El gobierno acaba de autorizar una nueva suba en las tarifas eléctricas de Edenor y Edesur. En esta oportunidad el aumento es del 3% en agosto y regirá para grandes usuarios, que consumen más de 300 KW, y no para usuarios residenciales. De este modo, el gobierno avanza en un esquema de “segmentación” a fin de viabilizar un tarifazo generalizado.

La resolución, publicada en el Boletín Oficial, afectará a 11.500 grandes usuarios, sobre los que se acumulan alzas entre el 16% y el 19% en lo que va del año (Clarín, 10/8). “Edenor pasará a cobrar 5,280 pesos por kilovatio/hora mientras que Edesur podrá facturar 5,176 pesos por kilovatio/hora. En términos porcentuales, la suba representa un 2,98%, en el caso de Edenor, y un 3,10% en lo que respecta a Edesur” (Ámbito, 10/8). La medida obedece a una disminución de la suma subsidiada por parte del Estado.

El aumento sobre los “grandes usuarios”, como fábricas y comercios, tendrá un impacto en toda la cadena de precios, recayendo finalmente en el bolsillo popular. A esto hay que sumarle que luego de las elecciones se esperan nuevos incrementos también en la boleta de luz de los hogares; así lo estipula el “Régimen Tarifario de Transición”, acordado entre el gobierno y las empresas proveedoras de servicios públicos en marzo pasado, que plantea un esquema de ajustes semestrales en la tarifa de la electricidad y el gas.

Es preciso mencionar que cualquiera sea la modalidad, el cronograma o el monto del aumento de tarifas, lo que hay de fondo es el rescate a un régimen de beneficios hacia las petroleras, a costa de las mayorías. Ni el Frente de Todos ni la oposición patronal cuestionan el precio sostén dolarizado del gas en boca de pozo, el cual no guarda relación con los costos de producción y encarece toda la cadena energética.

Este es el origen de los subsidios millonarios -provenientes de los fondos públicos- a Cammesa, empresa que se encarga de generar electricidad en el país, para lo cual utiliza gas. Subsidios que el gobierno busca recortar y dar lugar a sucesivos aumentos en las tarifas. Estos últimos pretenden ser disimulados bajo esquemas de “segmentación”, no obstante, continúan siendo un ataque al bolsillo de los trabajadores.

Por su parte, el precio del gas atado al dólar constituye una bomba de tiempo en momentos donde se acrecientan las tensiones sobre el tipo de cambio. Tamaña concesión a las petroleras obedece al intento por parte de Alberto Fernández de reducir el déficit energético, y, por lo tanto, ahorrar divisas para luego utilizarlas en el pago de la deuda externa. No obstante, la producción en Vaca Muerta no ha vuelto a los niveles previos a la pandemia, con lo cual, el gobierno no ha podido evitar destinar dólares de las reservas en la importación de gas.

La encerrona del oficialismo en este punto radica en que, por un lado, el gobierno busca llevar adelante las exigencias del FMI -en pos de arribar a un acuerdo-, lo cual implica reducir el gasto público destinado a subsidios eléctricos y reservar ese dinero para el repago de la deuda. Por otra parte, sabe que una reducción drástica de los subsidios, complementada con mayores tarifazos en la luz, generará presión sobre la inflación en ascenso, y, a su vez acentuará el descontento popular. Además, estaríamos hablando de montos impagables considerando el deterioro real de los salarios.

Esta contradicción que enfrenta la política oficial se ve de manera muy nítida si observamos el Presupuesto 2021, elaborado en función de complacer al FMI. Allí se suponía que los subsidios para este año debían mantener la misma relación con el PBI que en 2020 (1,7) y que los usuarios cubrirían el 43% del total de los gastos que demanda la generación de electricidad. Según la consultora Ecolatina este cálculo contenía de forma implícita aumentos en la tarifa que iban del 35% al 40%.

La inviabilidad de un tarifazo como el proyectado hizo que el gobierno autorizara en lo que va del año una suba del 9% en la luz (en el caso de la boleta hogareña), y, como correlato, incrementó el monto de los subsidios destinados a Cammesa. Entonces, de los $300.000 millones designados originalmente en el presupuesto anual para subsidios eléctricos, el Estado nacional lleva gastados solo en el primer semestre $234.897 millones. Por lo tanto, el gobierno se vio obligado a ampliar vía DNU la partida contemplada para tal fin, adicionando $545.403 millones a la suma original. Estos subsidios fueron financiados fundamentalmente con emisión monetaria, alimentando así el espiral inflacionario, y mediante un ajuste en regla contra la población.

Así las cosas, una de las preocupaciones del gobierno es cómo aumentar el porcentaje que cubren los usuarios del gasto de la electricidad, con el objetivo de ir reduciendo los subsidios estatales. Es decir, de qué manera maquillar mejor un esquema de aumentos en la tarifa de la luz. En ese sentido, trascendió en un artículo de Ámbito, publicado el 30 de julio, la pretensión por parte de Guzmán de implementar una segmentación, tanto para el gas como para la electricidad, donde algunos sectores reciban menos subsidios en la tarifa según su situación socioeconómica. El reciente aumento del 3% dirigido a “grandes usuarios”, como hemos visto, parece responder a esta idea.

El planteo de una tarifa segmentada o diferencial parte de considerar que los subsidios estatales en los servicios públicos serían “pro-ricos” ya que igualan el precio de la tarifa que reciben usuarios de diferente poder adquisitivo. Sin embargo, lo que ocultan Guzmán y compañía detrás de ese discurso supuestamente redistributivo es que el carácter “pro-rico” de los subsidios a la energía yace en que no son los usuarios quienes reciben esas transferencias sino las empresas concesionarias de los servicios públicos y las petroleras. Por lo tanto, la segmentación que se pretende impulsar no es más que una coartada para proceder a un tarifazo en regla, mientras se mantienen intactos los intereses del gran capital.

Es necesario poner fin a esta política de saqueo procediendo a abrir los libros de toda la cadena energética para evaluar los costos reales y nacionalizando bajo control obrero la los hidrocarburos, en función que los recursos del país estén al servicio del desarrollo nacional y de las necesidades sociales. Es fundamental en ese camino la ruptura con el FMI y el cese del pago de la deuda.

 

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