Existe un plan de “erradicación de viviendas precarias” para la ciudad de Buenos Aires, sancionado por decreto del Concejo Deliberante número 290 del 26 de diciembre de 1984.

El plan consiste en remodelar los barrios de las viviendas obsoletas y características inadecuadas, como falta de agua corriente individual, cloacas, zona inundable, construcciones endebles.

En su primera fase, considerada “piloto”, el plan tiene como objetivo el barrio de La Boca. Esta barriada, típicamente obrera, fue construida a fines del siglo pasado por los inmigrantes genoveses.

Sus casas son de chapa y madera, la mayoría de ellas conventillos, inquilinatos u ocupaciones precarias.

El modelo propuesto para La Boca contempla, en su desarrollo, el desalojo paulatino de todos los habitantes de edificios ruinosos.

“Se procederá a cancelar la habilitación del edificio como vivienda —dice el decreto— prohibiéndose realquilar las habitaciones que se vayan desocupando, las que quedarán clausuradas”.

A los desalojados se les dará —según el proyecto— una nueva vivienda, en el lote baldío conocido como “Casa Amarilla”, ubicado entre Brown, Blanes, Viilafañe, Irala y la continuación de la calle Pilcomayo. Para obtener esa vivienda nueva, que según el decreto será otorgada exclusivamente en alquiler por la Municipalidad, hay que tener 30 años de residencia en la zona o ser argentino con cinco años de residencia desde 1971.

Objetivo del proyecto

El proyecto señala que su meta es construir nuevas viviendas, clausurando y demoliendo las existentes, pero agrega que es primordial que ello sirva para “crear las condiciones de localización de actividades mercantiles, financieras y administrativas, a pocos metros del centro de Buenos Aires, con excelente accesibilidad y amplias posibilidades de estacionamiento”. El desalojo de los habitantes de conventillos e inquilinatos fuera del centro de La Boca (Casa Amarilla es una ex playa ferroviaria ubicada a varias cuadras de allí) está puesto al servicio de una estrategia de reconversión del barrio, estableciendo un polo comercial y administrativo, “similar—dice el decreto— al existente en Catalinas Norte”. Allí es donde están actualmente el Sheraton Hotel, la Unión Industrial, etc.

La construcción de nuevas viviendas, en este contexto, aparece como una cuestión secundaria en relación al eje del decreto. Además, la entrega de las viviendas tiene un aspecto condicional, ya que se establece una división entre los vecinos desalojados; se divide a los residentes de más de 30 años o los argentinos con cinco años, del resto; en este barrio muchos de los que lo habitan son extranjeros o no tienen la antigüedad exigida. Aun para el caso de la adjudicación, ésta no otorga ninguna garantía a los desalojados y reinstalados, ya que el decreto establece exclusivamente la modalidad de alquiler de los mismos, lo que implica la posibilidad de un nuevo desalojo.

Este proyecto, aunque sancionado hace ya más de dos años, está en plena implementación. Capitales europeos financiarán la construcción del mismo, con la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires como su ejecutor. Del análisis del proyecto surge que estamos ante un plan de valorización inmobiliaria, en una zona donde actualmente la renta del suelo es muy baja, debido a la infraestructura edilicia y zonal.

La perspectiva de la burguesía (el proyecto fue votado por todos los partidos patronales) es crear una nueva delimitación inmobiliaria, valorizar esos terrenos mediante él desalojó y reestructuración del barrio La valorización de la tierra así operada será gigantesca. Los sectores de alto poder adquisitivo, el gran capital financiero dispondrá “a pocos minutos del centro de la ciudad” de oficinas y estacionamiento, dos elementos que se pagan a precio de oro en el mercado inmobiliario.

Para lograr este objetivo se impulsa el desalojo de la mayor parte de la barriada. Es muy factible inclusive que las viviendas nuevas —una vez operados los desalojos— no se realicen. La burguesía —lo demuestra Catalinas Norte que se toma como modelo— no instala barrios obreros a las puertas de sus “zonas exclusivas”.

El proyecto pone al desnudo la forma de planificar que tiene la burguesía. Su único objetivo es lucrar, revalorizar el suelo en terrenos bien ubicados de la ciudad, hoy “desperdiciados” por la existencia allí de un barrio proletario.

Este plan piloto, según dice el decreto, es solo el primer paso para luego continuar con otros barrios (San Telmo, Monserrat), utilizando la misma metodología.

No es casual, entonces, que la UCD haya montado la campaña sobre las supuestas “patotas y droga” en San Telmo, otra zona muy codiciada por los grandes pulpos inmobiliarios. El capitalismo está dispuesto no sólo a erradicar las viviendas precarias e insalubres, sino también a sus pobladores, para poder vender a buen precio los terrenos. Los burgueses compran hoy las casas ocupadas, por monedas. Luego serán indemnizados o las venderán a precios fantásticos, “plan piloto” mediante.

Nuestra perspectiva

El Partido Obrero considera fundamental que exista un plan de infraestructura adecuada para las sufridas barriadas de La Boca, San Telmo, Almagro y otras zonas de la Capital. Pero para que allí vivan los trabajadores que hoy sufren las consecuencias de la falta de una vivienda adecuada. Una infraestructura adecuada no es sólo cloacas o agua corriente sino también escuelas, guarderías y hospitales planificados para la misma zona de las viviendas. El capitalismo concibe la “modernización” como una forma de desalojar a los que le desvalorizan hoy su ganancia; su llamada infraestructura adecuada es construir edificios torre para grandes oficinas y estacionamiento para comodidad de los burgueses.

Ante esta situación, el Partido Obrero llama a los vecinos de La Boca y demás barrios afectados a oponerse activamente a este intento de erradicación de barrios. Debemos poner en pie una poderosa corriente de movilización contra los desalojos en curso, para impedir que se imponga este plan destinado a favorecer la especulación inmobiliaria capitalista, dejando en la calle a miles de familias obreras. Debemos formar comisiones barriales que, con el debido asesoramiento técnico necesario, planteen un proyecto independiente de los intereses de la burguesía, contemplando las verdaderas necesidades de los sectores obreros y populares.

El Partido Obrero señala que solo los trabajadores, bajo un gobierno de clase obrera, serán capaces de apretarle las clavijas al problema de vivienda actual, bajo la planificación adecuada de las necesidades de cada barrio. El capitalismo es en la vivienda, como en todo su comportamiento, fiel a una sola ley, la de la ganancia. La construcción está al servicio de la mayor ganancia y los que pueden pagar, los burgueses, dictan el comportamiento de estos “planes” profundamente reaccionarios.