Vence la concesión de las represas hidroeléctricas del Comahue y los gobiernos nacional y provinciales se aprontan a continuar con las privatizaciones menemistas, repitiendo las experiencias de la Hidrovía Paraná-Paraguay o la renovación de concesiones petroleras y mineras.

La importancia de este grupo de presas es que aportan la mitad de la energía del sistema eléctrico interconectado nacional. Pero además regulan caudales, distribuyen el riego de la producción frutícola del Alto Valle y suministran el agua a la explotación petrolera de Vaca Muerta entre otros usuarios. Es decir, los intereses en juego son grandes y nuestros gobernantes representan a las empresas operadoras y a los grandes usuarios. No se está considerando a los habitantes de la cuenca ni a los pequeños productores. Ya muchos de estos fruticultores fueron desplazados por el desarrollo del fracking y la contaminación, y los habitantes padecen también de sismos y deterioro de su calidad de vida.

Historia y estado actual

Hace 30 años se privatizó la empresa Hidronor que gestionaba las represas de la cuenca de del Río Negro. Un acta de marzo de 1993 firmada por Gustavo Béliz por la Nación, Jorge Sobisch por Neuquén, Horacio Masachesi por Río Negro y Eduardo Duhalde por la provincia de Buenos Aires, da por aprobada la documentación para la privatización en el marco de la Autoridad Interjurisdiccional de las cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro (AIC). Todas estas presas fueron construidas por el estado nacional con trabajadores argentinos entre 1960 y 1983.

La privatización de los años ’90 generó un organismo de regulación de todas las presas, el Orsep, y dio un rol menor a la AIC Autoridad Interjurisdiccional de la Cuenca del Río Negro, y en la práctica hubo poco rigor por parte de los organismos de control tanto sobre la operación como el mantenimiento.

Las represas del Comahue son las primeras de cinco de un total de 22 complejos hidroeléctricos privatizados en el gobierno de Menem que forman parte de una negociación entre los Estados y las operadoras sin tener en cuenta a los usuarios pobladores y pequeños productores.

Actualmente, las hidroeléctricas El Chocón y Arroyito sobre el Río Limay están concesionadas a la multinacional Enel; el complejo Cerros Colorados, sobre el río Neuquén, desde 2016 depende de un fondo de inversión I Squared Capital; la presa Alicurá están ahora en manos de AES, también de capitales estadounidenses; Piedra del Águila es manejada por Sadesa, una sociedad con capitales de la familias Miguens-Bemberg, Nicolás Caputo, Guillermo Reca y Escasany; y Pichi Picún Leufú siguió el derrotero de los activos en energía de Pérez Companc: fue de Petrobras y ahora es de Pampa Energía. En total suman una potencia de 4.200 megavatios.

Ante la inminencia del vencimiento de las concesiones, el gobierno nacional encargó a Enarsa (Energía Argentina sociedad anónima, ente dependiente de la Secretaría de Energía), la coordinación del proceso de renovación de los contratos de manera que las empresas privadas continúen con la operación y mantenimiento. Pero hay otras demandas de parte de las concesionarias, por ejemplo, Martín Genesio presidente de AES dice “nos interesa realizar la operación y mantenimiento si la empresa sigue siendo nuestra” en una entrevista publicada por Clarín y continua “El margen es bajo pero nos conviene tenerla en nuestro portfolio porque queremos fuentes limpias entre nuestros activos”. Cabe aclarar que AES opera once centrales en nuestro país y la posesión de los activos fijos (obra civil, instalaciones y  equipos) aporta a su política de greenwashing, dado que no se generan gases de efecto invernadero.

Cammesa, la administradora mayorista del sistema eléctrico, le compra energía a las generadoras para luego entregar a los distribuidores (Edenor, Edesur o las firmas de cada provincia) quienes la llevan a hogares, comercios e industrias. Esta empresa se compromete a pagar a los 42 días a las generadoras pero en general paga con dos meses de demora con intereses. La generación eléctrica proveniente de la cuenca del Río Negro se remunera a US$ 7,50 por MWh, importe  inferior a lo que se paga por electricidad proveniente de generación térmica (alimentada a gas  y fuel oil). Estas cuestiones también forman parte de la puja por parte de las empresas a la hora de la negociación con los estados. Desde luego las obras fueron realizadas por la Nación pero las provincias se consideran dueñas del agua por el artículo 124 de la Constitución Nacional que dice “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales”. He aquí los tres actores de la negociación en curso (Estado nacional, provincias y operadoras).

Los estados consensuando con las operadoras privadas

Enarsa anunció que se tomará 120 días para estudiar la situación y para ello contrata a una auditoria extranjera a los fines de relevar el personal y la planta de las empresas. Una firma inglesa establecería el estado de las operaciones y el nivel exacto de trabajadores y operarios necesarios para que las represas funcionen con la dotación de personal adecuada. “Hay ocasiones en que el Estado toma una empresa y la llena de empleados innecesarios, lo que ha sucedido en distintas administraciones. Eso no va a pasar acá. Se hará lo que diga la auditoría” (energíaytransporte.com.ar).

Asimismo, durante un encuentro en el Ministerio de Economía en el cual participaron Flavia Royón y los gobernadores de Río Negro y Neuquén, el ministro Massa puntualizó que “hemos tomado la decisión de constituir un equipo de trabajo con las provincias, la Procuración del Tesoro, las Fiscalías de Estado de las provincias, el Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía a los efectos de encarar una nueva etapa que permita garantizar los derechos que tienen que ver con el uso del agua, con la generación de energía, y que tiene como objetivo garantizar precios justos para dicha energía en Neuquén y Río Negro, y para la generación que aporta al Sistema Eléctrico (Interconectado) Nacional” (energiaynegocios.com.ar). En ese sentido, Massa llamó también a “convocar al sector privado” para “garantizar un nuevo proceso de inversiones que nos permita mejorar la infraestructura”.

Nuestra posición

Los únicos que están en condiciones de evaluar el funcionamiento de las empresas y hacer un plan de obras de mantenimiento y operación son los trabajadores de las empresas (ingenieros, técnicos y operarios) dado que son los que se hacen cargo cotidianamente de la operación y pueden prescindir de las consultoras inglesas y de los operadores e inversores privados.

La AIC tiene que tener un organismo de participación de los pobladores y pequeños productores y recuperar su capacidad de distribución y monitoreo de la calidad del agua. Se necesita un diagnóstico del estado de los ríos y tomar medidas contra los grandes usuarios contaminadores, para recuperar los usos de los cursos de agua superficial y subterránea tanto para bebida como para el uso recreativo público.

Para recuperar la soberanía energética, de control de caudales y el suministro de agua a todos los habitantes y productores de la cuenca, se necesita un comité de los trabajadores de las operadoras y de la AIC que incluya a los habitantes de la cuenca, sus asambleas y asociaciones de usuarios y productores. Y que este comité se haga cargo de la operación desplazando a los privados aprovechando el vencimiento de las concesiones.

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