Domingo Cavallo, por medio de un decreto presidencial, acordó con la “patria contratista” —los Macri, Techint, Pérez Companc, Roggio y Kocourek— que los contratos de obras públicas puedan ser indexados. Los pulpos tenían paralizadas las obras para presionar al gobierno por la indexación, cosa que lograron. También fue aprobado un decreto similar, autorizando la indexación de las obras públicas futuras, esta vez por presión del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (Ambito Financiero, 2/7).

Semejantes decretos violan la “ley de convertibilidad” , puesto que prohíbe las indexaciones, aunque claro está, no sirvió para evitar la inflación, que alcanzó el verdadero récord del 50% desde la vigencia de la “convertibilidad”.

Los grandes pulpos de la construcción venían reclamando desde hace tiempo la indexación de los contratos con el argumento de que sus propios insumos e impuestos están indexados. Pero ahora, la indexación de los contratos del Estado es la señal de partida de la indexación general de los contratos privados… a los cuales, incluso, les sirve de “modelo”. Como, además, ya están indexadas las tarifas de los servicios públicos privatizados —la mayoría de los cuales está en manos de los pulpos “contratistas”—, tenemos que el “plan de convertibilidad” es el taparrabos de la reindexación general de los precios… con la obvia excepción de los salarios.

Los decretos son un auténtico reconocimiento oficial de la completa bancarrota del “plan de convertibilidad”, además de una fuente de nuevos superbeneficios para los pulpos. Los nuevos aumentos de precios que recibirán los contratistas serán sufragados con nuevos impuestazos al consumo popular y con la caída del salario.