El lunes próximo una misión del Banco Mundial dará el impulso final a la privatización de la salud y a la liquidación de las obras sociales. Un préstamo de 375 millones de dólares será usado para pagar las indemnizaciones del personal que sea despedido y las facturas impagas de las obras sociales en quiebra y del Pami. La liquidación de las obras sociales y la privatización del Pami abrirán el camino para la ‘desregulación’ del sistema de salud, el cual significará un encarecimiento sin precedentes de la atención médica. El aporte que se hace en la actualidad a las obras sociales se verá fuertemente incrementado y sólo servirá para recibir una atención mínima, mientras que los servicios de mayor complejidad requerirán el pago de aranceles adicionales hasta niveles absolutamente prohibitivos.

La burocracia sindical decidió hace mucho no defender las obras sociales ni el hospital público, sino asociarse a la privatización del sistema. Esto ha beneficiado a algunos sindicatos con numerosos afiliados como Comercio, la Construcción o Luz y Fuerza, que han buscado el apoyo de capitales privados para explotar a la salud como un negocio. Ya hace tiempo que han elevado el aporte para la Obra Social y diferenciado los aranceles por servicio. Para la inmensa mayoría de las obras sociales, esta política ha significado que desaparecerán, no sólo por una cuestión de competencia comercial sino porque tampoco podrán hacer frente a las exigencias del “programa médico obligatorio” que han establecido el Banco Mundial y el Ministerio de Salud.

La burocracia sindical que se ha lanzado a este negocio, peleó durante un tiempo el derecho al monopolio del servicio entre los afiliados sindicales, como ocurre con los negocios del Banco Provincia de Buenos Aires (AFJP, ART y Salud), que tienen cautiva a la clientela de los empleados provinciales. Pero ante la posibilidad cierta de que la ‘desregulación’ sea total, esa burocracia anunció que formaría una “red integrada de servicios” para mantener su clientela laboral. Lo que el anuncio no aclaró es que: a) el costo de la atención médica será extraordinariamente más elevado que en la actualidad; b) que la red integrada pretende absorber a las obras sociales que deberán desaparecer, con sus afiliados respectivos. Armando Cavallieri, de Comercio, ya comenzó con esta labor de absorción hace un cierto tiempo, lo que provocó que fuera denunciado por un conjunto numeroso de sindicatos.

La política de los burócratas grandes de comerse a los chicos, es lo que ha provocado la nueva división en la CGT, aunque no solamente los grandes sino también los chicos aceptaron en la práctica la privatización de la salud y, por lo tanto, la liquidación de  las obras sociales. La puja por la participación en este negociado no ha quedado clausurada por esta división, como lo demuestra el caso de la Asociación Bancaria: alineada con los ‘chicos’ a partir de la reducción de los aportes que Cavallo impusiera al Instituto de Servicios Bancarios, la burocracia de Zanola acaba de contratar, sin embargo, por 200.000 dólares, a una consultora norteamericana para reorganizar al Instituto y embarcarse en la privatización y desregulación de la salud.

No existe la menor evidencia de que algún sindicato pretenda resistir estos planes antiobreros y sí muchas manifestaciones de que pretenden negociar alguna tajada del negocio. Las obras sociales que resulten inviables pueden evitar su disolución mediante la fusión con alguna grande o incluso asociarse a la que está montando Duhalde con el Banco Provincia.

Para los trabajadores, el interés de los burócratas grandes o chicos no contempla para nada sus necesidades como usuarios del sistema de salud. El único que puede cubrir ‘universalmente’ a los explotados es un sistema estatal gratuito, bajo control obrero.

La salud del pueblo y el lucro privado son incompatibles.