El fallo contra Domingo Bussi generó una crisis política en Tucumán, que incluye un pedido de juicio político a un vocal de la Corte y de destitución a un intendente, ambos ex colaboradores del represor condenado.

El oficialismo intenta por esta vía resolver pugnas entre camarillas provinciales. El vocal cuyo juicio político se pide, René Goane, es hombre de la Iglesia y adversario del gobernador Alperovich. El interés del PJ por destituirlo no obedece a impulsos “democráticos”, sino a su necesidad de sacar de la Corte a un opositor cuando se avecina el veredicto de ese tribunal sobre los cuestionamientos formulados por el Colegio de Abogados de la provincia a la reforma constitucional de 2006.

La Corte también debe fallar sobre si el actual mandato de Alperovich es el primero o el segundo. Esto es, si queda o no habilitada la re-reelección del gobernador.

Si el oficialismo logra su propósito de destituir a Goane, colocará en su lugar a un juez afín al gobierno, con lo cual se habrá asegurado la mayoría del tribunal y, por tanto, la posibilidad de la re-reelección.

Las tensiones políticas en la provincia se hicieron más profundas días atrás, cuando la Corte falló en contra del gobierno en dos casos vinculados con la Constitución reformada. Uno de esos fallos declaró nula la atribución de la Legislatura para reformar la Constitución por sí misma en el otro, se anuló la disposición que permitía al Ejecutivo constituir un organismo encargado de elegir los jueces superiores del Poder Judicial.

Apenas conocidas esas dos decisiones de la Corte, el gobierno recordó que Goane fue colaborador de Bussi y decidió impulsar su juicio político. En principio, hizo el pedido de enjuiciamiento por intermedio de Gumersindo Parajón, del Partido Pueblo Unido, un “opositor” cooptado por el gobierno. Sin embargo, ahora ha debido hacer un pedido complementario porque Parajón, cuando era legislador en 1991, dio su aprobación al nombramiento de Goane, de modo que su demanda actual ha quedado en el ridículo.

Mientras tanto, el gobierno presentó un proyecto de ley que declara la necesidad de una nueva reforma constitucional, con el argumento de que las modificaciones de 2006 dejaron un vacío legal al impedir el nombramiento de nuevos jueces por el Ejecutivo.

“Multisectorial” derechista y clerical

En medio del berenjenal, la UCR convocó a una “asamblea multisectorial en defensa de las instituciones, la república y la democracia”. A esa propuesta han adherido los bussistas de Fuerza Republicana, la democracia cristiana, el Partido Socialista, ARI, el MP3, Ciudadanos Independientes, Cruzada Peronista y el sector de Amado Juri, que ahora defendería un fallo en contra de una reforma que en su momento votó a dos manos. Claro, aquello ocurrió cuando todos eran concubinos de la camarilla de Alperovich.

A la propuesta radical se sumaron también decanos de facultades, colegios de profesionales, los sojeros autoconvocados y dirigentes del movimiento de “defensa del patrimonio”. También la cúpula de la Unión Docentes Tucumanos (UDT), aunque su secretario general adhiere a la fracción del PS alineada con los Kirchner.

El viernes 12 se publicó en La Gaceta una solicitada de respaldo a los argumentos de la “multisectorial”, firmada por un amplio arco empresarial de la provincia que incluye a la Sociedad Rural, la Unión Industrial, la Fundación del Tucumán y la Federación Económica.

La “multisectorial” decidió organizar marchas todos los viernes, y empezaron el 12 con apenas un millar de personas a pesar de la amplia cobertura que le dieron todos los medios de prensa peleados con el oficialismo.

En definitiva, se ha abierto en Tucumán una crisis política que, a su manera, refleja la crisis general de todo el país, en la cual, por un lado, el oficialismo pierde peso y aliados; y por el otro, un polo derechista que agrupa un verdadero “tutti fruti”- en el caso tucumano a bussistas, duhaldistas, radicales “anti K” y a las viudas del centroizquierda, con sus conciliábulos en las trastiendas de la Iglesia.

En el curso de esos acontecimientos se constituyó un nuevo agrupamiento radical que ha decidido ir atrás de Julio Cobos. Kirchneristas hasta la víspera, ahora dicen que cada propuesta legislativa del oficialismo la discutirán con el gobierno.

La izquierda campestre aún no asomó las narices, pero se verá obligada a tomar partido, porque en la “multisectorial” están sus aliados de la patronal agraria y muchos de sus amigos políticos del PJ y del centroizquierda.

En el último período, Alperovich había tomado una serie de medidas en favor de distintos grupos capitalistas (citrícolas, ingenios, constructoras, Banco Macro y otros) con el propósito de “blindar” a la provincia ante el curso de los acontecimientos nacionales, pero no terminó de cerrar la puerta cuando la crisis brotó en toda su magnitud. Algunos denuncian que el gobierno se propone dar una especie de autogolpe, otros dicen que es necesario pedir al Ejecutivo nacional la intervención de la provincia porque han descubierto que Alperovich violenta el “orden republicano”.

Todo esto recién comienza. El gobierno ve cómo sus aliados ponen distancia y que las cuentas públicas, a pesar del aumento de la recaudación, no alcanza a cubrir el pago de la deuda y los subsidios a los pulpos.

La política dura, incluso represiva, contra jubilados, docentes y estatales está radicalizando las protestas. Así, a pesar de la política dilatoria de la dirección del gremio docente, el plenario de delegados y asambleas zonales votó la convocatoria a una “asamblea abierta educativa” para el sábado 20 y un nuevo paro el 26. Al mismo tiempo, los jubilados autoconvocados mantienen sus movilizaciones mientras los estatales discuten en asambleas qué medidas tomarán para luchar por aumentos salariales.

La tarea de la hora es unificar los reclamos en una lucha conjunta por el salario, las jubilaciones, el trabajo y las libertades. Sobre esa base se habrá de poner en pie una alternativa política independiente que haga frente al bloque oficialista y al bloque derechista y clerical de la “multisectorial”.