Ha vuelto a ser noticia el alto pico de morosidad que existe a la fecha en el pago de expensas. Según un informe de la Cámara de Administradores de Consorcio de La Plata, de septiembre de 2019, de unas 88 mil unidades sujetas a tal pago, 35.200, un 40%, no llegaban a pagar este monto mensual. Entre enero y febrero, el porcentaje ha subido 10 puntos.

Este índice es un llamado de alerta de la situación en la que viven una gran mayoría de familias trabajadoras en la ciudad. Los altos picos de deuda están relacionados con los grandes valores de los alquileres,  de propiedad de los inmuebles y del propio suelo urbano, que se encuentran en las antípodas de la situación de las familias platenses, cuyos ingresos se encuentran por el piso, con una precarización laboral creciente, y según los últimos datos del INDEC, un porcentaje de desocupación que ha llegado al 11% a mediados del año pasado. 

El conflicto de la "morosidad" de las expensas, cuya resolución se encuentra sólo en manos de los consorcios de los edificios, desprende consecuencias  de potencial peligro para lxs inquilinxs, dado que entre varios componentes de las expensas, uno es el mantenimiento de los ascensores. Hace un mes, informaron en la Cámara de Empresarios de Ascensores y Afines de La Plata, la clausura de un ascensor cada 6 días, de los sólo 6 mil registrados. Es moneda corriente que en los edificios de la ciudad, los ascensores no se encuentren en debidas condiciones. “En algunos edificios, la morosidad en el pago de las expensas lleva a que se registren postergaciones en las tareas de mantenimiento. En la mayoría de los casos que se adoptan estas decisiones apuntan que ‘no queda otro remedio’, según la Cámara de Administradores” (Diario El Dia 19/2).

Por otro lado, otro de los componentes de las expensas es el sueldo de lxs encargadxs. Los consorcios, se han valido de la tercerización laboral para delegar las tareas de limpieza a empresas que superexplotan a sus trabajadorxs. “Explican los administradores que "una empresa de servicios puede tener un costo de entre 25 y 30mil pesos, mientras el sueldo de un encargado puede duplicar ambas cifras entre lo que recibe en el bolsillo y las cargas sociales y patronales” (Diario El Dia 19/2).

La crisis habitacional no es sólo producto del gobierno que se fue, sino de los cimientos sobre los que se asienta la organización económica, política y social de nuestro país, al servicio de los bancos, los grandes especuladores inmobiliarios y el FMI. Las proyecciones de las políticas del gobierno de Fernández no muestran un viraje al respecto, sino un sometimiento cada vez mayor a estos grupos, entregando en bandeja los recursos del país. Mientras, en la región, los asentamientos han escalado a 164 (Informe UCALP 2019) que, en muchos casos, necesitan de esos recursos porque carecen de las necesidades básicas de servicios. 

La desvalorización de los salarios de los últimos años, junto a los aumentos de tarifas de los servicios, como también las inversiones públicas con el objetivo de revalorizar el suelo, con el consecuente aumento de alquileres y valores de propiedades, ha sido una orientación de los gobiernos municipales, en pos de beneficiar el acaparamiento del suelo por parte de las grandes empresas inmobiliarias. Es muestra de ello el Decreto 2219, sancionado por Garro post elecciones generales de octubre, donde habilita la construcción de emprendimientos inmobiliarios en áreas de reserva para absorber el riesgo hídrico (Barrios Clementina I y II), o la habilitación para desarrollos inmobiliarios de más de mil nuevas hectáreas del sector productivo de la ciudad que integran el cordón florifrutihortícola.

Estas políticas han llevado a un desfasaje entre el crecimiento de la ciudad hacia la periferia, y el desarrollo de la infraestructura, acompañado de un aumento en los m2 construidos en el casco urbano sin la actualización pertinente de los servicios, colocando a la ciudad en una crisis habitacional profunda tanto por el riesgo hídrico como por cuestiones de sanidad. La situación de morosidad no es más que otro aspecto negativo de esta realidad.

La necesidad de un régimen de vivienda única, un plan de créditos hipotecarios a tasas 0 y con cuotas que no superen el 5% del salario percibido, es imperante frente a esta situación crítica, de la mano de un plan de inversiones en obra pública, controlada por comisiones vecinales, y financiada por impuestos progresivos a la renta inmobiliaria, como también de la apertura de los libros contables de las empresas prestadoras de servicios, sobre la base de un plan estratégico para la ciudad que esté al servicio de las grandes mayorías laboriosas.