierno argentino festeja que el desembolso de U$S 5.900 millones por parte del FMI es casi un hecho, debido a que “a nivel técnico, la revisión está aprobada” (Télam, 16/12). El Directorio del organismo terminará de definir la aprobación del envío el 22 de diciembre, lo que permitiría hacer frente a los próximos vencimientos de capital. Ahora bien, el cumplimiento de las metas del cual se jacta el oficialismo fue el resultado de mayor ajuste, endeudamiento y concesiones leoninas a los sojeros.

Según los datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso de noviembre, el gasto primario cayó 5,7% interanual en términos reales. Dentro del cual se registra, un retroceso real en lo devengado para jubilaciones (-4,4%), becas Progresar (-24,6%),  transferencias a las provincias (-42,8%), transferencias a las universidades (-15,2%), entre otros rubros. A su vez, entre noviembre 2021 y noviembre de este año, se desplomó la inversión real directa en un 29,6%, que incluye fondos para la construcción de viviendas, obra pública, etc.

Por otro lado, en los primeros once meses del año, la caída real en el gasto destinado a pago de la Asignación Universal por Hijo fue del 11% y del 5,2% en el caso de las políticas alimentarias. Como vemos, el gobierno se valió del desmadre inflacionario para licuar la ejecución presupuestaria, en función de arrimarse a la meta fiscal del FMI. Un ajuste que golpeó de lleno sobre partidas directamente vinculadas a las necesidades sociales, el cual se agravó notoriamente en el último tiempo, considerando que el gasto primario cayó 18% real en los últimos cinco meses respecto al mismo período del 2021.

En cuanto a la meta anual de acumulación de reservas, el oficialismo prevé alcanzarla por medio del ingreso de divisas que genera el dólar soja II y a través de préstamos provenientes de organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Dos caminos muy costosos para la población trabajadora, ya que el tipo de cambio preferencial otorgado al capital agrario conlleva altos niveles de emisión -que recalienta el índice de precios-, y, por su parte, lo segundo agrava el peso de la deuda externa del país y la sujeción nacional ante el imperialismo.

En adelante, las consecuencias del programa fondomonetarista las seguirá pagando el pueblo. Reducir el déficit fiscal hasta ubicarlo en el 1,9% del PBI a fines de 2023 implica un recorte del gasto del 1,3% del PBI, perjudicando a los sectores más vulnerables. “El organismo prevé una reducción de la asistencia social del 0,7% del PBI en 2023, del 0,2% en las jubilaciones y 0,1% en las transferencias a las provincias” (Clarín, 18/12). Lo anterior, sumado a los tarifazos en agenda y al ajuste que el Presupuesto 2023 contempla para diferentes áreas.

Significaría un retroceso aún más pronunciado en las condiciones de vida de las mayorías, cuando ya la situación de miseria y privaciones que atraviesan son verdaderamente insoportables. Un acuerdo ruinoso por donde se lo mire que debemos derribar en las calles.