Cada día que pasa, se suman nuevas anuncios y evidencias sobre las dimensiones y envergadura del ataque confiscatorio al bolsillo popular. La propaganda oficial, que pretende exhibir los tarifazos como un acto de “justicia re- distributiva”, se desmorona. En el caso de la luz, según el opositor Clarín, se le “quitaría la compensación estatal a unos 3 millones de los 4,4 millones de clientes de Edenor y Edesur” (25/11), pero para las entidades de usuarios, “3,5 millones de personas de clases medias… van a dejar de percibir los subsidios y no saben cómo van a hacer para pagar sus facturas” (ídem). En Aysa, la prestadora de agua en Capital y Gran Buenos Aires, los exceptuados se circunscribirían a las 56.000 cuentas que tienen tarifa social. La tarifa nominal de la luz (la que figura en la factura) sube hasta el 34 por ciento a partir de enero y lo mismo ocurre con el gas. Los hogares de bajos y medianos ingresos pasan a pagar el cargo tarifario fijo, destinado a la importación, del cual estaban exceptuados. Inicialmente, esto redundará en un aumento de los subsidios, exactamente lo opuesto a lo que busca el gobierno -que oscila entre la urgencia de una caja exhausta y el temor a una reacción popular en respuesta al paquete en marcha.

Vaciadores rescatados

Las empresas energéticas se han apresurado a formar una cámara del sector. La iniciativa surgió de YPF y reúne a notorios “capitalistas amigos” del gobierno. A distintos medios, les hicieron llegar el planteo de que aspiran a recaudar una tarifa superior a la actual sin ninguna clase de subsidios. Se trata del ‘esquema de negocios’ que les permitiría obtener financiación internacional y cotizar sus acciones en bolsas extranjeras.

Los patrones de Cederá ya dijeron que quieren un tope salarial del 18%, como anunciaron CFK, por su lado, y Binnner, por el suyo. En Neuquén, por ejemplo, el gobierno impuso la conciliación obligatoria en un conflicto del sindicato petrolero por el aumento de los salarios.

Impuestazo también

El tarifazo se combina con el impuestazo. Macri, en la Ciudad de Buenos Aires, acaba de votar un aumento generalizado del ABL. Scioli, en la provincia, dispuso algo similar con el impuesto inmobiliario. De la Sota, asimismo, decidió arrancar con un aumento del 40 por ciento en el inmobiliario urbano. El “opositor” Hermes Binner, de Santa Fe, anunció aumentos en las tarifas de agua, electricidad y transporte público.

Transferencia de ingresos Si unimos el tarifazo y el impuestazo, en 2012 la mitad de los hogares pagará 5.000 pesos extra. “Equivale a un salario promedio y es el gasto que sumará la clase media y los trabajadores sin contar la inflación. Así las cosas, la mitad de los hogares argentinos deberá desembolsar, en su conjunto, más de 24.000 millones en 2012 por la quita de los subsidios a los servicios públicos y el transporte y otros 6.400 millones en impuestos -lo que elevara la presión tributaria, la cual volverá a romper récords, según economistas y expertos” (Perfil, 26/11).

En lugar de “ajuste”, los K hablan de “redistribución del ingreso”, pero el impuestazo y el tarifazo no van a ser compensados por aumentos salariales inmediatos equivalentes, sino con un tope del 18%.

Quién paga la crisis La salida “nacional y popular” no se diferencia del libreto que vienen aplicando los gobiernos europeos y de Estados Unidos.

Ni tarifazos ni subsidios. Reorganización integral y nacionalización del sistema energético, de gas, luz, petróleo y transporte bajo intervención y control de los trabajadores. No a los impuestos a la vivienda popular. Por la creación de un fondo basado en un impuesto extraordinario al gran capital, al servicio de un plan de reindustrialización.