Luego de una tensa jornada por la presencia de patotas de la mafia de las apuestas, que agredieron a militantes proteccionistas y a una asesora del Frente de Izquierda, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que prohíbe las carreras de galgos.

 

Los medios de comunicación reflejaron la tensión de la calle. De un lado, las agrupaciones proteccionistas contra el maltrato animal. Del otro, los “galgueros”, explotadores del negocio de las carreras. El presidente de la Cámara, Emilio Monzó, desoyó el reclamo del diputado Pitrola para que garantice la seguridad de las organizaciones protectoras y los diputados. Finalmente, la policía separó a ambos grupos con un cordón, luego de que las agresiones tuvieron lugar. Entre la patota se destacaban los gorritos amarillos con la firma del diputado salteño de derecha Alfredo Olmedo.

 

Los diputados del Partido Obrero-Frente de Izquierda votaron a favor de la norma, impulsada por las organizaciones proteccionistas.

 

En un discurso muy aplaudido y de gran repercusión, Néstor Pitrola señaló en el recinto: “Nosotros estamos contra la explotación del hombre por el hombre y luchamos contra la depredación ambiental que es consecuencia de esta política y que se pasa sin solución de continuidad al maltrato animal. Queremos una nueva organización social donde se podrá terminar con la explotación social del hombre sobre el hombre y sobre el maltrato animal”.

 

Los diputados del Partido Obrero, que votaron a favor de la prohibición de las carreras, presentaron un proyecto propio que establece la clausura de los lugares donde se realizan las carreras, la inhabilitación de los funcionarios que participan o las amparan, la confiscación de los bienes y el destino de estos recursos a la construcción de refugios para los perros, que sufren secuelas de todo orden después de haber estado sometidos a un régimen de torturas en estas carreras. El mismo apunta a desmantelar las bases materiales de este negociado y plantea penas adecuadas a quienes realicen este tipo de carreras. 

 

Penas

 

Respecto de las penas, remite a la Ley 14.346, que establece pena de prisión de quince días a un año “a quien maltrate a los animales o los hiciere víctimas de actos de crueldad” y tipifica como actos de crueldad: “Realizar actos públicos o privados de riñas de animales, corridas de toros, novilladas y parodias en que se mate, hiera u hostilice a los animales”. De esta manera, se armoniza con el Código Penal, ya que la ley finalmente aprobada establece penas que equivalen a la mitad de un homicidio, una desproporción. Sobran pruebas respecto de que el aumento de penas no desalienta el delito y, al mismo tiempo, de nada sirve la aplicación de penas o gravámenes a determinados individuos, si sigue en pie toda la estructura de montaje de las competencias lucrativas. Por este motivo los diputados del Partido Obrero se abstuvieron en la votación del artículo 2 de la ley que finalmente se aprobó.

 

La bancada del PO indicó que en la próxima sesión legislativa presentará nuevamente su propio proyecto de ley como un aporte complementario a la ley votada y superador como herramienta para desmantelar el negocio, que cuenta con el aval de las organizaciones proteccionistas.

 

La defensa de los galgueros por parte de la diputada del Frente para la Victoria, Diana Conti, contra “la criminalización de argentinos y argentinas, la mayoría de bien, que encuentran un trabajo digno en esa actividad” y la tachadura de la prohibición de las carreras como “fascista”, la coloca en el terreno de estas organizaciones criminales que continúan operando, pese al repudio popular, gracias al sostén político de los partidos patronales, que aceitan su red de punteros sobre la base de la explotación animal, el juego clandestino y la ludopatía.

 

Tras la aprobación de la ley, la mafia que regentea este negocio exhibió su naturaleza criminal, asesinando y descuartizando animales en distintas provincias y amenazando a quienes apoyaron la medida.

 

Néstor Pitrola recibió una grave amenaza, por lo que radicó una denuncia que recayó en el Juzgado Federal N° 12 del juez Sergio Torres.

 

“La aprobación de la ley es un triunfo político de la vasta red de organizaciones que se han volcado a la lucha. Se trata de un aporte a la construcción socialista que hemos desarrollado desde la bancada socialista del Partido Obrero”, declaró Pitrola.